En septiembre se hará el juicio por la sedición policial

Después de casi una década de espera, si es que no ocurre nada extraño, en septiembre se iniciará un juicio histórico en el que serán juzgados los acusados de haber sumido a gran parte de la provincia en uno de los acontecimientos más negros que se registraron en nuestra provincia: la sedición policial que derivó en los saqueos de diciembre de 2013.

Días atrás, el tribunal integrado por Fabián Fradejas (presidente), Luis Morales Lezica y Gustavo Aldo Romagnoli, realizaron una audiencia de orden. Se trata de una reunión en la que los jueces explican a todas las partes cómo se organizará el debate. Estuvieron presentes algunos de los 40 acusados -eran más de 46, pero varios fallecieron-, muy pocos defensores, el representante de la Fiscalía de Estado (Federico Nazur designó al penalista José María Molina para que realizara esta tarea) y el fiscal de cámara Daniel Marranzino. (Los detalles se informan por separado).

Si bien es cierto que la fecha de inicio del debate sería el 5 de septiembre, existe una posibilidad para que el juicio no se realice. La única alternativa es que los acusados acepten resolver el conflicto a través de un abreviado. Pero para que ello ocurra debe producirse un milagro legal. El viejo código establece que para que se pueda dar esta situación, todos los imputados deben aceptar su culpabilidad.

Para los especialistas, es prácticamente imposible que eso suceda con 35 personas y más aún teniendo en cuenta que no todos están acusados del mismo delito. “El nuevo código permite acuerdos parciales, es decir, que cada acusado puede llegar a un convenio sin importar lo que piensen o hagan sus cómplices. A veces es difícil llegar a esta solución cuando hay dos imputados, imagínese si hay más de 30 personas”, explicó un funcionario judicial.

El hecho

Entre el 8 y el 10 de diciembre de 2013, efectivos de la fuerza realizaron una huelga que dejó a la provincia desprotegida. Hordas de delincuentes salieron a las calles a adueñarse de lo ajeno. Jóvenes subiéndose a colectivos para asaltar a los pasajeros; pequeños comercios de barrios y locales de cadenas de supermercados vaciados y destruidos por hordas y camionetas 4x4 llevándose televisores o heladeras, fueron algunas de las imágenes que dieron la vuelta al mundo.

La Federación Económica de Tucumán estimó que las pérdidas ascendieron a más de U$S 6,5 millones, aunque aclaró que la estimación era parcial, ya que no todas las víctimas (especialmente las cadenas nacionales que terminaron siendo las más afectadas) habían informado sobre los daños sufridos.

Oficialmente se confirmó que se habían registrado ocho muertes, pero algunas versiones daban cuenta de una cifra en negro que triplicaba ese número. Lo que no aparece en los expedientes son dos situaciones que quedaron grabadas a fuego en la memoria de los tucumanos: vecinos armados hasta los dientes para proteger sus bienes y la ex presidenta Cristina Fernández bailando en un escenario en la fiesta por los 30 años de democracia.

La pesquisa

La investigación se dividió en dos grandes campos. La fiscala Adriana Reynoso Cuello, que estaba de turno cuando estalló la huelga, se encargó de investigar a las personas que cometieron los saqueos y que fueron detenidos por los efectivos que no se habían plegado a la huelga. Sus pares Adriana Giannoni y Diego López Ávila tuvieron a su cargo la pesquisa contra los uniformados. Los resultados que consiguieron fueron totalmente disímiles.

Reynoso Cuello tuvo numerosos inconvenientes para llevar adelante sus causas. La mala actuación de la fuerza para sumar pruebas en contra de los acusados. Hubo un ejemplo claro: analizó un caso en el que estaban acusadas unas 50 personas de haber desvalijado un supermercado de Alderetes, pero esa fue una de las pocas ciudades del Gran San Miguel de Tucumán en las que no se registraron saqueos. Elevó numerosas causas a juicio, pero nunca se informó cómo terminaron. “Lo más probable es que la mayoría de ellas haya prescripto porque no estaba en la lista de prioridades del Poder Judicial”, indicó una fuente de tribunales.

Giannoni, ya jubilada, y López Ávila, que actualmente es titular de la Unidad Fiscal de Robos, que recibieron amenazas por el trabajo que realizaron, llegaron a la conclusión que los efectivos de la fuerza fueron responsables de liberar zonas y alentar a delincuentes a que cometieran los saqueos. También determinaron que no tomaron las medidas necesarias para detener el caos.

