Necesidad de consensuar medidas para el campo

A unos 40 minutos de San Miguel de Tucumán, sobre el kilómetro 9 de la ruta provincial 317, en La Ramada de Abajo, Burruyacu, el agro dejó en claro que pese a las dificultades económicas y a los graves efectos de la sequía, está dispuesto a mostrar las potencialidades y el esfuerzo que realiza el campo para beneficiar a la provincia y al país. Lo hace en la 6ª edición de la Expo Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), que empezó el jueves y que culminará hoy. El evento se organizó con la intención de que las empresas tucumanas tengan un espacio para exhibir sus productos y ofrecer sus servicios. En ese sentido, se precisó que la exposición cuenta con 91 empresas expositoras, que representan a más de 400 marcas, tanto del ámbito local como del internacional.

Actualmente, el contexto es sumamente difícil para el sector agropecuario y requiere de la intervención y de la ayuda del Estado para sobrellevar la situación. En ese marco, pese a los festejos de la inauguración, se palpó la preocupación existente en los productores por la realidad que atraviesan, tal vez con la peor campaña de los últimos años.

Justamente, los directivos de Apronor señalaron que esta muestra se llevó adelante en medio de pésimas políticas agropecuarias, de alta presión tributaria, con distorsión del tipo de cambio y la intervención de los mercados, y en medio de una gran sequía. En la apertura oficial de la muestra, los productores indicaron que el diferencial cambiario está quebrando a la producción general y que los efectos las padecen las economías regionales. Allí escuchaban opositores, no había funcionarios del Gobierno.

Los cuestionamientos del sector tenían un destinatario: el Gobierno. El jueves, precisamente, el Ministerio de Desarrollo Productivo se deslizó que están dadas las condiciones para declarar la emergencia agropecuaria en todo el territorio provincial para los cultivos de soja, maíz, sorgo, poroto, caña de azúcar, para la citricultura y la ganadería.

Al respecto, en Apronor expresaron sus dudas sobre la implementación de la medida oficial. Según dijeron cada productor deberá gestionar el beneficio ante la Dirección de Agricultura, proceso en la que va a colaborar la Estación Experimental para verificar los daños y darle al productor un certificado. Entre el Gobierno y los sectores productivos hay diferencias en cuanto los alcances y la eficacia de este trámite, por cuanto en la entidad de los productores agrícolas y ganaderos apuntan que las pérdidas en muchos sectores están bastante por encima de lo que haría falta para declarar la emergencia agropecuaria. Lo que surge frente a este conflicto es la necesidad de diálogo y de entendimiento para sortear con eficacia el duro trance económico y los efectos de la sequía.

Más que nada, es necesario que los involucrados en la búsqueda de las soluciones no queden entrampados por este tiempo político y eminentemente electoral para que no posterguen las soluciones por otros intereses. Y sí, en cambio, consensúen medidas de corto y largo plazo.

Si se escucha a los hombres del campo, la realidad pinta dramática; alguien apuntó que hay más del 80% de pérdidas y que hay campos donde no se van a cubrir ni los gastos. Por ahí también se escuchó qué los costos son muy altos y que la producción es mínima. Es un año para borrarlo, comentó un productor. En ese marco, la crisis exige responsabilidad en la acción, tanto del Gobierno como para no desentenderse del problema y salir en auxilio del campo, como del sector agropecuario para no buscar enemigos en el Estado.