25 Diciembre 2022
El acceso al hábitat y la vivienda adecuada es una de las principales problemáticas que afronta Argentina desde hace décadas porque tiene causas múltiples y un entramado de actores e intereses que transforman las respuestas sectoriales en un desafío sumamente complejo. Un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) reflejó la cantidad de familias que aún no cuentan con un techo y cuantos hogares viven en situaciones precarias.
En el marco de la iniciativa Democracia 40, que se creó para celebrar los 40 años de democracia ininterrumpida que se celebrarán en 2023 y no olvidar las asignaturas pendientes, el centro de estudio detalló que en Argentina, al menos 4.000.000 de hogares no acceden a una vivienda adecuada. Esto significa que el 25% de los hogares no gozan de un derecho humano reconocido por pactos internacionales y por nuestra Constitución Nacional. Pero, se advierte además que ese número es mucho más amplio si se tienen en cuenta criterios de medición más exigentes –como la construida por María Mercedes Di Virgilio, investigadora del Conicet–, esta realidad alcanza a 6.400.000 hogares. “Contar con una vivienda adecuada es más que tener un ‘lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas’, como define la RAE a la vivienda: supone asegurar la tenencia; contar con acceso a servicios, a materiales constructivos de calidad, a instalaciones e infraestructura, y a espacio suficiente para todas las personas que integren el hogar”, detalla el trabajo.
El informe del Cippec indica también que la problemática afecta a todos los segmentos de la población, aunque de forma diferenciada. Considerando a los sectores vulnerables, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, 1,17 millones de familias viven en villas o asentamientos a lo largo y ancho del país. En cada barrio popular inscripto, más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo y no accede de forma regular a más de dos servicios básicos. Asimismo, el 75% de los hogares que no logra acceder a una vivienda adecuada. La ley 27.453, que creó el Renabap en 2018, fue votada por unanimidad, por lo que el registro constituyó un hito en la política sectorial a partir del apoyo de gran parte del espectro político. De este modo, se definió como prioridad avanzar inequívocamente en la integración socio urbana de barrios populares.
En relación a los sectores medios y medios-bajos, las mediciones evidencian que tienen necesidades de ampliación y mejoras. Entre las carencias más acuciantes se destaca que el 44,3% de los hogares no accede a al menos un servicio básico como agua, gas o cloacas, y que dos millones de hogares atraviesan una situación de tenencia irregular de la vivienda.
El trabajo, elaborado a partir del aporte de profesionales de distintas áreas involucradas en la materia, enfatiza que a pesar de que la gestión de políticas de vivienda y hábitat requiere de suelo regulado y ordenado para garantizar el acceso a los servicios básicos y los servicios urbanos, las ciudades argentinas continúan creciendo de forma desordenada. “Entre 2010 y 2016, los principales aglomerados urbanos del país se expandieron hasta 1,5 veces respecto de su crecimiento poblacional en muchos casos, sin una planificación territorial adecuada. Esto da lugar a ciudades de baja densidad, sin la infraestructura ni la conectividad necesarias para garantizar el acceso a la ciudad por parte de toda la ciudadanía”, expusieron. Y agregaron: “Al día de hoy, no existe una ley de ordenamiento territorial nacional y apenas cinco provincias cuentan con este tipo de normativa a nivel subnacional. Del mismo modo, son pocos los municipios que cuentan con las herramientas actualizadas para abordar la problemática de forma integral”.
Desafío complejo
El acceso al hábitat y la vivienda adecuada en nuestro país puede definirse como una problemática que tiene causas múltiples y un entramado de actores e intereses que transforman las respuestas sectoriales en un desafío poco sencillo de resolver. En términos de política habitacional, las competencias se encuentran atomizadas: en distinta medida, intervienen más de 1.100 municipios, 24 provincias, tres ministerios de la Nación, esferas que por lo general trabajan de forma desarticulada sobre algunas aristas de esta realidad.
En este tema la economía también juega un rol clave porque los problemas macroeconómicos, que afectan particularmente al mercado de suelo y de vivienda en nuestro país, impactan sobre ‘el ladrillo’ que sirvió de reserva de valor de los y las ahorristas, por mucho tiempo. “A pesar de no contar con datos certeros correspondientes a cada región del país, sabemos que el valor del suelo crece en pesos a un ritmo superior al de los salarios. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, para comprar un departamento usado de 60 metros cuadrados, Reporte Inmobiliario estima que se requiere un esfuerzo salarial promedio de 27 años. Sumado a esto, la falta de acceso al crédito en Argentina se traduce en un crédito hipotecario poco significativo en comparación con el resto de la región”, remarcó el documento.
Datos locales
En la última semana se anunció que en 2023 se pondrán en marcha siete proyectos habitacionales que posibilitarán la construcción de 2.027 viviendas en todo el territorio provincial. Específicamente, las casas se emplazarán en Villa Carmela, Monteros, Banda de Río Salí, San Felipe y Santa Bárbara, Alderetes y Tafi Viejo.
El mes pasado, un informe oficial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación indicó que en los últimos tres años se entregaron 2.854 soluciones habitacionales con una inversión total de unos $ 24.300 millones. El detalle menciona que 166 casas corresponden al programa Procrear I; 245, al Reconstruir; 2.197, al Plan Nacional de Vivienda; 144, al Fonavi; y 102 en créditos Casa Propia.
A su vez, el informe indica que hay 4.593 soluciones habitacionales en ejecución, que corresponden a viviendas, créditos, lotes y mejoramiento de casas en distintas localidades de la provincia. En este caso, el desembolso es de $ 40.000 millones. Se trata de 458 viviendas de Casa Propia, destinadas a Villa Benjamín Aráoz, Capital, Quilmes y Los Sueldos, y Soldado Maldonado; 605 de Reconstruir para Burruyacu, Capital, Cruz Alta, La Cocha y Río Seco; y 125 viviendas de Habitar Comunidad para las comunas de Gastona y Belicha, de Agua Dulce y La Soledad, de Los Puestos, y Tafí del Valle.
Por su parte el informe “Condiciones de Vida” del primer semestre del año, difundido por la Dirección de Estadística de la Provincia, poco más de seis de cada 10 familias que habitan en el aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo son propietarios de la vivienda (63,8% del total), mientras que el 10,6% de los hogares son propietarios de la vivienda, pero no del terreno. Por su parte, el 16,4% de las familias corresponde a inquilinos o arrendatarios. En general, la situación del régimen de tenencia de vivienda es prácticamente similar a la de igual período del año pasado. Sin embargo, hay un dato preocupante tomando en cuenta el déficit habitacional en el área metropolitana: creció casi dos puntos porcentuales la cantidad de inquilinos.
Tomando como base que en el principal aglomerado urbano hay 261.226 hogares, los propietarios de vivienda y de terreno suman 166.623 familias, mientras que 42.771 grupos siguen pagando un alquiler (el año pasado eran 37.765 hogares). En el promedio nacional, el 61,6% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 6,4% de los hogares son propietarios de la vivienda solamente. Por su parte, el 21,6% de los hogares son inquilinos, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Respecto de las características habitacionales de las viviendas tucumanas (materiales constructivos de los pisos y techos y la presencia de cielorraso, entre otros), al primer semestre de este año, el 71,6% de los hogares y el 66,7% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente como protección o abrigo del medio natural y de factores ambientales adversos. Por otro lado, el 19,1% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales poseen calidad insuficiente y el 9,3% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen calidad parcialmente insuficiente, indica el diagnóstico oficial.
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