15 Marzo 2023
El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, avanzó con la flexibilización de la meta de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, pese a la caída en la recaudación y el mayor gasto que implicará la moratoria previsional, se mantendrá la meta fiscal de déficit del 1,9% del PBI. Para eso, el FMI pidió acelerar la suba de las tarifas energéticas, pero desde Economía aclaran que los únicos dos ítems que no tendrán cambios serán la asistencia social y la obra pública.
El reseteo de los compromisos asumidos con el FMI –movida derivada de la actual situación de fragilidad económica y la marcada sequía que golpea doblemente a la producción rural y a las exportaciones de granos—le permitirá al ministro de Economía, Sergio Massa aligerar la meta de acumulación de reservas que debía alcanzar este año y acceder a un nuevo giro del organismo de US$5.300 millones en las próximas semanas.
Por pedido del FMI, el Gobierno maximiza ingresos con tarifas de luz y gas
Ese ingreso —que quedaría aprobado y confirmado por elboard del FMI dentro de 15 días – le aportará a la administración del Alberto Fernández un salvavidas temporario para despejar parte de la incertidumbre que envuelve a la economía hasta mediados de año y alejar por unos meses el riesgo de una suspensión de los desembolsos del previstos en el acuerdo vigente que resultan cruciales para sostener las reservas y cumplir con los pagos de la deuda.
A cambio de esa ayuda, desde el FMI advirtieron que el Gobierno deberá implementar "políticas más sólidas para reafirmar las metas fiscales y el esquema tarifario previsto para bajar la cuenta de los subsidios energéticos", que constituye la principal variable de ajuste del déficit fiscal.
Por medio de un comunicado oficial, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Luis Cubeddu y el nuevo jefe de la misión encargada de Argentinea, Ashvin Ahuja destacaron que "ante un contexto económico más desafiante, en particular por la sequía cada vez más grave, se necesitan medidas de políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar la inflación creciente y los reveses de política para mantener el papel de ancla del programa″.
A cambio de visto bueno del FMI a la revisión del acuerdo, el equipo económico se comprometió a acelerar el esquema de eliminación de subsidios tarifarios en los servicios de luz y gas a los hogares de mayores ingresos, comercios e industrias que quedó ralentizado desde principios de año.
Ante una flexibilización
Ante una urgente flexibilización de las metas del Fondo, Massa debió ceder la aceleración de la segmentación tarifaria.
¿Quiénes pagarán luz y gas con aumento?
En setiembre pasado, la secretaría de Energía comandada por la massista salteña Flavia Royón puso en marcha un cronograma de quita de subsidios para los hogares de mayor poder adquisitivo que constaba de tres etapas bimestrales. La dos primeras instancias se implementaron tal como se había anunciado. Pero la tercera y última, que estaba prevista entre enero y febrero, quedó a mitad de camino con quitas de subsidios inferiores a las pautadas.
Pese a la seguidilla de aumentos que ya están pagando y las subas aprobadas para Edenor y Edesur hasta junio, los usuarios residenciales enmarcados en el Nivel 1 aún siguen recibiendo un subsidio energético en los servicios de luz y gas que oscila entre el 35% y 40%.
En los casos de los hogares encuadrados como N2 (de bajos ingresos) N3 (que agrupa a los sectores medios), el nivel de subsidios oscila entre el 60% y 75%.
A menos que el Gobierno ya tenga pensado, por razones electorales, incumplir de antemano con el nuevo compromiso de retomar la senda de eliminación de subsidios, la totalidad del universo de usuarios residenciales podría toparse con nuevos aumentos tarifarios que deberían aplicarse entre abril y mayo.
El alcance de esos incrementos no sería uniforme en los tres niveles de usuarios y dependerá de hasta dónde estarían dispuestos Alberto Fernández y Sergio Massa asumir el costo político de aprobar nuevos ajustes tarifarios en medio de las primeras votaciones provinciales y la campaña electoral para las PASO en plena ebullición.
Las subas confirmadas y las pendientes
Por el lado del servicio eléctrico cuya regulación depende del ENRE –el ente regulador nacional que pilotea el interventor massista bonaerense Walter Martello--, desde el comienzo del año ya tiene acumulado dos clases de aumentos tarifarios para los consumos hogareños, comerciales e industriales.
En este caso, si bien los aumentos otorgados en los ingresos específicos de las transportistas estuvieron entre el 153% y el 155 %, el impacto final en las facturas de los usuarios residenciales de todo el paísosciló sólo entre el 2,87% y el 3,15%.
El segundo ajuste eléctrico se dio a partir de febrero y correspondió al precio mayorista de la energía eléctrica destinado a las empresas generadoras. La suba para los consumos hogareños de la región metropolitana del AMBA se ubicó entre el 17% y 29%; mientras que para comercios e industrias escaló, en promedio, hasta el 45%.
A esos aumentos ya vigentes se suman otros dos aprobados para abril y junio que irán a parar a las cajas de Edenor y Edesur. Las resoluciones del ENRE difundidas la semana pasada en medio de los cortes de luz les otorgaron a las distribuidoras metropolitanas una recomposición de sus ingresos específicos del 108% a partir de abril seguida de otra del 74% que se aplicará desde junio.
Ese doble aumento para Edenor (controlada por el trío de empresarios locales integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti) y Edesur (en manos del grupo italiano ENEL y con cartel de venta desde el año pasado) tendrá para los usuarios residenciales un impacto final en las facturas que irá del 89,2% y al 136%, según los cálculos de la consultora Economía y Energía.
En lo que respecta al sector gasífero, desde el arranque de marzo se encuentra en vigencia un ajuste de hasta el 28% para los usuarios residenciales y del 70% para comercios e industrias.
Este aumento corresponde al valor del gas y según anunciaron las autoridades energéticas sería el único que se aplicará este año por ese concepto para los consumos hogareños. En cambio, para los clientes comerciales e industriales regirá desde mayo otro incremento en el precio del gas superior al 50%. A esos ajustes se sumarán los que están destinados a mejorar los ingresos específicos de las distribuidoras y transportadoras de gas.
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