El DNU por el dique obtuvo el aval legislativo

El Gobierno provincial consiguió el visto bueno de la Legislatura para avanzar con la contratación directa de la empresa constructora que llevará adelante la reparación de la presa N° 3 del dique Cadillal. De esta forma, sólo resta que se confirme cuál de las tres ofertas recibidas por el Poder Ejecutivo (PE) será la aceptada, a fin de comenzar los trabajos dentro de dos semanas.

La sesión extraordinaria se inició pasadas las 9, con la presidencia del vicegobernador Sergio Mansilla (PJ). Durante unas dos horas se debatió el decreto de necesidad y urgencia (DNU) enviado por el gobernador, Osvaldo Jaldo, para avanzar con la solución al problema de las filtraciones en el embalse.

El legislador peronista Tulio Caponio, titular de la comisión de Obras Públicas, explicó que, según los técnicos enviados por la Casa de Gobierno, “este es el momento preciso” para realizar los trabajos. “Se necesita con urgencia de esta obra porque de este dique depende mucho la industria azucarera de Tucumán”, justificó.

“La situación se agravó”

El radical José Ricardo Ascárate, que también integra la comisión, expresó su coincidencia en que el estado de situación hacía necesario este “procedimiento de emergencia”. Aunque cuestionó desde lo técnico y desde lo político las medidas aplicadas por los órganos competentes. “El dique El Cadillal es propiedad de la Provincia de Tucumán; no está cedido, y eso lo dice una ley provincial. Ha sido privatizado solamente el aprovechamiento hidroeléctrico”, afirmó. Además, sostuvo que “la presa desde noviembre de 2021 estaba en estado de emergencia, y un año después, la situación se agravó”.

Raúl Pellegrini (PJS-JxC) instó a analizar el contrato con la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, en especial, ahora que será la Provincia la que asuma los desembolsos por la obra, de un monto estimado en el pliego original de $700 millones. “Es increíble que una empresa no cumpla con sus obligaciones y nadie diga nada, no haya sanciones ni costos para los responsables. La Nación debería al menos revisar la concesión y es Juan Manzur, como jefe de Gabinete, quien tiene que impulsar este tema”, reclamó el alfarista.

“Prioridad máxima”

El oficialista Armando Cortalezzi (PJ) admitió que “es una situación muy delicada, que merece mucha premura”. Y valoró que el caso haya sido tomado como “una prioridad máxima”.

Horacio Vermal, de Fuerza Republicana, recordó que el bussismo se opone al procedimiento de la contratación directa de las obras. Sin embargo, aclaró que en el DNU para la reparación del dique representa “un caso diferente”. “Entiendo que esta vez realmente estamos en presencia de una necesidad y de una urgencia ante la posibilidad cierta y concreta de que la provincia se quede, nada más y nada menos, que sin agua suficiente para el consumo humano, el riego y parte de su industria”, indicó.

Federico Masso, de Libres del Sur, puso el foco sobre el ministro de Obras Públicas, Fabián Soria. “Ha sido compañero mío en la Tecnológica; (es) un ingeniero en sistemas, que de esto poco sabe y de obras públicas sabe menos; pero poco se lo nombra, porque, y acá hay que decirlo, muchos negocios del Estado nacional ‘bajan’ por la Universidad Tecnológica Nacional. Por eso todos se cuidan de hablar del ingeniero Soria. Porque en los distintos gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, la UTN ha sido, como se habla del Cadillal, un ‘cauce’ para que bajen recursos del Estado, y la mejor manera de hacerlo, fue por la universidad pública, en este caso, la UTN”, afirmó Masso.

Con el foco en una UTE

Walter Berarducci (PJS) se detuvo en Sabavisa SA y Mercovial SA, dos de las firmas invitadas al cotejo de precios por el Poder Ejecutivo que se presentaron como unión transitoria (su oferta compite contra otras dos, elevadas por Fundaciones Especiales SA y por José Cartellone SA). “Oh, casualidad, en ambas empresas (Sabavisa y Mercovial) está José Luis Gualtieri: en una como vicepresidente y en otra como director. Y en Sabavisa SA, a pesar de que es distinta y diferente de Mercovial SA, está el representante técnico, Luis Daniel Vicenti, y en la empresa Mercovial SA, qué casualidad, de representante técnico, también es Luis Daniel Vicenti”, afirmó. En tono irónico, planteó que “esto puede ser coincidencia”. “Pero también tienen el mismo apoderado, Néstor Raúl Fossa, en las dos empresas”, remarcó. Luego, citando medios nacionales, añadió que Gualtieri fue “denunciado por (Alberto) Rodríguez Saá”, gobernador de San Luis, por dos proyectos relacionados a diques. Además, mencionó que, según un informe del Organismo Regulador de Control de Presas, Mercovial SA “presenta experiencia en el rubro”, pero tiene como antecedente la rescisión de contrato por incumplimiento de obra en dos proyectos en la provincia puntana. “Esta es la denuncia de Rodríguez Saá, que no es de JxC”, afirmó Berarducci. Además, cuestionó el artículo 2° del decreto, ya que “convalida todo lo actuado por el PE”. “Como abogado, (ese apartado) hace ruido”, dijo el alfarista. Y planteó: “todos queremos que se solucione el tema de la presa N°3, pero no queremos pícaros”.

Carlos Gómez, del PJ, consideró que “se trató de demonizar esto” el tema de El Cadillal. Y sostuvo que se buscó “llevar pánico a la gente de la capital y del este tucumano”. Luego, valoró la decisión del Gobierno provincial de avanzar con un proyecto de reparación e “ir a recuperar esos recursos que se invierten”.

José Canelada (UCR), a su turno, cuestionó “un modelo de gestión, que es el de la desidia”. Y destacó la exposición de Berarducci. “Parte de lo que hizo (el Ejecutivo) ha sido invitar a empresas que tienen vinculaciones con denuncias en provincias como San Luis, por presuntas estafas con el fisco”, dijo el radical. En principio, pidió permiso para abstenerse de votar, pero sus pares le negaron tal posibilidad; entonces, Canelada se expresó en contra del DNU.

El oficialista Caponio, para cerrar el debate, se refirió a las sospechas planteadas por la oposición. “Hay un Tribunal de Cuentas que va a controlar el proceso”, señaló. Y consideró que “el responsable de esta situación tiene nombre y apellido: se llama Hidroeléctrica Tucumán SA, y tendría que tener los fondos para realizar los trabajos”.

Finalmente, los legisladores pasaron a votar, y el DNU fue aprobado por 39 votos a favor, y uno en contra.