Crimen del puestero: un joven baleado pasó de ser víctima a ser imputado

El changarín César Nicolás Monteros (24 años) había resultado herido en su pierna izquierda durante el asalto en el que una banda asesinó al puestero del Mercofrut, Luis Granito (64). El hecho ocurrió el 30 de marzo. La viuda del comerciante fue quien trasladó a los dos heridos hasta el hospital Padilla. Allí Monteros fue dado de alta y se confirmó el deceso de Granito, que había recibido un proyectil en la espalda.    

A días del hecho, la Policía arrestó a Facundo José Alejandro “Seso y Pollo” Lazarte (20 años), a Eduardo Antonio Coria (19 años) y a un menor apodado “Lolo”. Los dos primeros fueron imputados y quedaron detenidos. Uno de los acusados mencionó que Monteros también habría sido parte del hecho y, tras el avance de la investigación, se encontraron indicios para sospechar que esa versión podría ser cierta.

Ayer, la auxiliar fiscal Luz Becerra, de la fiscalía de Homicidios II que encabeza Carlos Sale, solicitó la imputación del sospechoso por el delito de homicidio crimis causae.
Enumeró las pruebas que se habían conseguido hasta el momento para sostener esa posibilidad y destacó que el análisis del teléfono del changarín podría tener más respuestas sobre el caso.
Becerra además pidió la prisión preventiva por seis meses para Monteros, aclarando que los médicos acreditaban que a pesar de su lesión en la pierna, el joven podía cumplir arresto en el penal de Villa Urquiza (que tiene un hospital al frente). También remarcó que con un arresto domiciliario el acusado podría entorpecer la investigación.  

El defensor oficial Diego Molina Franco, quien debió representar al imputado en esta audiencia (una abogada particular asumiría el caso el lunes) se opuso a la cautelar subrayando la posibilidad de que Monteros pueda ser otra víctima del hecho y considerando que no habría pruebas suficientes para entender que fue partícipe del crimen. La postura del profesional no prosperó, pero sí consiguió que al menos se ordene prohibir la publicación del rostro del acusado. El juez Sebastián Mardiza, al resolver, le dio la razón sobre ese aspecto al entender que restan hacerse medidas que podrían obstaculizarse si se diera a conocer una imagen de Montero (NR: por ejemplo, una rueda de reconocimiento). El magistrado además le concedió al ministerio Público la cautelar solicitada, pero por dos meses. “Entiendo que ese plazo puede ser razonable para que se inspeccione el celular de Monteros y para resolver su situación procesal”, argumentó.

Como último acto en la defensa, Molina Franco impugnó el fallo. En una próxima audiencia la nueva defensa podría argumentar razones para pedir la libertad, o bien un arresto domiciliario.