El Cadillal: afirman que hay lazos políticos con el dueño de la empresa que hará la obra

El legislador radical José Ricardo Ascárate manifestó su descontento por la elección de la UTE compuesta por Merco Vial S.A. y Sabavisa S.A. para realizar los arreglos en el dique El Cadillal, principalmente porque el CEO de Sabavisa, Victorio Américo Gualtieri, tiene antecedentes negativos, según el legislador.

“Gualtieri es el Yabrán de Duhalde. Es dueño de tierras en el conurbano bonaerense, autor de la deforestación del Chaco hasta el año 2010. Está involucrado en causas gravísimas por gobiernos provinciales”, indicó Ascárate, enumerando también otras vinculaciones del empresario, incluida su cercana relación con Jorge Capitanich, gobernador de Chaco. En esa provincia, según el radical, se encargó de varias obras públicas.

Pero además de los antecedentes de Gualtieri, Ascárate remarcó también que el presupuesto realizado por la UTE podría llegar a ser mucho más elevado que lo previsto inicialmente, que son $688 millones, y que fue una de las razones por las que la Provincia le adjudicó la obra. “La presa lateral número 3 requiere inyecciones inclinadas. Y de acuerdo al porcentaje de inyecciones inclinadas, la oferta de Gualtieri puede llegar a ser más cara que la tercera oferta, la de Cartellone. Cotiza un precio que es diez veces el de las otras empresas”, apuntaló el legislador.

Tal como publicó LA GACETA, la UTE Sabavisa-Merco Vial fue la única en consignar un monto por debajo del costo estimado para la obra: $688,97 millones. Además, la unión transitoria se comprometió a ejecutar los trabajos en los cuatro meses estipulados por el pliego. De esta manera, se descartaron las ofertas de Fundaciones Especiales SA ($846,6 millones y un plazo de ejecución de siete meses) y de José Cartellone Construcciones Civiles SA ($1.074 millones y un plazo de 18 semanas; es decir, cuatro meses y medio).

Ascárate también hizo hincapié en que la elección de la empresa fue en contra de la recomendación de algunos técnicos del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep). “El informe del Orsep recomendaba la segunda oferta (Fundaciones Especiales), que tiene los mismos antecedentes, y que tenía mejor precio para las inyecciones inclinadas. Es insólito sé que si el técnico del Orsep dijo que no es adecuado, el Gobierno diga que sí lo es, y haya procedido”, se quejó el dirigente radical.

Y justamente, con respecto al proceso de elección, le respondió al gobernador Osvaldo Jaldo, que dijo que fue “transparente, legal y constitucional”. “El procedimiento es legal porque es un DNU que tuvo la aprobación de la Legislatura por una razón que es evidente: es urgente reparar el dique. Eso no significa que sea transparente ni menos constitucional”, recalcó Ascárate, que dijo que debió haberse llevado a cabo una licitación pública, y no una contratación directa. ”Acá hubo una apariencia de licitación, porque hay más de un oferente, pero no se cumplen las normas de la licitación, que son la igualdad de oportunidades de todos para ofrecer, sino que se hicieron invitaciones”, sostuvo.

Las obras

Los trabajos que se llevarán a cabo en el dique Celestino Gelsi son para reparar unas filtraciones detectadas hace ya más de 20 años, pero que recién en 2021 comenzaron a aumentar de magnitud.

La empresa Hidroeléctrica Tucumán, que tiene la concesión del dique, manifestó no tener los recursos financieros para ejecutar los arreglos, por lo que la Provincia decidió tomar a su cargo los trabajos. La razón es que los trabajos deben realizarse de manera urgente, si no, podría faltar el agua para ingenios y productores, ya que actualmente, por las filtraciones, está limitado el nivel de carga del embalse.

Si bien desde la empresa concesionaria, así como también algunos técnicos del Orsep, recomendaron la contratación de Fundaciones Especiales, debido a sus antecedentes, desde Casa de Gobierno explicaron que se eligió la UTE porque es la firma que garantizaba comenzar los trabajos lo antes posible (el 15 de febrero, fecha tope establecida por el gobernador Osvaldo Jaldo), porque su oferta se asemejaba al presupuesto oficial, y porque los plazos de trabajo eran los estimados por el Gobierno (cuatro meses y medio). Además, según indicó Soria a LG PLAY, "tiene los respaldos económicos suficientes y demostrables".