Los detenidos por causas federales están a cargo de la provincia. En otras palabras, se hace cargo de la alimentación y de la atención médica. Debería recibir el reembolso por los gastos. Se usa el debería porque se estima que desde agosto de 2019 la Nación no cumple con los pagos.
La cifra es millonaria. Actualmente, según las estimaciones oficiales, un preso le cuesta $1.100 por día a la provincia. En ese monto está incluido las cuatro comidas que reciben por jornada.
Si se tiene en cuenta esos valores, por día, la provincia desembolsa $160.000 en los detenidos que deberían estar a cargo de la Nación en una prisión federal y no provincial.
Cuando Osvaldo Jaldo estaba al frente del Poder Ejecutivo, ordenó que se realizara una auditoría para estimar el monto total de la deuda. Lo primero que encontró el cuerpo de auditores es que la deuda se originó en agosto de 2019. “Este un tema de nunca acabar y que se mantiene desde hace años”, explicó un ex funcionario del área.
Según los datos que se manejan, la Nación le debería a la provincia más de $260 millones. “Estamos trabajando para determinar cuál es el monto total. Una vez que tengamos esos números, haremos el debido reclamo”, explicó el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa.
El funcionario destacó además que el reembolso no es únicamente en efectivo. “Con esos fondos, por ejemplo, la provincia recibió una importante cantidad de pulseras para utilizar. Estimamos que con esta misma metodología recibiremos más en los próximos meses. Es una salida alternativa que conviene a las dos partes”, añadió en la entrevista con LA GACETA.
Ese no es el único problema que generan los presos federales en las unidades penitenciarias de la provincia. Tiempo atrás, a través de un hábeas corpus, un juez federal ordenó al servicio penitenciario que las raciones para estos detenidos sean entregadas en bandejas envueltas con papel film por cuestiones de salubridad.
Según confirmaron autoridades, abogados y detenidos, al resto de la población carcelaria se les entrega la comida en una olla con un cucharón para que se las repartan los internos de cada uno de los pabellón. “Se está haciendo una diferencia importante que genera un profundo malestar entre los internos”, dijo un guardiacárcel.
El titular del Servicio Penitenciario Miguel Gómez no sólo confirmó esa versión, sino que agregó que la situación también genera un gasto extra. “Se trata de una medida judicial y, a pesar de que nos opusimos a ponerla en práctica, la debamos aplicar”, finalizó.