28 Diciembre 2022
El ministro de Economía Sergio Massa.
La acción judicial por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos recae contra los integrantes del Ejecutivo Nacional.
Ante la falta de soluciones concretas y el desacuerdo con la propuesta planteada por el Gobierno nacional de pagar con bonos el fallo de la Corte Suprema, la administración de la ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia penal contra la gestión de Alberto Fernández.
La denuncia impulsada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Referencia a los cargos
La denuncia no nombra a las personas que el gobierno porteño cree que deben ser imputadas, sino que hace referencia directamente a los cargos. “Contra los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación que han sido notificados de la resolución judicial, y a los integrantes del Directorio del Banco de la Nación Argentina y demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria, en su carácter de agente de transferencia y pago de los fondos de la coparticipación, y/o quienes en definitiva resulten responsables de los hechos que se expondrán”, dice la denuncia.
Así se desprende que además de la figura del mandatario, la acción también alcanzaría a Sergio Massa, Silvina Batakis, Eduardo “Wado” De Pedro y otros funcionarios del gabinete.
El perjuicio
El gobierno de la ciudad expuso en la denuncia que “hasta el momento no se ha cumplido lo resuelto por la Corte Suprema ni se ha efectuado manifestación alguna que explique razonablemente la demora”. “La magnitud económica del perjuicio así generado, que se incrementa diariamente, resulta suficiente para dimensionar la gravedad del injusto”, agregó.
Los abogados de la ciudad denunciaron que tras el fallo del máximo tribunal la entrega de los fondos de la coparticipación debía ser inmediata y eso no ocurrió ya que “ha continuado siendo del 1,40% y no del 2,95% dispuesto en la sentencia”.
Y remarcó: “Este tramo del objeto procesal que se propone la instrucción, abarca a la totalidad de los funcionarios públicos que debieron ejecutar la manda. Una primera aproximación alcanza a los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Economía de la Nación, del Ministerio del Interior de la Nación, tanto a sus máximos responsables, como a los integrantes de la línea de dicha institución bancaria, que resulten responsables de los hechos que se denuncian”.
La denuncia, presentada en los tribunales de Comodoro Py, estará a cargo del fiscal federal Ramiro González. Se trata del fiscal al que le tocó la primera de varias denuncias penales que ya se presentaron por el tema. La primera recayó en el juzgado federal 6, a cargo interinamente de Daniel Rafecas y el magistrado delegó la investigación en el fiscal González.
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