Luego de identificar a 116 víctimas y de 21 años de investigación, ordenan la clausura del Pozo de Vargas

Luego de una investigación de 21 años, la Justicia resolvió declarar la clausura de la excavación en el Pozo de Vargas. La decisión fue tomada por el juez federal N° 2, Fernando Poviña el martes. Todo se inició el 12 de febrero de 2002, con una denuncia presentada por el hoy funcionario municipal Enrique Romero “que daba cuenta de la comisión de delitos de lesa humanidad en la finca de Vargas, ubicada en avenida. Francisco de Aguirre al 4000, lugar donde se daba cuenta de la existencia de un pozo de agua tapado, en el cual en los años 1976 y 1977 se habría utilizado como fosa común para personas víctimas del Terrorismo de Estado”, se indica en la resolución.

“A requerimiento del (entonces) Juez Federal, Dr. Felipe Terán, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se creó el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT), cuerpo pericial al que se encomendó la excavación arqueológica hasta fines del año 2009, integrado por docentes y alumnos de esa Casa de Altos Estudios”, se indicó. Poviña agregó: “Así, en el mes de mayo de 2002, el equipo pericial interviniente detectó una construcción subterránea que confirmó la existencia del pozo, pero al poco tiempo de iniciadas las tareas periciales de excavación se presentó la dificultad de la saturación de agua lo que obligó -a lo largo del tiempo- a la perforación de otros cinco pozos para deprimir el nivel freático y posibilitar así la continuidad de la investigación judicial”. A fines del año 2004 se realizó un sondeo experimental a cargo del geólogo Juan Carlos Valoy, quien hizo una perforación de dos pulgadas de diámetro (clapeta) y, en esa ocasión se logró el primer hallazgo de restos óseos humanos. Ante esto resultó imprescindible avanzar con las pericias genéticas y antropológicas, a los fines conocer la pertenencia y/o identificación nominal del material óseo extraído en la excavación. En consecuencia, se encomendó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) la realización de las pericias de ADN del material óseo extraído en el interior del Pozo.  El día 12 de diciembre de 2011 el EAAF comunicó a este Magistrado el resultado de la primera identificación obtenida en el marco de esta investigación, de quien en vida fuera Guillermo Claudio Vargas Aignasse, padre del actual funcionario nacional Gerónimo Vargas Aignasse. En 2014, ya con Poviña al frente de la investigación, se realizaron nuevas pericias y excavaciones, bajo cumplimiento de la cadena custodia a cargo del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional.

Hasta esta semana, el trabajo realizado permitió determinar que “el número mínimo de Individuos (NMI) representados en el Pozo de Vargas es de ciento cuarenta y nueve (149) personas (28 mujeres y 121 hombres). Entre ellos, se logró identificar a ciento dieciséis (116) víctimas de desaparición forzada”. A la fecha el EAAF, continúa comparando perfiles genéticos del resto de las personas aún sin identificar.

En una parte de su escrito, Povina advirtió: “al haber cumplido con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional, hoy de raigambre constitucional (CADH-artículo 8.1- garantías judiciales) puedo decir, con una profunda emoción que, las tareas periciales de excavación arqueológica desarrolladas en el interior del Pozo finalizaron; mientras mantengo la esperanza que los últimos hallazgos producidos en el año 2022 se traduzcan en más verdad, que más personas desaparecidas encuentren su nombre y apellido, su familia, su historia. Y, que finalmente, el duelo de las víctimas sobrevivientes sea una realidad acompañada con el debido respeto al cuerpo, al que tiene derecho todo ser humano”. Y culminó: corresponde “reconocer la labor de las partes querellantes; de los peritos y sus ayudantes, integrantes de los equipos a cargo de la excavación arqueológica; del perito Geólogo y perito de parte; del personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina “Tucumán”; personal de Sociedad de Aguas de Tucumán-SAPEM; de los funcionarios municipales mencionados y del Consejo de la Magistratura de la Nación; a quienes por Secretaría se les remitirá los agradecimientos pertinentes; como también agradecer a todos y cada una de personas que colaboraron en el desarrollo de la excavación arqueológica; conforme a lo dispuesto”.

En su cuenta de Twitter, Pablo Camuña, Fiscal Federal y Coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Tucumán, aseguró: “La lucha de sobrevivientes y familiares permitió mantener en movimiento el proceso judicial, pese a todos los cambios que hubieron en dos décadas. Los equipos periciales cumplieron con sus distintos roles, a pesar de la enorme dificultad de las tareas”. “El Pozo de Vargas es el límite implacable que encuentran los actuales discursos de negacionismo y banalización del terrorismo de estado, así como las reiteradas ofensas al movimiento de derechos humanos que logró traer a la superficie la peor verdad, la que estaba más escondida”.

Poviña, finalmente ordenó que la zona en la que se realizaron los trabajos quede custodiada.