La posible resolución del caso Zarlenga desató una inusitada polémica en la provincia. Pese a los cuestionamientos que se escucharon durante todo la jornada, los penalistas aplaudieron la realización del convenio.
Romina Campero recordó que antes de la implementación del nuevo código procesal penal, los expedientes de este tipo de ilícito quedaban archivados o, como máximo, los acusados firmaban una suspensión de juicio a prueba. “Realizaban tareas comunitarias durante dos años, hacían donaciones y, en algunas oportunidades, una reparación insignificante a las víctimas”, explicó.
“En este caso, me parece atinado que el Ministerio Público Fiscal haya escuchado a los familiares de las víctimas y que hayan podido llegar a un acuerdo que respete sus intereses. Nadie podrá devolverles a sus seres queridos ni quitarles el dolor, pero decidieron evitar sobrellevar un juicio muy doloroso que posiblemente no culminaría con las expectativas que les transmitieron sus abogados querellantes”, destacó.
“Si llegara a aprobarse el convenio, Zarlenga será condenado y debera cumplir con reglas de conductas. Si no lo hace, irá a la cárcel”, señaló.
Patricio Char opinó: “El nuevo proceso que tenemos en Tucumán faculta enormemente a las partes a realizar acuerdos que mejor le convengan a sus intereses. Es un modelo importado de los países del Norte que podemos ver en las películas desde hace años. El juez debe controlar ciertos requisitos nada más, como por ejemplo que las penas acordadas sean congruentes con los hechos sucedidos”.
Por su parte, José María Molina sostuvo que esta es una típica solución que ofrece el nuevo código. “La resolución de conflictos debe encontrarse como prioridad y en última instancia, debatir las cuestiones en juicio oral. Si bien la suma es considerable, ello debe ser merituado con relación a la forma en que ocurrieron los hechos y la cantidad de víctimas. Analizado este punto, me parece razonable lo ofrecido y aceptado. Deberemos esperar qué opinión le merece al juez que intervenga en el acuerdo abreviado”, sostuvo.
“Muchos piensan que el castigo verdadero sería verlo al imputado en un calabozo, pero no es así”, explicó Aníbal Paz. ”Imaginaba que este conflicto se solucionaría de esta manera. En definitiva, Zarlenga recibirá una condena y los familiares de las víctimas podrán cobrar el dinero que los podría ayudar”, añadió.
Por su parte, Álvaro Zelarayán indicó: “es una alternativa que ofrece el nuevo código y no se puede decir que sea bueno o malo. Sin embargo, no creo que el mensaje que deba darse es que pagando se soluciona una muerte pagando”. “Se trató de un accidente, no hubo dolo. Creo que es importante para la familia porque evita el desgaste de un juicio en el que nadie puede garantizar su resultado”, finalizó.