Los costos políticos de una profunda deuda social

Un 30% de la pobreza es estructural. Y la degradación socioeconómica será más profunda en la medida que la política no contribuya a diseñar programas integrales para bajar los índices de inflación, generar más empleo genuino y, en definitiva, promover el crecimiento sostenido de la economía. La deuda social es profunda. El presente marca que casi cuatro de cada 10 argentinos no pueden reunir los ingresos necesarios para comer y sobrevivir, porque de eso se trata en un país que se está acostumbrado a vivir en crisis, con un índice de precios al consumidor que orilla los tres dígitos anuales. Por acción o por omisión, los costos políticos se reparten por partes iguales en la dirigencia. El oficialismo apela a caminos sencillos para corregir, coyunturalmente, los desequilibrios macroeconómicos. La emisión monetaria es el atajo que saca del paso a una gestión, pero que conduce directamente hacia la inflación. “Y no se imprimen más billetes porque a la Casa de Moneda no le alcanza la tinta para hacerlo ante tantas necesidades financieras”, ironiza un dirigente peronista con dilatada trayectoria en el interior provincial. La gestión del presidente Alberto Fernández ha empeñado hasta la palabra. Dijo que le declararía la guerra a la inflación y la realidad le devolvió un frente con mas caídos en esa guerra de pobres e indigentes. Ese ejército sigue creciendo. En un año se sumó casi un millón de pobres y, de ese total, al menos 200.000 personas dejaron de pertenecer a lo que fue la tradicional clase media argentina.

Los programas sociales disimulan una realidad más honda que lo que se muestra en las estadísticas oficiales. Al menos 19 millones de personas gozan, directa o indirectamente, de un beneficio del Estado. En la Argentina urbana hay 11,5 millones de pobres y, de ese total, 2,5 millones transitan por la indigencia, es decir, que no les alcanza la plata ni siquiera para comer. El asistencialismo es un círculo vicioso que al Estado le cuesta abandonar. No importa qué signo político esté en el poder. La reconversión de esos programas a empleos genuinos es otra deuda, pero compartida con el sector privado. Al oficialismo de turno le conviene sostener las ayudas, porque de otro modo las protestas sociales se exteriorizarían en las calles. A estas alturas, nadie puede afirmar que un potencial beneficiario se convierte en rehén del poder de turno. Cuando entra al cuarto oscuro, toma una decisión personalísima. Y eso está en los cálculos de la “inversión” que cualquier candidato pretenda hacer para financiar su campaña. “En un auto te pueden entrar cuatro personas, pero sólo tenés la certeza de que al menos una de ellas te votará cuando ingrese al cuarto oscuro. La gente no es tonta”, advierte un referente territorial de peso en el PJ. En la oposición achacan esta manera de hacer política, con medidas coyunturales. En la sombra de un semáforo de cualquier esquina se ocultan tres generaciones de personas que se acostumbraron a vivir del plan social, analiza Enrique Romero, titular de Tránsito municipal. Los empresarios se atajan y señalan que les cuesta conseguir empleados porque, en muchos casos, cuando ofrecen un puesto, el potencial candidato les pide que no los formalice porque, de otro modo, pierden los beneficios que le da el Estado. Pero también están aquellos que deben aceptar el empleo, sabiendo que ganarán hasta un 40% menos que un trabajador formalizado, porque no le queda otro. Hay de todo en la viña del Señor.

El futuro está hipotecado. Un 54,2% de los menores de 15 años no pueden abandonar la pobreza. Se trata de seis millones de niños y adolescentes que están casi condenados a mantenerse en esa situación en la medida que en el país no se recreen las condiciones para darles cierto bienestar y más oportunidades, a través de aquel concepto de movilidad social ascendente o, si se quiere resumir en un término, esa palabra es progreso.

El asistencialismo es una herramienta en los años electorales. Nadie, pero absolutamente nadie, está exento de esta práctica cuando va a pedirle el voto al ciudadano. Sería interesante que, además de la boleta con la oferta electoral, los candidatos explicaran qué van a hacer para cambiarle la cara a una Argentina malhumorada.

La pobreza no es sólo de ingresos; también de programas y planes de Gobierno. El oficialismo no le ha encontrado la vuelta al difícil cuadro macroeconómico argentino. Poco ha hecho para practicar el consenso. La oposición, a su vez, tampoco ha mostrado las cartas para encarrilar el rumbo socioeconómico. Las culpas son compartidas; también los costos políticos, porque la deuda con la sociedad es histórica y, en algún momento, habrá que pagarla, con certezas y no con más promesas.