El agro reclama que haya eximición de impuestos

Entre Ríos está por eximir el pago del impuesto Inmobiliario Rural a aquellos productores, cuyas cosechas quedaron dañadas por efecto de la prolongada sequía. La decisión fue analizada por el gobernador de esa provincia, Gustavo Bordet, en una visita realizada al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, que ratificó que esa eximición debe tener carácter nacional para que el campo pueda paliar la difícil situación que atraviesa por efecto de la seca. “Estamos muy satisfechos con el trabajo que comenzamos y creemos que debería tomarse como ejemplo en otras provincias e incluso en el Estado Nacional. Se debe eximir el pago de impuestos, ya no alcanza con las prórrogas”, afirmó el titular ruralista. “Esta decisión va en línea con el pedido que venimos haciendo de aliviar la carga fiscal, quitar las retenciones y unificar el tipo de cambio para poder recuperar el capital de trabajo de cara a un nuevo ciclo productivo”, acotó Pino.

En Tucumán, en tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, indicó a LA GACETA que el Gobierno está acelerando las instancias administrativas para que el gobernador Juan Manzur firme el decreto estableciendo la emergencia agropecuaria por un año para las producciones dañadas en más de un 50%, particularmente en la caña de azúcar, citrus, soja, sorgo y maíz, entre otras. La comisión provincial de Emergencia Agropecuaria había convocado la semana pasada a referentes de distintos sectores del agro para analizar qué regiones han sido las más afectadas por la seca. Asimismo, la Estación Experimental y el INTA brindarán su informe acerca de las zonas más complicadas. El investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Jorge Scandaliaris, indicó ayer que las pérdidas por la sequía en los cultivos ha sido variables. El experto puntualizó que, en el caso de los cultivos de maíz y soja, esas pérdidas han sido casi totales, mientras que en la caña de azúcar la situación es crítica para áreas como Burruyacu, Cruz Alta y Leales, entre otras. “Estamos en proceso de evaluación, elaborando un mapa de los daños en toda la provincia”, indicó Scandaliaris, en diálogo con “LA GACETA Central”, el informativo de LG Play. En tanto, Simón Padrós señaló que, una vez que se declare la emergencia agropecuaria, la tramitación del certificado será acelerada para que los productores afectados gocen de los beneficios locales y nacionales.

“Las medidas de alivio fiscal para las y los más de 60.000 productores incluyen la suspensión del pago de anticipo de ganancias, beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado y la suspensión de intimaciones y embargos de las cuentas bancarias. A esto se suman un plan de pagos de 48 cuotas para regularizar deudas con AFIP y ordenar la situación de los productores con el organismo, lo que facilitará el acceso a las líneas de financiamiento existentes en el marco de la emergencia agropecuaria”, había anunciado el ministro de Economía Sergio Massa. Paralelamente, se tramitarán líneas de financiamiento para paliar la situación del campo y evitar más inconvenientes en la próxima cosecha.