28 Diciembre 2022
Mario Negri
Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados de la Nación volvieron tras sus pasos y decidieron avanzar con el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández en medio de la disputa por la coparticipación entre Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La bancada había decidido no iniciar este proceso luego de que el mandatario anunciara su decisión de cumplir con el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia, pero luego de detallar que piensa pagar con bonos la deuda con CABA, los legisladores radicales confirmaron su postura de buscar una sanción política.
La bancada, que conduce el diputado Mario Negri, consideró que el Presidente “desobedece” el fallo de la Corte Suprema con un “ardid malicioso: querer pagar la coparticipación porteña con bonos”. Y explicaron que este nuevo pedido de remoción “tiene como marco la decisión del Gobierno nacional de no acatar de forma acabada el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación”.
El proyecto presentado por los diputados radicales estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, los 33 legisladores radicales –incluidos los tucumanos Lidia Ascárate y Roberto Sánchez- sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA “es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal”.
Entre los argumentos, la bancada legislativa recuerda que “el día lunes 26 de diciembre, luego de que el Estado Nacional fuera notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la CABA, el presidente informó que iba a acatar la orden judicial, a pesar de seguir considerándola inapropiada y que lo iba a hacer con bonos, a 90 días. Ello a pesar de que la sentencia recaída en autos era clarísima en el sentido que expresaba: ‘…II. Disponer que las transferencias correspondientes lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina’”.
“En este sentido consideramos que la falta de acatamiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema persiste pese al dictado de la Decisión Administrativa N° 1.282/2022 de la Jefatura de Gabinete de ministros, ya que de la misma se desprende que pretende girarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación federal de impuestos que como medida cautelar ordenó el Máximo Tribunal con títulos de la deuda pública (Bonos del Tesoro TX31)”, agregaron.
Además, los legisladores plantearon que “implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto toda vez que el decisorio no versa sobre el reconocimiento de deuda devengada –el punto será materia de resolución cuando se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión- sino de una medida cautelar que dispuso que durante la tramitación del proceso debe reintegrarse una porción del índice de coparticipación detraído por las normas impugnadas, en forma diaria y por la misma vía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben las remesas correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos”.
“En rigor, la DA N° 1.282/2022 constituye un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo de la Corte convenida previamente entre el presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales”, expusieron en la presentación.
Finalmente, precisaron en el documento que como legisladores deben delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental. “Lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”, remarcaron.
Más cuestionamientos
El legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán y otros referentes de ese mismo espacio habían denunciado al presidente Fernández por el delito de sedición, pero en las últimas horas ampliaron su presentación judicial porque consideran que el titular del Poder Ejecutivo Nacional “mantiene la decisión de incumplir la sentencia aunque proponga abonar con bonos”. Asimismo, pidió que se analice la conducta frente al caso de Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro y Silvina Bataki
La ampliación de la denuncia sostiene que el Presidente “pretende eludir el cumplimiento ritual de la sentencia de conformidad con lo dispuesto” por la Corte Suprema. El escrito presentado considera “que la legislación y la orden judicial refieren a ‘transferencias’ de fondos, y no a depósitos de bonos. Ello hace el incumplimiento del Poder Ejecutivo manifiesto”.
A su vez expresaron que “lo adelantado por el Poder Ejecutivo sobre las acciones a tomar importa una reedición de la conducta típica prevista en el art. 230 del Código Penal” y que “en tanto pretende eludir el cumplimiento (…) de conformidad con lo dispuesto específicamente en la sentencia en base al Art. 75 inc. 3° de la Constitución Nacional y el Art. 6° de Ley 23548 en relación a la automaticidad y periodicidad diaria de la entrega de fondos según el porcentaje indicado (2,95% de la masa de fondos definida en el Art. 2° de Ley 23548”.
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