02 Marzo 2023
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó el discurso que brindó ayer el presidente Alberto Fernández al inaugurar el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso.
A través de un comunicado, la entidad, presidida por Marcelo Gallo Tagle, expresó su "estupor por las palabras" del jefe de Estado. "Un acto de esa trascendencia institucional, diseñado para dar cuenta al país sobre el estado de la Nación, fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación quienes, con innegable estatura cívica, escucharon educadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de la actividad de otro poder del Estado".
"Hacemos votos para que se reflexione sobre el daño que estas actitudes ocasionan a nuestra instituciones, vitales para el adecuado funcionamiento de nuestra vida democrática", agregó.
Apertura de sesiones ordinarias: Alberto Fernández arremetió contra la Justicia
Ayer, el mandatario lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). "Desde hace un tiempo el Poder Judicial no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente ni se muestra con independencia", afirmó Fernández y sostuvo que los integrantes del Poder Judicial tienen vínculos "poco transparentes" con empresarios y miembros de la política.
"No pretendo descalificar a la totalidad del Poder Judicial por la conducta de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales", añadió, reprodujo el sitio Todo Noticias (TN).
Y consideró que "no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas palaciegas desatadas en la sede del máximo tribunal del país por controlar el manejo de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles".
En otro tramo de su discurso, el titular del Partido Justicialista (PJ) Nacional acusó al máximo tribunal de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. También cuestionó el fallo que le ordenó al Gobierno devolverle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires parte de los fondos coparticipables.
"La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’ y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal", sostuvo.
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