Por Gustavo Rodríguez
23 Abril 2023
TODO UN SÍMBOLO. Un organismo oficial autorizó a la comunidad Indio Colalao a cortar árboles. LA GACETA / FOTOs DE Analía Jaramillo
La Estancia Riarte está en Trancas, al límite con Salta. Es un lugar paradisíaco en el que, curiosamente, para ingresar, hay que recorrer territorio salteño y así poder disfrutar del suelo tucumano. Una serie de denuncias cruzadas por la posesión del inmueble de 20.000 hectáreas generó una situación de alerta en el sector productivo de la provincia.
El campo, en el que se viene produciendo hace ya más de 200 años, era de propiedad de la familia Riarte -de allí su nombre-. En los 50, la estancia fue adquirida por Jorge Prat Gay, padre del economista y dirigente político Alfonso Prat Gay. Fue adquirida por un pool de empresarios tucumanos y salteños antes de 2010. A partir de allí surgieron los problemas.
El jueves, el productor Jorge Posse, uno de los propietarios del campo, denunció haber sufrido todo tipo de ataques. El listado de delitos está integrado por robos, daños, amenazas, usurpaciones y hasta un caso de tentativa de homicidio. “Lo más grave de todo esto es que con esta situación no podemos producir. Estamos afectando a toda la comunidad de la zona, porque no sobran las fuentes de trabajo”, explicó en una entrevista con LA GACETA.
Posse acusó a Omar López, intendente de la localidad salteña de El Jardín, que limita con el campo, de usurpar las tierras para instalar un establecimiento ganadero propio y, en tiempos electorales, regalar parcelas. “Lo más grave es que utiliza los recursos humanos y las maquinarias del Estado para hacer todo esto”, señaló.
El funcionario salteño dio a conocer una versión totalmente diferente. “Esas son tierras que pertenecen al pueblo originario Indio Colalao. Son ellos los usurpadores. Tenemos los papeles para demostrar que no estamos equivocados”, aseguró López, que además es miembro de esa comunidad.
“Es cierto que los móviles de nuestro municipio ingresan a esas tierras, pero lo hacemos porque no podemos olvidarnos de los integrantes de nuestras comunidades. Los tucumanos no hacen nada por ellos”, explicó el intendente.
Temores
El caso de la Estancia Riarte puso en alerta a los asociaciones que nuclean a los productores tucumanos que, desde hace tiempo, están movilizados por este tipo de situaciones. En el discurso de apertura de la Expo Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), el presidente de la entidad, Luis Gonzalo Blasco se refirió al problema. “Hace tiempo sospechamos que el dinero de la política está por detrás de llamativas operaciones inmobiliarias y últimamente se sucedieron usurpaciones en diferentes lugares de la región”, señaló.
Roberto Palomo, vicepresidente de esa entidad, recordó que hace menos de un mes, un grupo de por lo menos 80 productores, lograron desalojar a una familia que había usurpado una finca en el norte de la provincia. “En este caso tenemos en claro que hay gente con mucho más poder detrás de esta situación. Hacen tareas de inteligencia y tienen el aporte económico para hacerlo”, explicó. “Estamos ante un Estado que no está haciendo respetar la propiedad privada. Esa es la base de nuestra Constitución y de la Nación”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, pese a no conocer en profundidad los detalles de este caso en particular, no ocultó su preocupación por las situaciones de estas características que se registran en las zonas rurales. “Hay productores y agricultores con serios problemas, no en un lugar determinado de la provincia, sino en diferentes sitios, como ocurre con la Estancia Riarte. Por ese motivo se realizaron varias jornadas de capacitación y reflexión de esta problemática”, explicó. Murga dijo que en la provincia no se vivieron casos graves como los que se registran en la Patagonia, pero sí hubo hechos violentos que generan preocupación. “Hemos recibido informes de nuestros asociados; me refiero a todo tipo de productores, que denuncian y denuncian, pero no encuentran respuestas. Pareciera que la Justicia no se anima a intervenir en estos casos”, finalizó el ruralista.
En Tribunales
El caso de la Estancia Riarte se está ventilando en el fuero penal. El titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del régimen conclusional, Mariano Fernández, confirmó que decidieron unificar unas 30 causas de denuncias realizadas por los propietarios del campo. “Uno de los motivos por los que dimos este paso es para evitar que se prescribieran algunas de ellas. Todas están siendo atendidas y tramitadas”, explicó el investigador.
