26 Enero 2023
Lucio Dupuy fue asesinado a golpes en noviembre del 2021 La Brújula 24
Previo al inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno amplió el temario de proyectos incluyendo la denominada “Ley Lucio”. En caso de ser aprobada, la norma promoverá la creación del “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Dicho plan tiene como objetivo capacitar a los agentes de las instituciones públicas para detectar indicios de violencia familiar. La iniciativa surge debido al caso del niño asesinado, en el que se detectaron, posteriormente, situaciones de alerta que pasaron desapercibidas.
La ampliación del temario de las sesiones ordinarias se publicó en el Boletín Oficial bajo el decreto 45/2023, con la firma del presidente Alberto Fernández, y en su artículo 1° solicita que el tema sea tratado por el Honorable Congreso de la Nación.
Los detalles del proyecto de la “Ley Lucio”
El proyecto establece que el objeto de esta propuesta es la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Para lograr ese objetivo se establece una capacitación para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
En los fundamentos del proyecto se señala que “el crimen puso en escena la violencia familiar, acoso o indiferencia de la que niños, niñas y adolescentes son víctimas cada día. También las situaciones de abuso que sufren principalmente por parte de personas de su entorno”.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas, niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
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