17 Abril 2023
El interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, presentó un escrito ante la Fiscalía de Decisión Temprana de la Justicia provincial para solicitar que se le conceda el rol de querellante en la causa por presuntas irregularidades en juicios contra la entidad crediticia.
El planteo está dirigido a los profesionales de un estudio jurídico registrado por ante el Colegio de Abogados, Julio José Campero, Héctor Luis Sandoval y Mariana Pérez Lucena.
“Los delitos que se persiguen con esta acción son el delito de defraudación agravada, en concurso real, con el delito de falsificación de instrumento público y privado y/o el tipo penal que resulte de la investigación penal a practicarse en autos”, consigna el escrito.
Según Díaz, en la institución con sede en San Martín 469 se detectó “la realización de maniobras ilícitas” perpetradas “con la finalidad de percibir el pago de siniestros de ley de riesgos del trabajo a los que tenían no tenían derecho”. “Sumado a ello, pretenden percibir diferencias que no han sido dispuestas por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán”, advirtió el interventor de la Caja.
En ese marco, detalló que se recibieron en la ART “reclamos por siniestros”, y “todos provendrían de un mismo estudio jurídico” con una serie de “irregularidades”, que incluyen “hisopados falsos” y casos en los que “los empleadores (...) declaran que el trabajador no había estado (en funciones) en la fecha del contagio”. Remarcó luego que “todos los siniestros, objeto de la presente denuncia, corresponderían a un solo estudio jurídico: Sandoval & Campero”.
Díaz describió luego la “continuación de la comisión del delito”, dado que “todos los procesos son iniciados por ante el Juzgado del Trabajo de la XI Nominación, por medio de la vía procesal del amparo”.
Aseveró que, de esta manera, se interpusieron medidas cautelares por 12 siniestros, y en ese despacho de los tribunales se libraron órdenes de embargo sobre la CPA. Dichas disposiciones, agregó el interventor, no contaron fueron aplicadas “sin que la contestación de la demanda fuera provista”.
“Esto nos lleva a presuponer que existe una relación -o quizás connivencia- (...) entre los denunciados y el juzgado que forma parte de la maniobra al ordenar embargos preventivos que no son procedentes”, remarcó Díaz. Además, ofreció prueba instrumental y solicitó su incorporación al expediente S0 884797/2022.
"Una pyme de algunos picaritos y de parte de la Justicia"
La semana pasada, el legislador provincial Eduardo Bourlé, dirigente de la Asociación Bancaria de Tucumán, se había expresado en duros términos respecto a este caso, al que se había referido como "una pyme de algunos picaritos y de parte de la Justicia".
Según Bourlé, el estudio jurídico en cuestión "promovió decenas de demandas contra la Caja Popular de Ahorros para cobrar indemnizaciones indebidas de la ART ". “Para esto, adulteraron los hechos y hasta falsificaron test de PCR. Desde 2020 hasta la fecha, armaron 160 denuncias irregulares. Llamativamente, casi siempre sale 'sorteado' para entender en estas causas armadas el Juzgado de Trabajo XI, a cargo de Sandra Alicia González", había dicho Bourlé.
El referente sindical aseguró que "esta jueza, con una velocidad inédita, trabó 12 embargos exprés en contra de la Caja Popular de Ahorros, y en muchos casos sin siquiera estar notificada de la demanda la Institución".
Y denunció luego que la magistrada "beneficia a un estudio denunciado por defraudación agravada y falsificación, solo para perjudicar a la aseguradora de los trabajadores del Estado y a los trabajadores con casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales".
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