El proceso

Después de siete meses de arduo trabajo, en julio de 2014 los fiscales Giannoni y López Ávila pidieron que se enjuiciara a los responsables. Pero hicieron una clara definición de la responsabilidad que tuvieron los 46 imputados.

Por ejemplo, solicitaron que el ex jefe de Policía Jorge Racedo enfrente a un tribunal por no haber tomado las medidas para frenar la sedición. Señalaron como cabecillas de la sedición a Diego Herrera, Pablo Pérez, Federico Castro, Eugenio Mamaní, Ángel Chaile (uno de los fallecidos), Walter García, Miguel Toledo, Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Néstor Salinas, Diego Urquiza y Luis Herrera. También pidieron que se sentaran en el banquillo de los acusados a otros 35 miembros de la fuerza por tener algún tipo de intervención.

Los cargos que deben enfrentar son: sedición agravada por ser miembros de la fuerza de seguridad y por ostentación de armas de fuego; incitación a la violencia colectiva contra la Policía; impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra; privación ilegítima de la libertad y coacción agravada con el fin de obtener concesiones del PE; hurto calamitoso agravado y robo calamitoso agravado. A varios de ellos se les sumó además la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El expediente quedó en manos del juez Víctor Manuel Pérez, el mismo que había sido cuestionado por los fiscales por no haber permitido tomar medidas (allanamientos, detenciones y órdenes de protección) en pleno saqueos como la autorización para desalojar a la fuerza la subjefatura de Policía que estuvo en poder de los huelguistas durante varias horas. Ese era un punto clave para la fuerza. Desde ese lugar no sólo habrían invitado a sus compañeros a sumarse a la protesta, sino que además obtenían información clave sobre dónde estaban los efectivos que seguían en sus puestos.

Sin que se conocieran los motivos del cambio de magistrado, fue la jueza Mirta Lenis de Vera la que aceptó en noviembre de 2015 el planteo de los fiscales. Los jueces de la Cámara de Apelaciones, Enrique Pedicone y Eudoro Albo, en febrero de 2018, resolvieron todos los planteos presentados por los defensores y confirmaron la elevación a juicio de la causa.

Por sorteo, se definió que los jueces de la Sala III debían desarrollar el debate. Pero el tribunal acababa de iniciar el juicio por la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos, audiencias que se extendieron hasta febrero de 2019. Los magistrados Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti tuvieron un importante retraso en su agenda, lo que complicó aún más el comienzo del debate. Luego llegó la pandemia y como se puso en vigencia el nuevo código procesal penal, la causa pasó al regimen conclusional. La Corte Suprema de Justicia ordenó que la prioridad eran resolver los casos críticos, es decir, homicidios y abusos sexuales. Finalmente, el expediente pasó a este tribunal que necesitó varios meses para poder ordenar todo y fijar fecha de juicio.

Mora

La huelga policial no sólo se registró en Tucumán, sino que fue un movimiento nacional. El primer conflicto estalló en Córdoba y luego fue imitado en la mayoría de las provincias. Los efectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Cruz fueron no generaron conflictos. Además de nuestra provincia, Entre Ríos, “La Docta”, Jujuy y Chaco hubo saqueos y muertos, cuya cantidad nunca llegó a determinarse. La justicia tucumana fue la única que todavía no juzgó a los responsables de la sedición.

Esa mora generó numerosos problemas. El más grave, sin lugar a dudas, es que no se sabe cuántos de los acusados siguen prestando servicios en la Policía. Las leyes son claras: los efectivos que están imputados por algún delito deben ser separados de la fuerza hasta que se aclare su situación procesal. Si pasan dos años y todavía no fueron condenados o absueltos, deben ser reincorporados.

Postura

“Buscamos que se haga justicia”

“Buscamos justicia y haremos todo lo que esté en el marco de la ley, luego serán los jueces quienes tomen la decisión acerca de la culpabilidad o no de los acusados”, explicó José María Molina, que fue designado por el fiscal de Estado, Federico Nazur, para que interviniera en el juicio.
“La causa cuenta con suficientes elementos de pruebas para demostrar la responsabilidad penal de los imputados. Tal es así que fue elevada a juicio con un requerimiento acusatorio objetivo en el que se describe la conducta desplegada por cada uno de los acusados”, añadió el profesional que será asistido por Santiago Xamana. “Evaluaremos el monto de las penas que solicitaremos, no sólo con lo previsto en los delitos por los que fueron acusados, sino también valorando las parámetros exigidos como atenuantes y agravantes”, finalizó Molina.