“El poder de mandar a la cárcel a alguien no puede estar en manos del Estado”

El juicio por jurados en la Argentina está previsto por la Constitución Nacional desde 1853. Tres veces dice en el texto que se debe llevar adelante este proceso que, sobre todo, involucra a los ciudadanos. Sin embargo, sólo 11 provincias tienen este instituto: Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y Chubut, CABA y Catamarca. En Tucumán hay proyectos de ley presentados, pero por el momento no parece ser una prioridad para los legisladores. Sin embargo, este proceso gana cada vez más adeptos que, sobre todo, se basan en la posibilidad de devolverle al Pueblo su verdadero rol dentro de la Justicia. Hacer que se involucre. Andrés Harfuch es uno de los principales impulsores del juicio por jurados en el país. Este profesor de Derecho Penal, Proceso Penal y Criminología de la UBA no duda: “Una república que confía en los ciudadanos es una república sana”. Desde Buenos Aires, Harfuch dialogó con LA GACETA y dejó sus impresiones. “Nadie va a condenar a un ciudadano si no tiene pruebas”, aseguró. Este fue el diálogo.

- Con la experiencia que ya se da en otras provincias, ¿cree que podemos tener juicio por jurados en Tucumán?

- ¿Querés que te diga cuál es mi sueño? Que el primer juicio por jurados se haga en la Casa Histórica, allí, donde se declaró la Independencia. Donde los congresales rompieron con la Colonia Española, donde se alejaron de la Metrópolis. Sueño con eso. En CABA propuse que se hiciera en el Cabildo. Se pusieron como locos. El tema es que a esto hay que darle la importancia que realmente tiene. En Tucumán los congresales lo tenían claro. Era 1816. Había pasado poco tiempo desde la revolución francesa de 1789. Era el fin del absolutismo monárquico, donde los ciudadanos no tenían garantías. No se garantizaba la división entre poderes. Le tenían terror el poder concentrado. Entonces miraron a Inglaterra que tenía una democracia constitucional que respetaba al imputado, donde había 12 ciudadanos incorruptibles que representaban al pueblo. Los congresales argentinos querían eso. Qué decir de Bernardo de Monteagudo, el gran juradista argentino. ¿Cómo no pensar en Alberdi? San Martín y Belgrano querían romper con el modelo colonial. Dorrego y Sarmiento vieron lo que pasaba en Estados Unidos con su sistema de Justicia y dijeron ‘queremos eso para acá’. Por eso la asamblea del año 13 el primer acto que realiza es destruir los elementos de tortura y de inquisición y todo viene de la revolución francesa. Hay cuestiones políticas y sociales para no llevar adelante estos procesos. La verdad es que ya en esa época España estaba en decadencia, en cambio Estados Unidos era cuidada por Inglaterra. Nuestros procesos quedaron a media agua. Tuvimos golpes de Estado y una institucionalidad muy débil, pero los representantes que fueron a Tucumán querían replicar eso. Entonces, volviendo a la pregunta. ¿Cómo no se va a poder hacer juicio por jurados en Tucumán con la historia que tienen? No tengo ninguna duda de que lo harán.

- La cuestión es si realmente estamos preparados para poner en manos de los ciudadanos el poder de decidir sobre la libertad de una persona…

- Lo cierto es que una de las facetas más terribles en Argentina es la debilidad de la Justicia. Es secreta, amañada, está cuestionada. En Argentina ya se hicieron 800 juicios por jurados, y la gente responde admirablemente. No es magia. La Justicia debe estar abierta a la justicia. No hay un tribunal más independiente que un jurado. La resistencia viene desde la Justicia, la política apoya el juicio por jurados. Muchos jueces creen que pierden el poder, pero la constitución dice otra cosa. En las provincias que tienen jurados es impresionante lo que sucede. Los jueces advierten que el jurado sabe mucho, y toman sobre sí la parte más difícil de la decisión. Va cayendo la teoría de que no se puede hacer. Los abogados se están poniendo de acuerdo. Hay que tener en cuenta que cuando vemos a los jurados vemos al pueblo. Y una decisión del pueblo siempre es soberana.

- ¿Cómo es el proceso?

- El juez concede el rol a 12 jurados, con igualdad de género, seis mujeres y seis hombres. El fiscal acusa, están el defensor y el defendido, y la prueba no puede ir por escrito. Los testigos declaran, los peritos muestran sus análisis. Nada escrito, para que la gente que asiste al juicio pueda saber qué es lo que está pasando. Después de empaparse de las pruebas, el jurado delibera y la decisión debe ser unánime. Es la gran fuerza que tiene el jurado. Son personas de 18 a 75 años, no pueden ser abogados. Por ejemplo, se sortean por año 10.000 tucumanos, y esas personas se notifican de que pueden ser convocadas. De allí se sortean 50 para el juicio, y se hace la selección de los 12 que quedarán. Se les pregunta todo para saber si pueden ser imparciales. Se sortean 50, les preguntan, voir dire, audiencia de selección de los jurados. Si a la hora de la sentencia los jurados no llegan a la unanimidad se puede solicitar otro jurado, pero hasta aquí el 96% de los casos tiene resolución unánime.

- ¿Y cómo se garantiza la objetividad a la hora de un fallo, cuando hoy apenas se conoce un hecho los ciudadanos nos ponemos en juez y parte?

- Es muy distinto cuando deben tomar realmente el rol de jurados. Tengamos en cuenta que los jueces también están afectados por la subjetividad, pero hay gente que no tiene opinión formada, el jurado es la gran garantía de objetividad. Es un ejercicio de democracia directa como lo tenía la polis ateniense. Los países más desarrollados tienen jurado. Una república que confía en los ciudadanos es una república sana. El poder de mandar a la cárcel a alguien es peligroso y por eso no puede estar en manos del Estado.

- Pero sigue habiendo muchas dudas…

- He presenciado montones de juicios. Los jurados quedan fascinados por la experiencia. Ellos tienen la exigencia de no poder hablar con nadie de lo que están analizando, menos entre ellos. La ciudadanía toma este proceso con responsabilidad. No van a condenar a alguien porque sí. Si no hay pruebas no te van a condenar. Y recordemos que el monto de la pena queda en manos del juez. Tiene otros beneficios: es un ahorro para la institución. Es un mito que se necesita una gran estructura. En dos o tres horas de deliberación se llega a un veredicto, aunque hubo casos en los que se demoró 48 horas. En cada provincia siempre se comienza el proceso con los delitos más graves, y eso pone a los jurados en posición de tener que decidir sobre un caso con penas altas. Hay muchísima responsabilidad a la hora de dar el fallo.

- ¿Ve alguna traba en que pronto podamos tener estos procesos en Tucumán?

- En Tucumán hay un movimiento juradista muy fuerte, pero hasta aquí es una de las provincias en las que más nos cuesta comenzar con el proceso. Tucumán tiene un problema muy grave que es la falta de independencia sobre ciertos casos. No es fácil, sin embargo la experiencia se va a ir consolidando. Pero no podemos dejar de decir que Tucumán es una provincia muy complicada por las relaciones de poder. Hay que trabajar sobre eso.