Por Gustavo Rodríguez
30 Enero 2023
TENDENCIA. El sistema, muy usado por los jóvenes, dio lugar a un violento incidente el sábado.
Fue una nueva batalla en la guerra que mantienen los inspectores de tránsito con los choferes de Uber. Un conductor de este servicio que no está legalizado en la provincia accedió a una probation por haber amenazado con un arma de fuego a un agente capitalino. Antes, durante y después de la audiencia, el caso generó polémicas.
Usuarios piden la legalización de ese servicio. Los taxistas reclaman -hubo dos violentas manifestaciones en contra del medio de transporte- controles más severos. Y los conductores de Uber, libertad para poder trabajar en una actividad que tiene auge en todo el mundo.
El hecho se registró el sábado en 24 de Septiembre y San Luis. Cerca de las 5 de la mañana, en un control de rutina, dos municipales detuvieron la marcha de un hombre que transportaba en el asiento trasero de un VW Voyage a una mujer.
Los inspectores le solicitaron la licencia de conducir y la tarjeta verde a José Eduardo Granillo. Le preguntaron si era un chofer de Uber y les dijo que no. Luego, hablaron con la pasajera. Ella aseguró no conocer a esa persona y que lo había contratado a través de una aplicación. Ante esa situación, los municipales le anunciaron que le retendrían el auto.
Amenaza y fuga
El conductor intentó recuperar la documentación. “Entregámelas porque son mías”, les habría dicho a los dos hombres de Tránsito. Como no pudo cumplir con su objetivo, ingresó al interior del vehículo y extrajo un arma de fuego y la remontó. Luego le apuntó a la pierna al agente Eduardo Sacripanti. La pasajera, al observar lo que estaba pasando, huyó despavorida. Granillo también se escapó.
Por orden del subsecretario de Tránsito y Transporte, Enrique Romero, los inspectores realizaron la denuncia en la ex Brigada. Agentes de Delitos contra las Personas, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib, identificaron al acusado y presentaron las actuaciones. La fiscala de feria María Alejandra Navarro consiguió un allanamiento en el domicilio que aparecía en la documentación retenida. Esa, en realidad, es la vivienda de los padres del señalado.
Al enterarse de que lo estaban buscando, Granillo se presentó ante las autoridades acompañado por su defensor, Javier Lobo Aragón. Pocas horas después, el profesional ofreció que su defendido se sometiera a una salida alternativa para que el caso se cerrara a 48 horas de haberse producido.
Audiencia conflictiva
En la audiencia que se desarrolló el lunes pasado, el auxiliar Fernando Isa, con instrucciones de Navarro, presentó el caso. Después de describir la situación, dijo que el acusado quería someterse a una probation. Además de hacerse cargo del delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, anunció que le pagaría $20.000 a Sacripanti en concepto de reparación por el daño ocasionado, haría tareas comunitarias durante un año en un lugar a designar y cumpliría con varias reglas de conductas que incluían el compromiso de no acercarse a la víctima en un radio de 500 metros.
Temor
El acusado prefirió no declarar en el debate, aunque aclaró que entendía perfectamente las condiciones del acuerdo al que había llegado. Después habló la víctima. “Estoy entendiendo todo lo que se está hablando en esta audiencia, pero mi vida no vale $20.000. Además, ¿quién me garantiza que esta persona no me encuentre en la calle y tome venganza por lo que hizo?”, señaló ante el silencio de las partes.
El juez Eduardo González, después de escuchar a todos, señaló: “son lamentables los hechos de violencia que se están registrando en la provincia. También es lamentable que dos personas por cuestiones laborales terminen envueltas en una situación así”.
RECLAMO. Una de las protestas de taxistas por la presencia de Uber.
Una caza
“El sistema Uber en la capital está prohibido. Y nuestra misión es hacer cumplir las normas vigentes”, aclaró Romero. “Es todo un problema detectarlos porque hacen subir a los pasajeros al asiento delantero para no levantar sospechas. El problema es que no tenemos autoridad para revisarles el celular para ver si tienen la aplicación instalada”, añadió el funcionario.
“Este servicio es una realidad de mucha gente, que lo usa para poder ganarse la vida. La gente de tránsito no los deja vivir”, dijo Lóbo Aragón. “Ven un auto más o menos nuevo con una persona sentada en el asiento delantero y los paran con el único propósito de indagarlos”, añadió.
“Uber es un sistema que se está utilizando desde hace años en todo el mundo y en algunas provincias de nuestro país. Los controles que se hacen tienen otro sentido y son demasiados violentos”, definió el profesional. “Hasta el mismo juez recordó que hace no mucho tiempo atrás condenó a dos inspectores por haber agredido a un motociclista”, finalizó el abogado en una entrevista con LA GACETA.
“No está autorizado”
Romero cuestionó las críticas. “No tienen por qué quejarse. En Tucumán el servicio de Uber no está autorizado y debe combatírselo”, concluyó. (Con colaboración de Micaela Pinna Otero)
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