Por Federico Türpe
15 Abril 2023
La mesa está servida para el fraude electoral en Tucumán. Un experimentado editor de LA GACETA advertía que la palabra fraude implica una acusación muy grave y que había que tener sumo cuidado al utilizarla, ya que el periodista -y por responsabilidad editorial, el diario- podrían acabar compareciendo en Tribunales.
Pero existen distintos tipos de fraudes -Wikipedia contabiliza al menos 28- y no todos están necesariamente referidos a un delito penal.
En términos generales, fraude es una acción contraria a la verdad o a la rectitud o la ley.
Argentina cuenta con una larga trayectoria en fraudes políticos y existen dos hechos que figuran entre los 16 casos de fraude electoral más conocidos y estudiados a nivel mundial.
Uno es el “fraude patriótico”, ocurrido en las elecciones presidenciales de 1937, en la que por medio de una estafa masiva se impuso el radical Roberto M. Ortiz por sobre otro radical, el ex presidente Marcelo T. de Alvear. Esos comicios estuvieron dentro de lo que se llamó “la década infame”, que comenzó el 6 de septiembre de 1930, con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, y finalizó el 4 de junio de 1943, con el golpe militar que depuso al conservador Ramón Castillo, quien había asumido la presidencia tras la muerte de Ortiz, en 1942.
El segundo caso muy conocido es el de las elecciones de convencionales constituyentes de 1957. La dictadura militar que conducía Pedro Eugenio Aramburu derogó en 1956 las reformas constitucionales de 1949 y llamó a elecciones de convencionales, sin la obligatoria aprobación de las dos terceras partes del Congreso, prohibió la participación del peronismo en estos comicios y se excluyó del padrón a unos 700.000 votantes. Además, la noche de las elecciones el nivel de abstención llegaba al 70% en algunas provincias pero, súbitamente, al día siguiente ese porcentaje se invirtió y el Ministerio del Interior informó que la participación había sido superior al 70%.
Trampas comprobadas
Dentro de lo que se consideran fraudes electorales hay una veintena de técnicas tipificadas por la política, la mayoría de las cuales detectadas, confirmadas o denunciadas en Tucumán, desde 1983 a esta parte.
Algunas de ellas son: suplantación del elector, donde una persona vota en lugar de otra, por ejemplo de personas fallecidas; quema de urnas (ocurrió en 2015); coacción o presión al elector, y una forma es el acarreo o traslado de votantes; compra de votos, mediante bolsas de alimentos, tickets de supermercados o dinero; sustracción, reemplazo o adulteración de planillas o urnas; “embarazo de urnas”; caída de los sistemas de cómputo; utilización de recursos ilícitos para aumentar el gasto de campaña y obtener ventaja ilegal en la publicidad; complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las evidencias del fraude; intervención del Gobierno para favorecer al candidato oficial, mediante propaganda maliciosa o ejecución de obras públicas; manipulación mediática para ocultar las trampas o para perjudicar al adversario (información oficial sesgada); votos cadena (se ofrece una recompensa si el votante trae el sobre sellado vacío a cambio de llevarse un sobre lleno; y marcas en el troquel para evitar que el elector “trabaje” para más de un candidato.
Algunas de estas técnicas tipificadas de fraude no sólo están naturalizadas y muy extendidas en Tucumán, sino que se ejecutan a la vista de todos y a plena luz del día, como lo ha documentado LA GACETA decenas de veces en distintas elecciones.
La coacción, mediante el traslado de miles de votantes, se realiza incluso con vehículos identificados con los candidatos. La compra de voluntades es tan alevosa que el día de los comicios o en las jornadas previas se observan depósitos con mercaderías, camiones y camionetas repletos de bolsones yendo de un lado a otro, y miles de personas volviendo a su casa con bolsas con alimentos no perecederos.
En los días previos a las elecciones de 2019 las cámaras del diario registraron extensas colas de gente en la comuna de La Florida, donde se entregaban $5.000 por persona de “ayuda social”. Fueron cuadras de colas entre el miércoles y el sábado previo al comicio del domingo. Cuando no existen las penas y es el Estado el que promueve y ampara estos delitos el crimen se comete a la vista de todos y frente a las cámaras.
El periodista Luis María Ruiz informó el 9 de abril en LA GACETA que la práctica espuria del bolsón, prohibida expresamente por ley, está llegando a su fin, básicamente por una cuestión de complejidad logística. En su lugar se repartirán tickets de supermercados y dinero en efectivo, con sumas que van desde $2.000 a $5.000 por voto, pudiendo llegar a $ 10.000 o más, si se combina con tareas de fiscalización.
Un operador del peronismo estima que los acoples principales, los más grandes, los que reciben apoyo estatal, gastarán en estas elecciones unos 200 millones de pesos cada uno.
Estos fraudes son públicos y notorios para todo el mundo, menos para la Justicia.
