18 Febrero 2023
El Congreso de los Diputados español aprobó esta semana una norma para que las personas que sufren menstruaciones dolorosas, puedan tomarse días por “baja menstrual”. La cual se configura como una medida pionera en la Unión Europea, ya que puso sobre la mesa un problema real de las personas menstruantes: la dificultad para desempañarse en la jornada laboral con dolores bajo abdominales intensos.
El texto de la ley afirma que “tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis”. Y añade que ”Se trata de dar una regulación adecuada a esta situación patológica con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral”.
Cabe destacar que esta ley no especifica cuánto tiempo durará la licencia por enfermedad. Pero sí prevé que se imparta más educación sexual en las escuelas y la distribución gratuita de anticonceptivos y productos de higiene menstrual en los institutos.
”Hoy es un día histórico de avance en derechos feministas”, escribió en Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de Izquierda radical, Podemos.
Contra la salud menstrual
La ley de “baja menstrual” despertó las críticas por parte de un sector de la sociedad, especialmente la parte socialista del gobierno y el sindicato UGT (Unión General de Trabajadores), uno de los dos mayores sindicatos del país, el cual expresó su preocupación por que los empresarios que quieran evitarlas acaben frenando la contratación de mujeres.
Por su parte, el conservador Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, advirtió del riesgo de “marginación, estigmatización” y “consecuencias negativas en el mercado laboral” para las mujeres.
La baja menstrual es una de las medidas claves de un proyecto de ley mucho más amplio para aumentar el acceso al aborto en los hospitales públicos, que practican menos del 15% de los abortos del país, debido principalmente a la masiva objeción de conciencia de los médicos.
La ley permitirá además a las menores abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años, anulando una obligación instaurada por un gobierno conservador en 2015.
El aborto se despenalizó en España en 1985 y luego se legalizó en 2010, pero sigue siendo un derecho plagado de obstáculos en este país tradicionalmente católico.
España es un país considerado referencia de los derechos de la mujer en Europa, especialmente desde la aprobación de una ley sobre violencia de género en 2004.
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