Por Gustavo Rodríguez
17 Marzo 2023
PRUEBA CATEGÓRICA. Durante las audiencias se exhibieron los videos donde aparecen los acusados entrando a la casa de la víctima.
Todo parecía indicar que el juicio sería un mero trámite. Al haber quedado registrados por las cámaras de seguridad, las chances de que Gustavo Fernández, Bruno Ciolfo y Martín Romano fuesen absueltos parecían mínimas. Pero esa posibilidad creció considerablemente al ventilarse durante la audiencia una presunta irregularidad que podría hacer caer todo el proceso.
Los defensores, Jorge Muñoz y Benjamín Núñez Arévalo, vienen sosteniendo que con Fernández se violaron garantías constitucionales porque, a pesar de que desde un primer momento se sabía que estaba involucrado en el hecho, lo hicieron declarar como testigo para conseguir información y luego dio su testimonio y entregó su celular sin que fuera asistido por un abogado.
La “información” que hablaron los profesionales es, nada menos, haber identificado a Ciolfo y a Romano como los autores del hecho. Por esa razón, la defensora Raquel Ferreyra Asís se plegó a esta postura, ya que considera que sus asistidos fueron incriminados a través de una grave irregularidad legal.
Al prestar declaración, Fernández comentó qué había pasado esos días. “El 19 de febrero a la noche, me hicieron ir a la comisaría de Famaillá. Allí me dijeron que cuente lo que había pasado. También me decían que si no lo hacía, harían un allanamiento en mi casa, me revolverían todo y me sacarían esposado delante de mis hijos y de todos los vecinos”, relató.
“Decidí contar todo como testigo; nunca me dijeron que estaba siendo investigado. Después me citaron en la fiscalía y me empezaron a hacer preguntas. Les dije que no respondería nada hasta que no esté presente mi abogado”, declaró. “Luego me pidieron que les entregara el celular, les dije que lo haría si me dejaban hablar con mi esposa. Terminé cediendo sin que estuviera presente mi defensor”, añadió Fernández.
En la audiencia también declararon varios efectivos de la comisaría de Famaillá. Ni uno de ellos pudo desmentir los cuestionamientos realizados por los defensores.
“Los Poliladron”
El auxiliar Bernardo Sassi, siguiendo instrucciones de la fiscala Mónica García de Targa, desmintió que se haya cometido alguna irregularidad en la investigación del caso. “Si le tendríamos que poner un título a este caso, sin dudas sería ‘la banda de los ‘Poliladron’”, sostuvo en el alegato de apertura.
“Vamos a demostrar con pruebas que los acusados son los responsables de este delito de suma gravedad cometido por personas que estaban prestando servicios en la fuerza y un lugar poblado”, indicó. “No hay dudas de que merecen un castigo ejemplar. No podemos permitir que policías que supuestamente deben proteger usen la función que les otorgó el Estado para cometer ilícitos. Señores jueces, de aquí debe salir un mensaje ejemplar a la sociedad que exige que estos hechos terminen con una condena”, añadió.
Este juicio avanzó más rápido de lo esperado, pese a tener algunas particularidades. El tribunal, integrado por Cecilia Tasquer (presidenta), Enrique Cacici y Juan Daza Saracho, dirige el debate de manera virtual desde sus despachos en Concepción; Sassi desde su oficina y los defensores y acusados están ubicados en la flamante sala de audiencias del Centro Judicial de Monteros.
Ya declararon todos los testigos y se incorporaron las pruebas. Sólo quedan escuchar los alegatos de las partes, que hablen (si lo desean) los acusados y que se defina si darán a conocer hoy el fallo o si los jueces postergarán la lectura de la sentencia para los próximos días.
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