Alfaro: “los $ 2.250 millones no llegan a los vecinos, tienen fines electoralistas”

Con apenas un día de diferencia, el Poder Ejecutivo (PE) creó 12 decretos para girar $ 2.250 millones de fondos no reintegrables para nueve municipios administrados por intendentes oficialistas. Los instrumentos fueron rubricados entre el 12 y el 13 de diciembre, pero fueron publicados todos juntos el lunes, en el Boletín Oficial (BO) N° 30.376. Las críticas de la oposición respecto a la discrecionalidad y la discriminación no se hicieron esperar. Y ahora también el intendente Germán Alfaro (PJS-JxC) embistió contra la gestión de Osvaldo Jaldo, a la que acusó de repartir estos dineros con fines netamente electorales.

El jefe capitalino afirmó que la novedad no lo sorprendió. “Es más de lo mismo. Es más impunidad. Lo peor es que ese dinero no llega a los vecinos. Son fondos que se envían con fines electoralistas. Es una vergüenza lo que estamos viviendo”, disparó Alfaro en diálogo con LA GACETA.

El presidente del PJS, quien aspira a encabezar la fórmula gubernamental de JxC en 2023, señaló que la Provincia lleva girado unos $ 20.000 millones de aportes financieros no reintegrables a los municipios en 2022, pero consideró que eso no se tradujo en mejoras en el interior ni en beneficios para los vecinos. “Cerca de $ 5.000 millones le vienen dado a Banda del Río Salí (en fondos no reintegrables). Para mí son ocho o nueve planillas de sueldo. Y Banda del Río Salí sigue siendo lo mismo o peor. Me duele que ese dinero no llega a los vecinos”, embistió.

“En el interior existe mayor pobreza e informalidad. Deben trasladarse al Gran San Miguel de Tucumán para trabajar. Como primera medida tendrían que ayudar alimentariamente a la gente. No tienen qué comer en el interior. Con esa cantidad de dinero es suficiente para paliar esta situación. Hay muchos tucumanos que no pudieron poner nada en la mesa el 24 y que tampoco van a tener el 31”, desarrolló Alfaro.

Según información extraída del BO que se publicó el lunes, el PE giró: $ 550 millones para Aguilares; $ 500 millones para Banda del Río Salí; $ 300 millones para Famaillá; $ 215 millones para Burruyacu; $ 180 millones para Alberdi; $ 160 millones para Lules; $ 135 millones para Monteros; $ 95 millones para Graneros; y $ 90 millones para Trancas. Todos llevan la firma del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien estuvo a cargo del PE en esas jornadas porque Jaldo viajaba a Buenos Aires.

En los decretos se indicó que los dineros se implementarán para obras públicas (no se precisa cuáles en el BO), excepto por Burruyacu que aclaró que parte de los fondos serían para contener a familias de escasos recursos en las Fiestas y adquirir luminarias.

Polémica por el fallo de la Corte

El titular del Ejecutivo municipal insistió con que esos dineros públicos tendrían fines electorales y consideró que “es una vergüenza” dado el contexto social que tiene la provincia. “La gente está desesperada por cobrar planes y bonos. El 60% de los empleados de la provincia son estatales y el 40% son privados, cuando tendría que ser al revés. Esta es una provincia que vive solo si tiene la asistencia del Estado nacional”, disparó.

Alfaro también se inmiscuyó en el conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a los recursos coparticipables. “La vergüenza más grande es que el Presidente (Alberto Fernández) haya juntado a los gobernadores para levantarse en rebelión y al otro día acató el fallo. Y el gobernador (Jaldo) no abre la boca ni dice nada. No tiene actitudes como las de los gobernadores de Córdoba o de Santa Fe. Se está rompiendo el Estado de Derecho, la República. El Presidente da lástima y vergüenza ajena”, criticó.

El intendente de San Miguel de Tucumán dijo que los gobernadores del Frente de Todos “son manejados a látigo” y dijo que eso también se traduce en nuestra provincia, en alusión al Convenio de Asistencia Garantizada (conocido como “Pacto Fiscal” o “Pacto Social”). “Cuando no tenés autonomía económica no tenés autonomía política. Eso hace el “Pacto Social”, cuestionó.

De los 19 municipios que tiene la provincia, 13 se encuentran adheridos a este mecanismo nacido durante el alperovichismo (Ley 7.974). A través de este instrumento las administraciones municipales ceden lo que les corresponde de la coparticipación nacional y provincial a cambio de que el Ejecutivo les garantice el pago de sueldos y otros gastos. A su vez, la Provincia puede otorgar asistencias -reintegrables o no- a través del Ministerio del Interior para obras u otro tipo de necesidades. Además de la Capital, fuera de este acuerdo se encuentran Las Talitas, Trancas, La Cocha, Burruyacu y Graneros.

Un proyecto de ley sin tratamiento

El alfarismo viene impulsado modificaciones en la metodología en que el Gobierno asiste a los municipios con fondos reintegrables y no reintegrables. El legislador Walter Berarducci presentó en agosto un proyecto de ley para que se establezcan una serie de pautas objetivas a cumplir para que se lleven a cabo los desembolsos. “El espíritu del proyecto es evitar el otorgamiento discrecional, a través de los decretos del Poder Ejecutivo, sin que se acredite la debida utilidad, urgencia y necesidad pública que se satisface a través de dicha concesión. Todo ello con el fin de lograr transparencia y la equidad de distribución, para evitar direccionamientos o favoritismos”, se argumentó. La iniciativa establece también la exigencia de la debida rendición de cuentas sobre los fondos asignados.

Pedido de informes al Ejecutivo

La legisladora Nadima Pecci formalizó una petición para que la comisión de Asuntos Municipales y Comunales requiera al ministerio de Economía y/o al Ministerio del interior información acerca de los aportes financieros no reintegrables otorgados por decreto del Poder Ejecutivo a municipios oficialistas por $ 2.225 millones. En agosto el alfarista Raúl Albarracín había solicitado también informes en idéntico sentido tras una investigación publicada por este diario.