Presentaron un amparo ante la Justicia para que adolescentes de 16 y 17 años administren su propia AUH

Presentaron un amparo ante la Justicia para que adolescentes de 16 y 17 años administren su propia AUH

Se trata de una campaña de ACIJ para visibilizar un reclamo de modificación sobre la normativa que alienta la progresiva autonomía de jóvenes.

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20 Enero 2023

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un amparo colectivo para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implemente “de forma urgente” un mecanismo que permita que los adolescentes cobrar y administrar su propia Asignación Universal por Hijo (AUH).

Por el momento, dicho beneficio requiere de la conformidad parental para efectuarse el cambio de titularidad del cobro. De acuerdo con la ACIJ, esto “conlleva una vulneración a su autonomía -conforme a su edad y madurez- y, para quienes se encuentran distanciadas/os de sus familias, una total desprotección de sus derechos” y tiene una “fuerte lógica adultocéntrica”.

“El ordenamiento jurídico internacional y nacional reconoce a este grupo la autonomía progresiva para poder administrar sus recursos, pero el Estado en la práctica lo niega”, cuando el ordenamiento jurídico argentino los habilita a votar o hacerse intervenciones complejas de salud, explicaron de la identidad,

En ese sentido, la ACIJ consideró que “es urgente que se modifique la presunción en contra de la capacidad de este grupo y garantizar que puedan acceder a la administración de esta prestación y así asegurar el acceso a sus derechos básicos”.

En qué consiste el amparo presentado por la ACIJ ante la Justicia

La medida presentada por la entidad tiene alcance colectivo y tendrá efecto inmediato sobre todos los adolescentes que cuenten con 16 y 17 años. El planteo solicita que se declare inconstitucional el requisito de conformidad parental y que la ANSES “implemente un mecanismo expedito, sencillo y accesible para la realización de cambios de titularidad de la AUH en favor” de ellos.

Por otra parte, la entidad señaló que “la acción judicial no pretende desligar a las familias del ejercicio de su responsabilidad parental o de la supervisión del uso de los recursos, sino modificar una presunción ilegal de que quienes se encuentran en transición a la mayoría de edad no tienen capacidad de administrar el dinero que el Estado destina para ellas/os”.

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