La pobreza del discurso

¿Qué es una crisis?, se pregunta el politólogo Mario Riorda en el libro “Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara”, escrito con la médica especialista en Psiquiatría y Psicología, Silvia Bentolila. El consultor llega a la conclusión de que una crisis no es más que una alta dosis de incertidumbre que suele imponerse cuando se enfrenta una amenaza de pérdida de poder o de inestabilidad de los valores sustantivos con respecto a algo o alguien. La Argentina está lejos de tener un programa económico, con alto impacto social, de tal manera que la clase media recupere lo tradicional que fue en algún momento y la pobreza sea un poco más digna, y en el que sí se aplique aquel concepto de movilidad social ascendente. Sin embargo, la política no ha logrado encontrarle el agujero al mate o, más bien, evitó todo compromiso de hacer bien los deberes fiscales, de tal manera de bajar el gasto público, sin perder de vista la verdadera asistencia social, aquella que acompaña a cualquier persona que, a la vez, incorpore la cultura de trabajo perdida con el paso de los años. A esa manera de hacer política siempre le resultó más sencillo contribuir al fortalecimiento de planes asistenciales que embestir contra los gastos superfluos.

Recuperar la cultura del trabajo no será una tarea sencilla. En los últimos 20 años, gran parte de los argentinos se acostumbró a acumular beneficios que han golpeado la oferta de mano de obra. Quien percibe un programa estatal difícilmente lo abandone por la sencilla razón de que, si lo blanquean, seguramente perderá aquel ingreso. El problema de fondo es que, en el caso tucumano, un 43,5% de la población urbana del principal aglomerado urbano (casi 400.000 personas) no tiene expectativas de que su situación cambie durante este año electoral. Aún más, con la inflación volando es probable que más familias de clase media pasen a formar parte del penúltimo peldaño de la pirámide socioeconómica, la pobreza. La indigencia es cada vez más visible en la calle. El Gobierno procura disimular ese flagelo con Precios Justos, Precios Cuidados, acuerdos de precios y otras denominaciones que sólo sirven para denominar algún plan transitorio antiinflacionario, pero que no se evidencia en las pizarras de los comercios minoristas. La carne sigue en ascenso. El pollo ha experimentado tres subas en menos de una semana y es posible que el pescado también circule la misma senda, cuesta arriba para el poder adquisitivo de cualquier ciudadano. No hay anticuerpos para semejante enfermedad. Como señalan los analistas, con un analgésico no se combate una pandemia inflacionaria.

Aunque las estadísticas de empleo indican que la desaceleración económica de fines del año pasado no impactó en el mercado laboral del cuarto trimestre, 2022 fue el primer año en este siglo donde se registró simultáneamente un crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita y una suba en la proporción de la población en situación de indigencia y pobreza. Esa fotografía, expuesta por el investigador y economista Leopoldo Tornarolli, parece amarillenta, pero no ha pasado tanto tiempo. El deterioro económico se acelera semana tras semana, mes a mes. La elevada inflación ha expuesto a la Canasta Básica Alimentaria y a la Canasta Básica Total a niveles por encima del índice general. En un contexto como ese, las mayores tasas de empleo y participación laboral de 2022 parecen explicarse por la necesidad de los hogares de enviar nuevos miembros al mercado laboral para conseguir compensar, aunque sea en parte, la caída del poder adquisitivo de los ingresos de aquellos miembros que ya encontraban empleados. Este mecanismo, de “trabajadores adicionales”, puede haber contenido la suba en las tasas de indigencia y pobreza, pero fue claramente insuficiente antes los elevados niveles de inflación, puntualiza el experto del Cedlas.

El primer trimestre de este año no ha traído noticias económicas positivas, todo indica que la economía va a estar estancada o incluso caer durante este año, y la inflación no parece haberse estabilizado o comenzado una baja. Transcurrido tres meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya acumula un 21% y se encamina hacia una tasa de tras dígitos anuales. Por esa razón, este 2023 seguramente será un año más perdido en la lucha contra la pobreza, y en el contexto actual la dinámica del mercado laboral es más probable que actúe como un refuerzo que como un factor compensador del efecto negativo de la inflación en las condiciones de vida de la población más vulnerable.

El mismo diagnóstico comparte el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) que sostiene que los desafíos para el próximo gobierno serán tan grandes como los sacrificios que puede llegar a golpear a la población para encarrilar el rumbo de una economía sin brújula.

Según la entidad, el gasto asistencial ya se acerca a una suma equivalente a los salarios de los empleados públicos y un tercio de las jubilaciones contributivas. El aumento del gasto asistencial no sirvió para bajar la pobreza, pero sí para convertirlo en un componente muy importante del gasto público total con poderosos intereses que resisten su revisión. Los fracasos que viene acumulando la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, al intentar depurar los padrones es una prueba contundente, remarca Idesa.

Se trata de otro indicio de que las políticas de ajuste fiscal tradicional no sirven para resolver los crónicos déficits financieros y de gestión que padece el Estado argentino. Por esto, es necesario un planteo más disruptivo que apunte a un ordenamiento integral del sector público. “En esta lógica, sostiene el instituto, las provincias tienen que asumir sus responsabilidades en las funciones sociales (vivienda, urbanismo, salud, educación y asistencia social) y hacerse cargo de financiarlas con los impuestos que se recaudan en sus territorios”. La principal fuente de financiamiento de las provincias debería ser el IVA que genere su territorio y la coparticipación debería ser eliminada. Con esta organización se generarán los incentivos para que cada provincia sea artífice de la reducción de la pobreza en su territorio.

La política se resiste a hacer los deberes y sentarse a analizar medidas que no impliquen que la cuenta siempre tenga que pagarla la sociedad toda. Aquel sacrificio también debería llegar de la mano de la dirigencia que, cada turno electoral, promete esperanza de un país mejor pero, al promediar la gestión, termina diluyéndose aquella meta.

En la Argentina hace falta un discurso, pero con contenido de medidas que recreen la credibilidad de un país acostumbrado al incumplimiento. La dirigencia sigue en deuda con el ciudadano. No se observa una comunicación directa con el votante, sino que predominan jingles pegadizos, con el hit del momento, o gigantografías que solamente incrementan el ego del candidato.

Mientras haya pobreza de discurso, la Argentina seguirá acumulando pobreza entre sus habitantes. La palabra del dirigente se devalúa al mismo ritmo que la moneda nacional.