16 Marzo 2023
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti
La suba de precios de febrero alcanzó el 6,6% y acumuló en el primer bimestre del año una variación de 13,1%. En la comparación interanual, tuvo un incremento de 102,5%, según informó este martes el Indec. Ante este dato, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti dijo: “El número de inflación obviamente nos parece malo, malísimo”.
En una conferencia de prensa, esta mañana, reconoció que el porcentaje de la inflación de febrero “no fue el esperado".
Sin embargo planteó que las variables macroeconómicas están “absolutamente bajo control”, por lo que no se debería haber registrado este impacto tan grande. De todos modos justificó esta avanzada por la sequía, que elevó el precio de la carne, y también por la suba de los lácteos.
“El Gobierno sigue con el compromiso de avanzar en controlar los precios, en que vayan bajando los precios. Les puedo dar explicaciones, pero no son excusas frente a quien tiene que ir al almacén. Hay una explicación. La sequía hizo aumentar la carne más de 20 puntos e influyó un punto en la medición general de la inflación. Y de alguna manera pasó con lácteos”, planteó como motivo de la elevada inflación.
No obstante, destacó que en los precios controlados por el Ministerio de Economía a través de acuerdos con los distintos sectores el aumento no superó el 5%; y sumó a los lácteos y la carne el impacto de los precios de las telecomunicaciones en la cifra final, con dardos hacia la Justicia y los medios de comunicación. “Las empresas de telefonía y cable, las empresas de servicios web, siguen aumentando de forma indiscriminada cuando están vigente las cautelares que no permiten que se aplique el decreto que determinaban que eran servicios públicos y que debían ser regulados los precios”, sostuvo.
Luego se quejó por la “posibilidad que se le está negando” al Estado para controlar este sector “indispensable”, según sus consideraciones. “El Gobierno no puede intervenir porque la Justicia no se lo permite a raíz de las presentaciones de los grandes medios, propietarios de las empresas. Ese precio que influye en la vida cotidiana podría estar siendo regulado por el Estado si la Justicia interviniera y las empresas de comunicación no influyeran”, señaló.
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