Por Roberto Delgado
02 Enero 2023
BARRIO EN CONFLICTO. “Las Pirámides”, en el operativo del 6 de abril. FOTOGRAFÍA / GENTILEZA: GUSTAVO PADILLA
Próspero Marcelo Sosa, administrador del barrio privado “Las Pirámides”, que se levanta dentro del predio del Parque Sierra de San Javier (que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán) fue procesado sin prisión preventiva por desobediencia, por el juez Guillermo Daniel Molinari. Sosa incumplió la orden de la Justicia de 2018 de “suspender de inmediato, toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector individualizado como ‘Las Pirámides’ ”, lo cual había sido denunciado por la Universidad. También se le trabó embargo de bienes por 30 millones de pesos.
Largo litigio
Sosa ocupa un terreno al sur de San Javier, sobre la ruta N° 338, kilómetro 28, muy cerca del límite con Villa Nougués. El predio está dentro del parque Sierra de San Javier, un área de14.000 hectáreas que la UNT posee desde 1947, que se encuentra protegida para preservar la biodiversidad. El conflicto entre el ocupante y la casa de estudios comenzó hace mucho tiempo, cuando Sosa fue denunciado por supuesta usurpación y la causa se terminó en 2008 con el sobreseimiento, dictado por el entonces juez federal Daniel Raúl Bejas ,por el paso del tiempo, porque la UNT no había seguido la querella.
Con esto, Sosa consideró que tenía la posesión del predio -en el que su familia vivió durante muchos años-, comenzó a dividir la tierra. En 2018, tras un incidente que sufrieron excursionistas en el lugar cercano al río San Javier llamado “El salto de la corzuela”, donde fueron echados por personas armadas que les dijeron que era un terreno privado, se supo que se estaban vendiendo por internet lotes para construir el barrio.
Entonces fue que la UNT hizo la denuncia por la existencia del emprendimiento y pidió la cautelar, la cual fue concedida y notificada al acusado el 7 de diciembre de ese año.
Los abogados de la UNT luego denunciaron que Sosa “en forma impune y grosera continuó avanzando, convirtiéndose en un verdadero depredador ambiental”. Como la UNT no tenía acceso al lugar, “con fecha 10/07/2020 se solicitó a la División Ingenieros de la Policía de Tucumán la toma de imágenes satelitales del predio, donde se puede apreciar que el lugar fue brutalmente desmontado para continuar con la venta de lotes y construcción, que resulta ser el oscuro negocio inmobiliario que lleva adelante el denunciado Sosa como actividad principal”.
Operativo de decomiso
El 01/02/2021 se denunció el incumplimiento de la medida cautelar y se pidió, “a los fines de evitar que se continúe con la depredación del bosque nativo, el decomiso y secuestro de todas las máquinas, herramientas, materiales y elementos destinados a tal fin”.
Pero el 19/04/21 el juez de ese momento rechazó el pedido, por lo cual se recurrió ante la Cámara de Apelaciones, la cual dispuso el 02/03/22 que un oficial de Justicia se traslade al predio y verifique la existencia de maquinarias, construcción, desmontes, etcétera, medida que se realizó 06/04/22 y del que hubo registro fotográfico.
“El resultado fue devastador… no solo había un descomunal desmonte, sino que se constató la construcción de 21 casas nuevas, tala indiscriminada, construcciones en progreso, maquinarias en el lugar, materiales, herramientas en uso, etc.”, dijo el letrado de la UNT. El informe dio cuenta de las nuevas casas, un galpón, un quincho, un vivero, cuatro nuevas obras en ejecución, un nuevo desmonte y apertura de una calle de ripio de aproximadamente unos 600 metros de largo, la instalación de tendido eléctrico al costado de la misma.
Posteriormente, el fiscal federal Agustín Chit citó a declarar a Sosa por la desobediencia. Se presentó el 9 de noviembre y expresó: “Me voy a abstener de declarar”.
En consecuencia el juez Molinari consideró que estaba configurado el delito de “Desobediencia a Funcionario Público” (Art. 239 del C.P.) y dispuso el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $ 30 millones “para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles que pudieran derivarse del ilícito imputado”.
El abogado de la UNT, Máximo Castro, consideró que esta medida probablemente impida que avance el emprendimiento, queya tiene 53 viviendas, “que en algún momento deberán ser demolidas, para que se reconstituya el bosque nativo”.
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