Por Gustavo Rodríguez
01 Abril 2023
“Lo más importante es que se le pudo dar una respuesta a la familia. Se trata de un caso difícil y que, conozcamos, no tiene antecedentes en la historia judicial de la provincia haber utilizado una autopsia psicológica para esclarecerlo”, aseguró el fiscal Ignacio López Bustos luego de que una magistrada confirmara la imputación y la detención en contra de un guardicárcel que fue acusado de instigar al suicidio a su pareja.
Según la teoría del titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, Gerardo Bazán mantuvo durante más de tres años una relación de pareja con Ana Carolina Picone. “Este vínculo estuvo signado por la desigualdad de poder, donde ejercía violencia física y psíquica entra de ella, afectando gravemente su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, económica”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal. “Puso en peligro su seguridad tanto en ámbitos familiares, sociales como laborales, reiterando constantemente estas humillaciones y limitando seriamente su ámbito de autodeterminación”, añadió.
López Bustos sostuvo que con este accionar sistemático, instigó y persuadió a la víctima para que el 17 de junio pasado, a las 21, cuando estaban en el domicilio del barrio Acceso Este (El Colmenar), se disparara en la cabeza con intenciones de quitarse la vida utilizando el arma reglamentaría que le había provisto el servicio penitenciario. Picone fue trasladada al hospital Padilla donde ingresó sin vida.
La pesquisa
López Bustos elaboró esa teoría con las declaraciones de los familiares y amigos. El querellante Carlos Posse también aportó varios indicios. El 30 de diciembre le formuló los cargos a Bazán, pero no tuvo los elementos probatorios suficientes para que se le dictara la prisión preventiva.
Por esa razón, solicitó que una profesional del Equipo Científico de Investigación Fiscal realizara una autopsia psicológica. Se trata de la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de una persona fallecida. Los especialistas buscan una explicación psicológica acerca de quién era, por qué se presentaron algunas situaciones en su vida y qué papel jugaron sus rasgos de personalidad en determinadas circunstancias.
Casi no existen antecedentes de esta práctica. Uno de los más recientes fue el que llevó adelante la ex fiscala Adriana Giannoni. Investigó el caso de una víctima de abuso sexual que decidió quitarse la vida por un supuesto hostgamiento del acusado. Pero no se pudo probar esa situación.
“Es un estudio que lleva mucho tiempo de elaborar y por ese motivo y por eso recién la tuvimos ahora”, explicó López Bustos. “El informe fue muy claro: estableció que la joven no habría presentado rasgos compatibles con las características prototípicas de suicidio. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de un pasaje al acto autolesivo a partir de la objetalización y manipulación permanente que tuvo por parte de quien fuera pareja, lo cual habría influido decididamente en su salud psíquica, hallándose en los últimos años de su vida, inmersa en un contexto de violencia de género culminando fatídicamente el día de su muerte”, describió.
Otro dato
López Bustos, al solicitar que se le dicte a Bazán prisión preventiva por cuatro meses, fundamentando los riesgos procesales, ya que el acusado incumplió en desobediencia judicial al no acatar las reglas de conducta que le impusieron en diciembre.
El representante del MPF puntualizó que el acusado violó la prohibición de acercamiento (era de 500 metros) a la familia de la joven fallecida. Informó que el 8 de marzo, protagonizó un altercado con el hermano de Picone a 300 metros de su casa. “El damnificado realizó la denuncia que se encuentra tramitando en la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas donde declaró, se sometió a un examen médico legal y aportó videos y fotografías del incidente”, explicó.
La jueza Carmen Rosa López destacó que este caso es grave porque se registró con un contexto de violencia de género. “También incumplió la orden de restricción de acercamiento estando vigente. No la cumplió a sabiendas que son medidas judiciales a ser cumplidas. Tengo presente el entorpecimiento por ese contacto real con el hermano de la víctima”, señaló la magistrada en su resolución al dictarle la prisión preventiva por tres meses. El defensor Gerónimo Martínez Molina anunció que impugnaría el fallo.
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