Inflación del 7,7%: cuánto cuesta hoy lo que en 2017 valía $ 1.000

El dato de marzo puede marcar un punto de inflexión. De no haber respuestas inmediatas, la inflación seguirá espiralizándose con todo el riesgo que eso implica para el escenario sociopolítico. Con una tasa promedio del 6% en el segundo semestre del año pasado, los niveles de pobreza terminaron afectando a un 43,5% de la población urbana tucumana y a cuatro de cada 10 argentinos que residen en los principales aglomerados urbanos. La primera consecuencia de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) tan elevado será el incremento de los niveles de pobreza en la primera mitad de este año electoral. Por eso, a nadie debe sorprender si, un mes antes de las presidenciales, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informa en septiembre que la mitad de los habitantes del Gran Tucumán-Tafí Viejo se hunden en la pirámide socioeconómica, como una réplica del temblor de los precios que se desató en toda la Argentina.

No hay Precios Justos ni Precios Cuidados que haya podido combatir, con efectividad, el incremento sostenido de aquellos precios. En su libro “La Economía Argentina y sus debates”, el economista e historiador Mario Rapoport señala que, al tratarse de un fenómeno multicausal, reconocer un remedio sin un análisis detallado de la cuestión es un acto de curanderismo o se responde a intereses concretos.

Al menos, en los últimos 80 años, los argentinos nos acostumbramos a este tipo de tensiones, con una cultura inflacionaria tan arraigada que nos convierte en avezados pilotos de tormentas económicas. Desde el punto de vista de la política económica, Rapoport señala que la inflación se convirtió en la Argentina en el caballito de batalla de muchos presidentes y ministros de Economía para justificar medidas de estabilización, ajuste o austeridad (en el menor de los casos), como se los denominó en los distintos momentos de la historia reciente. La inflación ha sido, es y será maleducada en la medida que no se genere un plan antiinflacionario que, naturalmente, implicará sacrificios para salir de esta pesadilla. La estacionalidad ya no es un factor decisivo a la hora de explicar porqué suben los precios. Marzo, por ejemplo, ha dejado que el rubro Educación ha crecido un 29%, cuatro veces más que la tasa general, por efecto de la actualización de las cuotas en los colegios privados. Los mayores costos laborales o de mantenimiento no van de la mano con lo que un padre puede llegar a percibir, mensualmente, como salario. No crece en la misma dimensión, como tampoco se actualiza con tanta periodicidad. Ojo. Las empresas privadas necesitan cubrirse de un escenario plagado de desequilibrios macroeconómicos para funcionar, pero el hilo suele cortarse por lo más delgado, porque el consumidor no tiene posibilidad alguna de trasladar el mayor costo a otro eslabón de la cadena comercial. El Gobierno intentó poner un freno a este fenómeno, pero está claro que su accionar no ha sido efectivo. La inflación interanual se ha disparado un 104%. No hay salario ni remuneración que se acerque a este incremento.

Para hacer la misma compra de alimentos y bebidas que en diciembre de 2017 que nos costó $ 1.000, hoy nos sale $ 12.650, dice el “Changómetro”, un diagnóstico que suele hacer la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Doce veces más.

Otro ejemplo: las mismas prendas y calzados que comprábamos con $1.000 en diciembre de 2017, hoy nos salen $ 13.676, es decir, 13 veces más.

La Argentina acumula 35 años de inflación superior al 30%. En 18 de ellos ha transitado por la hiperinflación, un escenario que algunos analistas consideran que, por el comportamiento presente de los precios, es un camino que no podrá evitarse en la medida que no haya acuerdos reales de la política para bajar la fiebre al enfermo. Ese camino es difícil, porque, por su comportamiento, el país ha perdido credibilidad. Así, ha cerrado las puertas a dos de tres herramientas para financiarse: el del mercado voluntario de crédito y el de títulos públicos, que carecen de valor real. Entonces apeló a la emisión monetaria, la vía más rápida para generar inflación. Sólo resta recordar lo que ha pasado en los años de estabilidad (1994-2001) en los que la Argentina no logró o no supo generar el ingreso de divisas a través de las exportaciones. Tampoco consolidó la productividad necesaria para generar empleos genuinos que impliquen sostener a la tradicional clase media. Hoy el asistencialismo estatal alcanza para disimular la indigencia y, en parte, evitar que la pobreza sea mayor a la que aparece en los informes del Indec. La Argentina sigue hipotecando su futuro, en el que el 54% de los niños y adolescentes están condenados a la pobreza. De allí la advertencia de la Iglesia para que el Estado (y también los particulares) generen las condiciones para el acceso equitativo de niños y jóvenes a la educación. Además de combatir la deserción escolar, esa política permitirá la dignificación de los habitantes y será un punto de vista de una solución de mediano plazo a un problema socioeconómico que se ha convertido en estructural.