Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Andrés Basso, Jorge Gorini y Jorge Giménez Uriburu, denunciarán por faltas éticas a los abogados de Cristina Kirchner y Julio De Vido, entre otros, ante el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Los magistrados piden que se “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” de los letrados matriculados que participaron del juicio oral por la causa Vialidad, según los fundamentos de las condenas dadas a conocer ayer.
La medida alcanza a “cuatro de las defensas, integradas por los Carlos Beraldi y Ary Llernovoy (Cristina Kirchner), Federico Paruolo y Matías Galván (Nelson Perroti), Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro (Julio De Vido), y Enrique Arce y Nicolás Guzmán (Carlos Kirchner)”.
Según la ley que regula la actividad de los defensores, tienen como deber “comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional”.
En los fundamentos, los jueces sostienen que los letrados “dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria”.
“Así, aunaron esfuerzos en repasar circunstancias que, desde su perspectiva, constituían pruebas irrefutables de que el proceso constituía una verdadera persecución política”, agrega el fallo.
“Los abogados de la ex presidenta, además, enumeraron la gran cantidad de causas en las que se encontraba imputada, pretendiendo demostrar el modo con que se materializaba dicha guerra judicial” o lawfare.
“Le otorgaron la misma finalidad persecutoria a la oportunidad escogida por este tribunal para que el juicio oral se iniciara pocos meses antes de las elecciones del año 2019, como un dato que generaba al menos suspicacias acerca de la intencionalidad de perjudicar su imagen de cara a los comicios”, describieron.
Por último, los jueces manifestaron que “en pleno debate las mismas partes dirigieron ataques a los medios masivos de comunicación que fueron identificados por los acusados, bajo esta lógica, como operadores aliados e imprescindibles para la formación de opinión de la sociedad”.