Tucumán, con la inflación más alta en 21 años

Si alguien pensaba que los precios se iban a estabilizar en este año electoral, seguramente vivirá una realidad paralela. Nueve de cada 10 argentinos consideran que la inflación es la principal preocupación del momento, de acuerdo con distintos sondeos privados. El 8% de alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero en Tucumán es un registro que no se observaba desde hace 21 años, cuando la Argentina estallaba por los aires con aquella crisis socioeconómica que terminó con una sucesión de presidentes que no podían estabilizar el rumbo económico.

La serie histórica de la Dirección de Estadísticas de Tucumán indica que una cifra mayor pudo observarse en abril de 2022, cuando el IPC había sido del 9,22%. En aquella crisis, los niveles de pobreza habían llegado al 67% de la población urbana del Gran Tucumán-Tafí Viejo (primer semestre de 2003), mientras que en la actualidad afecta a cuatro de cada 10 habitantes, según las estimaciones que se esperan para el cierre de 2022, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el próximo 30 de este mes. La diferencia entre el escenario de hace dos décadas con el actual es clara: la cobertura a través de planes sociales mantiene artificialmente los índices de indigencia y de pobreza por debajo de los niveles reales frente al incremento sostenido del precio de los alimentos.

En Tucumán, al menos hay unos 110.000 empleados públicos; otros 154.000 se desempeñan en el sector privado y fueron registrados por sus empleadores. Pero hay una dotación de no menos de 120.000 personas que siguen en negro y que están al borde de la pobreza porque no pueden reunir los casi $ 150.000 mensuales que necesita una familia tipo para alimentarse y atender sus gastos mínimos de educación, de salud y de algunos servicios. El rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas ha tenido un impacto inusual: una suba del 11,6%, que se explica por el fuente reajuste en el valor de los principales cortes de carne vacuna.

Las carnicerías tucumanas han registrado importantes variaciones. Los datos oficiales indican que la carne picada especial subió 33,92%, el bife angosto 32,71% y la carnaza común 32,02%. Entre los cortes considerados más caros, los aumentos fueron: en el caso del lomo 29,8%, nalga 29,46% ; bola de lomo 29,17% ; asado 28,68% y paleta 28,01%. En promedio, una familia tipo gastó en febrero alrededor de $ 24.500 para cocinar durante ese mes. El incremento de los cortes más vendidos ha sido de casi un 30%, mientras que si se compara con febrero de 2022, el aumento fue del 97%, de acuerdo con los cálculos efectuados por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi) a través de su Índice Barrial de Precios (IBP).

Luego de las subas por encima del 75% de los precios al mostrador de la carne vacuna en 2020, el primer semestre de 2021 comenzó con nuevos incrementos que totalizaron otro 34% de aumento, señala el último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Ante esta situación, el Gobierno Nacional tomó una serie de medidas para frenar los incrementos generalizados en la cadena de valor. Según ese diagnóstico, estas medidas permitieron cortar la dinámica alcista y, entre julio y octubre, los precios retrocedieron 3%. Sin embargo, noviembre y diciembre de 2021, meses donde suele aumentar el consumo, mostraron nuevamente incrementos sensibles en el precio de la carne promediando 11% y 10% respectivamente. Estos incrementos se mantienen de manera más moderada, durante los primeros cinco meses de 2022 acumulando una suba de 32%, por encima de la inflación acumulada en ese periodo (29%). A partir de junio, se revierte la tendencia, y los aumentos promedios de los diferentes cortes quedan, al finalizar el año, por debajo de la inflación del mismo periodo.

En febrero pasado, puntualiza el CEPA, puede observarse un impacto bastante uniforme de los aumentos con relación a los distintos cortes. Los “cortes intermedios” son los que más incrementaron sus precios: 30,5%. Por su parte, Los cortes “caros” y “económicos” mostraron una suba de 29,2% y 27,7% respectivamente. Con todo esto, la Argentina se encuentra con uno de los peores niveles históricos de consumo per cápita, de sólo 47 kilogramos por persona por año.

Los acuerdos nacionales por los siete cortes populares no tuvieron efecto alguno en las provincias. Por el contrario, los incrementos se aceleraron y tornan imposible que se cumpla la meta prevista por el ministro de Economía, Sergio Massa, de llegar a abril con una inflación estabilizada en un 3% a un 4% mensual. Mucho menos podrá cumplirse la pauta presupuestaria anual del 60%. Las consultoras privadas señalan que, a raíz de la evolución interanual de los precios, la inflación rondará este año los tres dígitos.

La inflación llegó para quedarse, mientras el Gobierno nacional insistirá con los Precios Justos. En medio de un escenario signado por la profundización de las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos, los límites para expandir el gasto público en asistencia social que impone el programa financiero incrementan las tensiones derivadas del impacto de una inflación persistentemente elevada sobre los hogares más pobres, advierte Ecolatina. Producto del patrón de consumo de las familias, la escasez de divisas y la sequía, las debilidades que presenta Precios Justos complican la búsqueda por evitar un mayor impacto de la inflación sobre los hogares más vulnerables, remarca la consultora privada.

El futuro sigue teniendo nubarrones. El Índice de Incertidumbre Económica, que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, se mantiene en niveles extremos desde marzo del 2022. Por otro lado, más allá de la inflación, que ocupa una centralidad en la gestión del ministro Massa, la evolución del indicador refleja múltiples dificultades económicas. Entre ellas se destacan las dificultades de financiamiento del sector público y la evolución del dólar.

En un año de elecciones, la política intenta poner bajo la alfombra los problemas estructurales de un país en crisis. La gestión del presidente Alberto Fernández no le encuentra la vuelta a una inflación que sigue acelerándose a medida que se acerca el turno de las urnas. En los últimos días, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, ha dicho que garantiza la reducción del Índice de Precios al Consumidor.

La realidad muestra que los próximos dos años serán de ajustes y que la cuenta puede resultar mayor para los ciudadanos si la política no realiza los deberes internos y baja el gasto superfluo. Más allá de las exigencias de los organismos internacionales, el país necesita un plan económico que le permita tener un crecimiento sostenido de tal manera de que la actividad mantenga su curso, se generen empleos genuinos y, por ende, se reduzcan los índices de pobreza y de indigencia. Pero mientras no existan conductas maduras de la dirigencia para encarrilar la situación, será imposible alcanzar aquel objetivo. Las consecuencias saltan a la vista cada vez que cambia el signo político del poder en la Argentina. El que llega le echa la culpa de todos los males al que se va, en un eterno juego infantil. Pero, ¿quién vela por todos los argentinos que soportan crisis tras crisis?