Hondo pesar ha causado el deceso de Ignacio Colombres Garmendia, a la edad de 80 años, prestigioso hombre del derecho y empresario en nuestra sociedad, hombre de consulta obligada sobre el estado del proceso judicial la provincia, académico del Derecho y partícipe exitoso en resonantes litigios.
Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (1964) y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, fue el egresado con mejor promedio de su promoción, llevó a cabo una fructífera carrera en su estudio jurídico y también como docente en la Facultad de Derecho, primero como ayudante estudiantil en la cátedra del Dr. Fernando J. López de Zavalía, luego como secretario docente del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Nacional de Tucumán, y como profesor adscripto, asociado y titular en cátedras de Derecho Civil; profesor de Posgrado y director Regional del Curso “Programa de Derecho Empresario”, dependiente de la Fundación del Tucumán.
Entre sus antecedentes institucionales se cuenta que fue director del Banco de la Provincia de Tucumán (1968-1969); asesor de Ministerio; Vicepresidente de la Sociedad Rural de Tucumán (1971-1973); miembro del Directorio del Yacimiento Minero de Aguas de Dionisio (YMAD), en representación de la UNT (1979-1981); conjuez del Juzgado Federal de Tucumán y de la Cámara Federal de Tucumán, así como conjuez del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Fue miembro de la Comisión Académica del Instituto de Derecho Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Tucumán, conjuez de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y jurado del Consejo Asesor de la Magistratura de Tucumán en los concursos convocados para cubrir cargos de Juez en lo Civil y Comercial Común.
También ha sido miembro del Cuerpo Académico de la Escuela de Alta Dirección de la Fundación del Tucumán y miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Entre sus inquietudes empresarias, se ocupó de la ganadería en el NOA, a través de su cabaña “La Asunción”. Sus preocupaciones por los asuntos de la Justicia lo llevaron a fundar y dirigir la publicación sobre temas legales “Será Justicia”.
En sus seis décadas de ejercicio del Derecho, ha sido partícipe de litigios de alto voltaje, como el fallo favorable conseguido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el que Tucumán fue condenada a abonar 105 millones de dólares a la ex concesionaria del servicio de agua.
Crítico de la excesiva litigiosidad en que vive nuestra sociedad, dijo: “mi generación tiene una profunda responsabilidad, no sólo por lo que ocurre en el ejercicio de la profesión o en la administración de Justicia, sino en todos los aspectos. Mi generación presenció cómo las instituciones se deterioraron paulatina y constantemente, y no hicimos lo que debimos hacer para evitarlo… La Argentina no funciona porque no tiene ninguna solidez institucional”.
Asimismo, reclamaba que el Estado asumiera la necesidad de resolver con urgencia los índices de pobreza, “violatorios de la más elemental dignidad humana” y de asegurar los servicios esenciales, así como la seguridad jurídica, “sin la cual no es posible crecimiento económico alguno”.
Criticó la excesiva tardanza de los juicios y abogó por la exigencia académica y educativa.
Sobrino de célebres abogados como Juan Heller, Ernesto Padilla y León Rougés, decía que llevaba el Derecho en la sangre, que englobaba las discusiones históricas sobre los temas humanos. “Este es el fondo de la profesión -dijo en una entrevista-. Los sistemas jurídicos plasman los criterios que sus creadores consideran más adecuados para imponer un orden en la sociedad: dar a cada uno lo suyo, respetar los derechos ajenos, equilibrar el reparto del poder… este es el gran esfuerzo del sistema y abarca los temas que me apasionaron en mi época de estudiante”.
Su partida deja una profunda huella que sus allegados y la sociedad tucumana han de apreciar y que nutrirá su recuerdo.