El artículo 139 del Código Electoral Nacional establece que quien induzca a otro ciudadano a sufragar de determinada manera -o a no votar-, mediante la entrega de dádivas de cualquier tipo, será penado con uno a tres años de prisión.
Un negocio familiar
El nepotismo es otra forma de estafa a la ley, y también una variante más de fraude electoral. En Tucumán un ciudadano puede ser reelecto una sola vez, pero esta norma se burla sistemáticamente enrocando un cargo con familiares, parejas, hijos o padres.
Un caso emblema en la provincia es el de los hermanos José y Enrique Orellana, que monopolizan la intendencia de Famaillá desde 1991. Es decir, hace 32 años el poder en esa ciudad está en manos de la misma familia.
El 14 de mayo, en 15 de los 19 municipios tucumanos se buscará conservar la intendencia a través del apellido. No existe la necesaria alternancia del poder que pregona el sistema republicano para que sea saludable, y en vez de ello lo han convertido de facto en una sucesión monárquica, hereditaria, lo opuesto a la democracia, sirviéndose además para ese fin del presupuesto y del aparato estatal.
Si bien no encuadra dentro del nepotismo, la alternancia en el poder también se burla en el Poder Ejecutivo provincial desde hace 20 años, y con pretensión de que sean 24, casi un cuarto de siglo, a partir de una continuidad pactada entre Alperovich-Manzur, Manzur-Jaldo y ahora Jaldo-Manzur.
Un revuelo político se produjo el 5 de abril, cuando el Tribunal Electoral de Jujuy hizo lugar a la impugnación contra el senador Guillermo Snopek y bajó su candidatura a gobernador, ante el planteo presentado por el PJ que advertía sobre su relación de parentesco con el gobernador jujeño, Gerardo Morales, de quien es cuñado. El senador Snopek es hermano de Tulia Snopek, esposa del titular de la UCR a nivel nacional y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio.
El artículo 127 de la Constitución de esa provincia pone un límite al avance de los grupos familiares en los espacios de representación. “No podrán ser candidatos a Gobernador o Vicegobernador, los respectivos cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, del Gobernador o Vicegobernador en ejercicio”, expresa la “Cláusula Antinepotismo” de la Carta Magna.
Si existiera en Tucumán una limitación de antinepotismo para gobernadores, intendentes, legisladores, concejales y delegados comunales las boletas quedarían en blanco.
Explota la vocación cívica
El sistema electoral de acoples que rige en Tucumán, luego de la reforma constitucional alperovichista de 2006, debutó en la provincia en las elecciones del 26 de agosto de 2007. El 14 de mayo será el quinto comicio en el que se utilizará este método, enquistado de clientelismo y proselitismo financiado con la maquinaria estatal, es decir, fraudulento.
Un ejército de Pymes familiares encolumnadas detrás de un mismo candidato en busca de una salida laboral, de espacios de poder o de incrementar los ingresos hogareños, a costa de los impuestos que ahogan a los tucumanos.
Ejército de Pymes que no para de crecer y de esquilmar a las empobrecidas arcas provinciales.
En su columna del 11 de abril, el periodista Fernando Stanich publicó que el 14 de mayo el Frente de Todos romperá un nuevo récord de acoples, al haber inscripto 61 partidos que sumarán votos para la fórmula Jaldo-Manzur.
De los 103 partidos que competirán dentro de un mes, el oficialismo provincial concentra el 60% de la oferta.
Detalló Stanich que en 2011 el peronismo anotó 47 acoples para traccionar al binomio Alperovich-Manzur. En 2015 fueron 50 las Pymes que trabajaron para Manzur-Jaldo; y en 2019 llegaron a 55 las empresas familiares.
Ese año figuraron en las boletas electorales 18.296 candidatos, entre titulares y suplentes, algo así como un postulante cada 55 votantes efectivos, o uno cada 67 habilitados en el padrón.
Lo sabremos el 19 de abril, cuando la Junta Electoral informe el total de candidatos inscriptos, pero por el incremento de acoples se estima que podrían ser más de 20.000, la misma población que tienen los departamentos completos de Trancas, Tafí del Valle o La Cocha, o casi el doble de personas que habitan Graneros.
Más de 20.000 candidatos que pugnarán por “apenas” 347 cargos, incluyendo gobernador y vice, 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados rurales.
Lo prometido es deuda, dice el refrán, y por eso el 15 de mayo habrá más de 19.000 “desocupados” que no accederán a ningún cargo electivo, pero ya la política se ocupará de recompensar esos favores recibidos, seguramente engrosando más aún la planilla estatal, provincial, municipal, comunal y legislativa.
En el libro “El horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica”, de los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereyra, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti define a este sistema: “La democracia a veces confunde, porque no nos asegura un buen gobierno. Lo que la democracia nos asegura es la capacidad de sacar a un mal gobierno”. Excepto cuando se comete fraude, como en Tucumán.
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