Un controversial informe presentó hoy la administración de Alberto Fernández ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se solicitó al Consejo de Derechos Humanos que acompañe las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho” en la Argentina.
En su presentación, el l secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expuso: “Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”
“El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar. El único fin que impulsa esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”, expresó.
Luego, añadió que “esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas, favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos (especialmente de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen un impacto evidentemente negativo en la sociedad como conjunto”
También advirtió que “esta manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la 'delación premiada' para iniciar procesos sin sustento”.
Por todo esto, Argentina pidió “el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país”.
Además, en una larga exposición sobre todas las políticas públicas en materia de derechos humanos impulsadas en los últimos tres años por el Gobierno, Pietragalla marcó como uno de los "desafíos más importantes" de la Argentina poder hacer frente al "brutal endeudamiento con el FMI" acordado por el anterior Gobierno de Mauricio Macri y la proliferación de los "discursos de odio, agravados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner", meses atrás.
Pietragalla Corti ratificó una vez más que la defensa de los derechos humanos "es la columna vertebral" de la gestión del Gobierno, enfocada en priorizar a los "grupos más vulnerables".
Discursos de odio
En su disertación, Pietragalla Corti pidió "abordar el debate necesario sobre los denominados discursos de odio y sus implicancias para la convivencia democrática".
"Esta problemática se ha visto agravada debido a los terribles sucesos acaecidos en los últimos meses, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación, y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", alertó y recordó que se trata de un "fenómeno" que excede las fronteras argentinas.
A modo de ejemplo, mencionó "el asalto a los tres poderes del Estado (de Brasil) por parte de grupos que responden al expresidente (Jair) Bolsonaro" y el "intento de atentado contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de días atrás".