El embarazo de una detenida genera polémica

Se trata de un caso que salió a la luz y que generó un escándalo tanto en la fuerza policial como en la Justicia. Para muchos, se trata de una consecuencia más de la crisis carcelaria y una señal de lo que ocurre en las comisarías de la provincia. Todo se conoció por la declaración de una joven que quedó embarazada en condiciones de encierro y, para evitar que todo se conociera, nunca recibió atención médica a pesar de que quedan pocas semanas para que nazca el bebé.

Esta historia comenzó a escribirse el 12 de noviembre de 2021. Ese día, Carlos Antonio Guzmán salió de su casa con $ 2 millones que había cobrado de una indemnización para comprar dos hectáreas de tierra en Río Colorado. Dos días después, fue encontrado sin vida en un predio de esa localidad de Famaillá, con un disparo en la cabeza.

A los días fue detenido y acusado del crimen Leonardo Gonzalo Argañaraz (33 años). La fiscala Mónica García de Targa lo acusó de homicidio agravado y logró que le dictaran la prisión preventiva, medida que aún está cumpliendo. Pero en la audiencia de formulación de cargos, la hija de la víctima, Paula Verónica Guzmán pidió hablar. “La situación había llegado a un punto límite. Estoy segura de que si no lo mataba, él me mataría”, esas fueron las palabras que utilizó para confesar haber pagado para que asesinaran a su padre. “Fue por el infierno que viví durante mucho tiempo. Ya no aguantaba más”, indicó la joven al borde de las lágrimas el 5 de diciembre de 2021.

“Desde los 11 años que él abusaba de mí. Todos estos años guardé silencio porque tenía miedo de que no me creyeran. Desde esa fecha hasta los últimos días de su vida él me atacó”, comentó la joven. “Apenas si me dejó terminar la primaria. Quería seguir estudiando, pero no me dejó. Él quería que fuera suya por eso no quería que me relacionara con nadie. Y todo eso generó en mi interior un odio en contra de él. Ya no aguantaba más. Tenía miedo de que me matara”, añadió.

Después de la confesión, la fiscala ordenó su aprehensión y luego se realizó una audiencia en su contra. Le dictaron la prisión preventiva, medida que está cumpliendo. El juicio contra los dos acusados está próximo a realizarse.

La seccional 1ª es considerada como la dependencia policial más importante de la provincia. No sólo porque bajo su jurisdicción se encuentra todo el microcentro tucumano, sino porque además sus hombres deben custodiar lo que suceda, nada más y nada menos, en la zona de la Casa de Gobierno. El personal que presta servicios allí, por ejemplo, debe lidiar todos los días con las protestas. También es una de las comisarías que mayor cantidad de detenidos puede albergar. Y tiene una particularidad: allí son alojados hombres y mujeres, aunque en calabozos diferentes.

La acusada, al no haber lugar de encierro para detenidas en el sur de la provincia, fue trasladada hace varios meses a esa dependencia. Días atrás, al acercarse la fecha del inicio del juicio en su contra, la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís decidió entrevistarla. Cuando la vio, descubrió que estaba gestando el octavo mes de embarazo y que esa situación no había sido informada, tal y como indican las normas.

Al profundizar la pesquisa, las autoridades descubrieron que no había sido autorizada a recibir encuentros íntimos. Según trascendió, la detenida le habría informado a su defensora que a una joven trans, por falta de espacio, la alojaron en su celda. También contó que ella era la persona que le daba drogas (psicofármacos y marihuana), que también habría comercializado entre los alojados en esa dependencia.

Ferreyra Asís tomó cartas en el asunto. El primer paso fue pedir autorización para que la joven sea revisada por los profesionales de la Maternidad. El juez Mario Velázquez, ante la gravedad del caso, firmó el oficio a las tres de la mañana. En el centro asistencial, le detectaron una infección urinaria, pero confirmaron que su estado de salud, como el del niño que estaba gestando, era bueno.

“No haré declaraciones sobre el tema”, le dijo a LA GACETA Ferreyra Asís. La defensora oficial no realizó denuncia, aunque labró un acta como constancia sobre la situación de su asistida y, según trascendió, envió copias al juez interviniente del caso y al Ministerio Público Fiscal para que estuvieran al tanto de la situación.

En los últimos días, según confirmaron fuentes judiciales, la defensora solicitó que a Guzmán se le otorgue el arresto domiciliario con custodia policial, medida que cumplirá hasta que sea enjuiciada y cumpla parte de la condena que le podrían dictar. Eso ocurrirá porque la Cárcel de Mujeres no está preparada para albergar mujeres embarazadas y, mucho menos, para que las detenidas puedan permanecer alojadas con su hijo.

El MPF también está analizando el caso. En principio, la joven habría declarado que no fue abusada. Sí estarían analizando el supuesto tráfico de drogas en el penal y si los policías cometieron algún tipo de irregularidad. Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que ya iniciaron actuaciones administrativas para definir qué es lo que sucedió.