Luego de que Alberto Fernández decidiera recusar el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Gobierno nacional restituirle a la Ciudad de Buenos Aires 2,95% de los fondos de coparticipación, distintos líder de la oposición anunciaron que irán por un juicio político contra el Presidente.
El diputado nacional Ricardo López Murphy manifestó en su cuenta de Twitter que presentará "un pedido de juicio político contra Alberto Fernández" y calificó al Gobierno de "golpista".
La ex diputada Elisa Carrió anunció que junto a la Coalición Cívica denunciarán al presidente de la Nación y al resto de mandatarios provinciales por incumplimiento de deberes de funcionario público. También la ex diputada del PRO, Laura Alonso, habló en sus redes sociales de una “denuncia penal” contra todo el Gobierno y un pedido de “inhabilitación perpetua”.
Patricia Bullrich, por su parte, afirmó que “ante el desacato del Gobierno al fallo de la Corte, cualquier fiscal ahora debería imputar al tesorero de la nación, diciéndole que debe enviar inmediatamente los fondos”.
Mario Negri, el diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, se manifestó en términos similares en lo referido a la necesidad de solicitar ese "juicio político" para el presidente.
Del mismo modo se expresó el diputado por la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo, quien calificó a Alberto Fernández como "líder de una facción" y aseguró que "el kirchnerismo viene por todo".
Mauricio Macri también se expresó al respecto y alertó acerca de la posibilidad de quedar expuestos "a la anarquía".
En un comunicado, Juntos por el Cambio expresó su “más enérgico repudio” y su “profunda preocupación por la explícita desobediencia del presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, manifestó.
Además, la oposición dijo que “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país”.
Llamó asimismo a “decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones”. “No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, cerró.