Una de ellas, por robo y tentativa de homicidio en contra de uno de los dueños del campo, posiblemente vaya a juicio en diciembre, 11 años después de que se registrara el hecho. Uno de los imputados es el intendente López. “Estamos esperando la realización de este debate para que quede en claro que es una mentira más de las tantas que se denunciaron”, indicó Carlos Garmendia, defensor de los integrantes del pueblo originario.
(Con colaboración de Micaela Pinna Otero)
PRECARIEDAD. Una vivienda donde habitan los pobladores de la zona.
Postura I
“Sus papeles son truchos”
“En nuestras tierras no hay más de 20 personas viviendo. Ahora fueron más del doble porque sabían que irían ustedes”, dijo Jorge Posse en una entrevista con LA GACETA. “Los papeles que les dieron son tan truchos que tardaron 12 años en conseguirlos”, añadió.
El productor señaló que ellos compraron la tierra en 2003 y que la terminaron de escriturar en 2010 porque el trámite es muy lento. Posse relató que el poblador más antiguo era un ex casero de los Prat Gay. “El hombre se quedó ciego y nosotros le pagamos a la encargada para que lo cuidara y alimentara. Ellos fueron a buscarlo para que mintiera, pero el hombre se negó. Lo tuvieron que llevar del lugar porque amenazaron con matarlo”, contó.
El vocero de los propietarios negó que el desalojo haya sido realizado por una orden del ex gobernador Jorge Alperovich. “Hubo una orden, pero fue dada por el juez Francisco Pisa, fue un mandamiento judicial. Nunca contaron la vez que vino la Policía a hacer un relevamiento y ellos los corrieron a pedradas”, destacó.
Posse explicó que esta situación les está generando problemas. “El año pasado y este quedaron sin producir 25 hectáreas. Nuestra gente no pudo trabajar porque estas personas los amenazaban con armas de fuego”, contó. “Preferimos que en vez de que haya un enfrentamiento a tiros, nadie tocara esa extensión para que la Justicia haga lo suyo”, comentó.
“Aquí hay en claro una sola cosa: nos quieren ganar por desgaste. Quieren que nosotros abandonemos la propiedad. Estas son bandas organizadas de políticos que se ponen el cartel y un par de vinchas para declararse parte de un pueblo originario, cuando no lo son”, finalizó.
Postura II
“Ellos nos atormentan”
“Esto no se trata sólo de una finca, sino de una comunidad originaria que existe hace años por descendencia”, aseguró el cacique de los Indio Colalao, José Benito Toledo, en una nota con LA GACETA. “Ellos quieren escrachar al intendente (Omar) López porque nos ayuda. Él fue criado por sus abuelos y bisabuelos en la Estancia Riarte y por eso forma parte de nuestra comunidad”, añadió.
Toledo agregó: “López nos ayuda constantemente con remedios y comida. También nos facilita los tractores de El Jardín para que los utilicemos”.
Por su parte, López expresó: “con los Prat Gay nunca hubo problemas. Después de vender las tierras, ellos empezaron a voltear casas que no estaban habitadas. Después empezaron los enfrentamientos y las denuncias. Su gente mataba a los animales y cerraron la escuela que había en la zona”, explicó.
El funcionario aclaró que los propietarios se aliaron con los dirigentes opositores de El Jardín para inventar estas denuncias y perjudicarlo políticamente, ya que es candidato a senador provincial.
“Ellos son los que nos atormentan atacándonos. Somos una comunidad bien constituida. Somos los dueños de todo esto. Si el intendente López quisiera regalar las tierras, no lo dejaríamos, seríamos los primeros en denunciarlo porque no puede regalar lo que es nuestro”, aseguró Mariano Mamaní, representante de la Estancia Riarte en la comunidad Indio Colalao.
“Lo que ellos tampoco dicen es lo que sufrimos cuando nos matan los animales. Se las agarran con los caballos que utilizamos para cruzar el río y poder llegar a El Jardín. Hacen lo mismo con los animales que criamos para alimentarnos o vender para poder subsistir”, aseguró.
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