En medio de la tempestad política que se desató por las reparaciones en El Cadillal, el Gobierno que encabeza Osvaldo Jaldo avanza con la premisa que se fijó desde un principio: imprimirle celeridad al trámite para poder comenzar con las obras de reparación cuanto antes.
En ese sentido, esta mañana ingresó a la Legislatura el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmaron todas las autoridades del Poder Ejecutivo para que se autorice la ejecución de los trabajos de manera directa.
Para acompañar la decisión que tomó la Casa de Gobierno, las autoridades de la Cámara convocaron para el martes 23, a las 10, a una reunión de Labor Parlamentaria para acordar los detalles del debate por este tema.
Por los pasillos del palacio espejado resuena que el martes 31 de enero podría ser la fecha en la que los legisladores bajen al recinto. En dicho debate también se incluiría el DNU N° 8/1, por los seguros escolares.
El instrumento que firmó Jaldo y su Gabinete de ministros se encuentra en vigencia plena, dado que es un atributo constitucional que tiene el titular del Ejecutivo ante situaciones de emergencia (Artículo 101). La Carta Magna de Tucumán establece que, desde que ingresa el DNU, la Legislatura tiene 20 días para expedirse sobre su validez.
“En caso que fuera ratificado o venciera el plazo establecido por el presente artículo, sin que la Legislatura se pronunciare, su contenido adquirirá fuerza de ley a partir de la fecha en que fue dictado. Si dentro de dicho término la Legislatura lo rechazare, será nulo de nulidad absoluta y carente de validez legal, sin perjuicio de los efectos cumplidos con motivo de su aplicación inmediata, los que no generarán derechos adquiridos”, reza el Artículo 101.
El oficialismo provincial cuenta con los votos necesarios para avalar la determinación que tomó el Poder Ejecutivo. De todos modos, buscarían contar con el mayor acompañamiento posible. Por las muestras que ya se dieron, se estima que será un debate muy acalorado
Los daños en El Cadillal y las medidas que tomará el Gobierno
En caso de que las obras demoraran en comenzar, o de que las cosas no salieran del modo previsto, las consecuencias serían, como máximo, una disminución en la provisión de agua para ingenios y productores, y en un caso más extremo, de agua potable para los usuarios.
Sin embargo, desde la Provincia se están preparando para todo tipo de situaciones, al no saber con qué magnitud de filtraciones se encontrarán, ni cómo serán las condiciones climáticas.
Por eso, desde Defensa Civil ya tienen preparado un plan de acción ante posibles emergencias, que prevé, incluso, hasta un posible colapso del dique, a pesar de que es muy difícil que ocurra, teniendo en cuenta que el nivel de cota del dique se encuentra bastante bajo (591,69 m.s.n.m), y que las situaciones de emergencia recién podrían darse con la cota a 605,5, y con situaciones como crecidas extraordinarias o roturas mayores.
En este documento, al que LA GACETA tuvo acceso, se puede ver qué áreas serían afectadas ante una posible rotura tanto de la presa principal, como de las presas laterales N°3 y 4.
En el peor de los casos, las estimaciones son que las inundaciones provocadas por estas hipotéticas roturas podrían alcanzar a cerca de 500.000 personas de distintos departamentos: zonas de la Capital, Burruyacú, Cruz Alta, Leales, Simoca, Tafí Viejo y Las Talitas se verían afectadas. En San Miguel, el agua podría llegar incluso a algunos sectores de la avenida Avellaneda, y tocar algunas partes de Barrio Sur.
El informe también contempla la cantidad de establecimientos públicos que se verían perjudicados por las inundaciones: 198 escuelas, 58 nosocomios de salud, y 28 establecimientos de seguridad.
Para las distintas situaciones que podrían derivarse en caso de roturas mayores, se plantearon tres tipos diferentes de alerta: blanca, amarilla y roja. Para todos los casos, se diseñaron ya planes de contingencia.
Si bien es muy baja la probabilidad de situaciones de desastre, desde el Gobierno provincial prefieren tomar recaudos, y estar preparados para cualquier cosa.