Por Gustavo Rodríguez
31 Marzo 2023
UNA AUDIENCIA CLAVE. La situación procesal del acusado se definirá hoy durante una audiencia.
Un guardiacárcel fue detenido el martes por la tarde al estar acusado de haber instigado al suicidio a su pareja. La autopsia que se le realizó a la joven fallecida y que él no haya cumplido con la prohibición de acercamiento que le impuso la Justicia, fue determinante para que el fiscal Ignacio López Bustos consiguiera que un magistrado ordenara su detención. Hoy se definirá su situación procesal.
El 17 de junio del año pasado hubo un misterioso episodio en una vivienda del barrio Acceso Este, en El Colmenar. La agente Ana Carolina Picone tomó el arma reglamentaria de su pareja, Gerardo David Bazán, y se disparó en la cabeza. Luego fue trasladada hasta el hospital Padilla, adonde ingresó sin vida.
El hombre del servicio penitenciario señaló que se había tratado de un suicidio y que él no tenía nada que ver. Sin embargo, la familia de la policía comenzó a descubrir varios indicios de que la versión que aportaba el sospechoso tenía varias inconsistencias. El fiscal Ignacio López Bustos decidió profundizar la investigación.
El 30 de diciembre, el auxiliar fiscal Guillermo Di Lella, siguiendo instrucciones de López Bustos, acusó al guardiacárcel de instigación al suicidio. El Código Penal señala que será penado de uno a cuatro años de prisión el que instigare a otro al suicidio o lo ayudara a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado.
Al fundamentar su planteo, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que Bazán mantuvo una relación de más de tres años con Picone, “vínculo que estuvo signado por la desigualdad de poder, donde él ejercía violencia física y psíquica en contra de ella”.
Según el acusador, esa situación “afectó gravemente la libertad, la dignidad, la integridad física y la psíquica y la seguridad de Picone, tanto en ámbitos familiares, como sociales y laborales. Estas humillaciones fueron reiteradas, limitando seriamente su ámbito de autodeterminación”.
Di Lella solicitó que se lo acuse por este hecho y que le dicten la prisión preventiva por tres meses, planteo que tuvo la adhesión de la querella, representada por Carlos Posse, y el rechazo de los defensores Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina. El juez interviniente aceptó todas las peticiones, menos la de la privación de libertad. Además, ordenó una serie de medidas de protección a los familiares de la víctima.
Importante giro
En las últimas semanas, el expediente tuvo un importante giro: a las manos del fiscal llegaron los informes de una “autopsia psicológica” que ordenó realizar. El querellante Posse explicó que se trata de un estudio que realizó una perito del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. “Nos permite ver el perfil de la víctima. Se elabora entrevistando a su grupo familiar y a sus amistades y analizando sus redes sociales y los mensajes de WhatsApp que tenía en su celular”, agregó.
El informe fue determinante. “No habría presentado rasgos compatibles con los caracteriales prototípicos suicidas. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de un pasaje al acto autolesivo a partir la objetalización y manipulación permanente por parte de quien fuera su pareja, lo cual habría influido decididamente en su salud psíquica, hallándose en los últimos años de su vida inmersa en un contexto de violencia de género, culminando fatídicamente el día de su muerte”, dijo en la conclusión del informe la psicóloga Lina Natalia Córdoba.
Pero hubo otro episodio más. “Hace un mes y medio atropelló al hermano de Ana. Se hizo la denuncia en otra fiscalía que investigó el hecho y se comprobó que había incumplido la prohibición de acercamiento que se le impuso. Estos dos puntos fueron claves para que se lo detenga”, dijo Posse.
El profesional reconoció que no es común que se acuse a una persona por este delito. “Aquí no sólo se probó, sino que fue en un contexto de violencia de género”, razonó. (Con colaboración de Micaela Pinna Otero)
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