06 Enero 2023
No nos debería sorprender: el Partido Justicialista tiene un frondoso prontuario en su enfrentamiento con la justicia. En el año 1995, el gobernador Néstor Kirchner desplazó a Eduardo Sosa, jefe de los fiscales de Santa Cruz (tuvo la osadía de investigar al gobierno) a pesar de la orden de la Corte Suprema de reponerlo en el cargo. En el año 2002 al presidente Duhalde no le gustó que la Corte declare inconstitucional “el corralito” e intentó el juicio político a todos sus miembros. En la administración de los Kirchner, a medida que se denunciaban los hechos de corrupción, sin ningún pudor empezaron a atacar al poder judicial: “ley de democratización de la justicia”, ataques al juez supremo Carlos Fayt, reformas del consejo de la magistratura, ataque al fiscal general de la Nación Eduardo Casal, proyecto de ampliación de la Corte Suprema (¡25 miembros!) y, finalmente, este desacato a una orden del máximo tribunal de reintegrar a la ciudad de buenos aires el dinero que le quitaron para regalárselo al gobernador Kicillof. Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala, José López, Ricardo Jaime, etc., fueron condenados por apropiarse de bienes del Estado, es decir, por corruptos. Es significativo el espectáculo de choferes, secretarios, jardineros, ex empleados de bancos y parientes enriquecidos con inversiones en EEUU, el Caribe, bancos suizos o cajas de seguridad. Ellos no combatieron a ninguna dictadura ni realizaron ninguna revolución; tampoco mejoraron la situación de trabajadores o jubilados y terminaron con cifras récord de pobreza e indigencia. La ciudadanía argentina respeta a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por más que el gobierno organice concentraciones para amenazar a los jueces, deben saber que ellos no tienen miedo y que existe una amplia mayoría dispuesta a defender la república.
Luis O. Pérez Cleip
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