Más transparencia y menos discrecionalidad

Cuando se trata de fondos manejados por el Estado, ya sea nacional o provincial, la discrecionalidad aparece como una marca registrada en la administración y distribución de esos recursos. Hay demasiados claroscuros en el proceso de reparto de los dineros y muy poca transparencia sobre las razones para las asignaciones de las partidas, especialmente cuando están dirigidas a las municipalidades. Las justificaciones no están disponibles y las explicaciones tampoco aparecen.

Cuando estas situaciones salen a la luz, el debate se agota en el escenario político, donde la oposición aparece demandando aclaraciones y acusando al oficialismo de discrecionalidad y oportunismo político. Es lo que sucede con los fondos enviados por el Poder Ejecutivo en concepto de fondos no reintegrables a los municipios ya que, cuando se observan los decretos de asignación de las partidas, se descubre que los montos más elevados van dirigidos a las intendencias cuyos gobiernos son del color político del partido gobernante.

En ese marco suelen estallar las diferencias entre ambos grupos, especialmente después de que se reveló que $ 2.250 millones fueron transferidos por el PE a municipios oficialistas para la realización de obras públicas. La dirigencia opositora entiende -y denuncia- que el destino de esos recursos tiene intencionalidad electoral, que esos dineros van a ser usados en la campaña política con vista a los comicios del 14 de mayo de 2023, y que no se verifican en la concreción de las obras que se pregonan. Funcionarios del Gobierno niegan tal discrecionalidad o privilegios para los jefes municipales que responden políticamente al PE y refieren que las obras se hacen, que sólo hay que ir a ver las ciudades del interior para descubrir que los recursos son efectivamente usados para los que fueron destinados. Lo real es que aparecen los decretos especificando la cifra y la intendencia que los recibe; sin embargo, no hay demasiadas precisiones en el texto sobre los trabajos específicos que se realizarán.

La falta de especificaciones y la poca transparencia con la que se efectúan estos trámites ponen en duda la verdadera intencionalidad de los que gestionan el Estado, más aún cuando está tan próxima la elección provincial, ya que toda acción se observa bajo la lupa electoral.

Circunstancia que, nuevamente, pone de relieve la necesidad de contar con mejores sistemas de control de la ejecución de estos recursos para que nadie quede con dudas sobre el manejo de los dineros públicos, de que no hay hijos y entenados, de que la política tiene como fin el bienestar general y no sacar ventajas para los amigos, dejando de lado a aquellos que no les responden políticamente.

Si no se mejoran las reglas de juego en cuanto a la forma en la que se elige el destino y el dinero a utilizar, si no se imponen nuevos esquemas de transparencia sobre las funciones del Estado, el reparto de la plata siempre se observará con dudas razonables sobre la intencionalidad de los administradores. Más transparencia y menos discrecionalidad.