“Tucumán está muy atrasada en la aplicación de la Inteligencia Artificial”

Ya es parte de nuestra vida. Dejó de ser ciencia ficción hace mucho tiempo. Y aunque no nos demos cuenta, cada vez más está rigiendo costumbres y actividades cotidianas incluso en ámbitos en los que parecía innecesaria. Cuando hablamos de Inteligencia Artificial se nos vienen a la mente Isaac Asimov, Robert A. Heinlein o Arthur C. Clarke. Pero también pensamos en Terminator o en Blade Runner. Pero hoy, condiciona nuestra vida. Aunque no la veamos, nos rodea. Desde hacer un trámite en dependencias oficiales o sacar el carnet de vacunas contra la covid. Augusto González Navarro es doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, Profesor Titular regular de Derecho Administrativo de la UNT, codirector de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Director general de Asuntos Jurídicos de la UNT. Y hace pocos días obtuvo el Postdoctorado en Nuevos Desafíos de la Gobernanza Pública de la Universidad de Salamanca, España, con la tesis: “El impacto de la inteligencia artificial en la función administrativa”. Y asegura que Tucumán viene muy atrasada en cuanto a desarrollo de este tipo de herramientas. “Nos quedamos en la tercera revolución industrial”, dice. Esta fue la charla.

- ¿Por qué este tema de tesis para el postgrado?

- Como profesor de Derecho Administrativo estudio lo que hace la administración pública con el ciudadano, un tema que es un deber en el Derecho. La Inteligencia Artificial forma parte de la cuarta revolución industrial y es horizontal, impregna a todas las ciencias. Por eso es nuestra obligación estudiarlo. No nos podemos desentender. Era ciencia ficción en la década del 60, que lo veían como fantasía. Hoy es una realidad. Entonces estudiamos qué servicio presta la administración pública al ciudadano, con pleno sometimiento a la legalidad. Hacemos un balance en nuestro país y el balance es desfavorable. Entendemos que cualquier herramienta que nos sirva para lograr mayor eficacia, para dar mejores respuestas, no puede no ser tenida en cuenta y no ser valorada. En Argentina estamos en pañales con eso, pero desde el 2019 existe el plan nacional de IA, con funciones del Estado. Vamos a tener que ir avanzando.

-¿Y en qué se puede mejorar?

- Dentro del procedimiento administrativo hay tareas mecánicas, a cargo de humanos, y las máquinas lo podrían hacer mucho más rápido y más eficazmente. No tengo dudas que hay que utilizarlo, lo cual no quiere decir dejar de tener operadores humanos. Desde el derecho debemos tener prevenciones, por los riesgos de algunos planos, como la invasión de la privacidad, el derecho a la intimidad, la utilización irresponsable de datos, y muchas veces los titulares de los datos que se son los ciudadanos no saben que se los utiliza. Estas herramientas por un lado ilusionan, hay muchas expectativas, y por el otro lado inducen a cierta cautela. Los dos ingredientes están presentes. Siempre decimos que un arma pertenece al bando del que la empuña. Esta herramienta puede ser progresiva, para tutelar derechos humanos o para afectarlos, por eso son necesarias regulaciones. La Unión Europea está más avanzada en esto. Tienen el Libro Blanco de la Inteligencia Artificial, y nosotros tenemos una ley del año 2000, y desde entonces en materia de ciencia y tecnología pasaron muchísimas. La administración inteligente incrementaría exponencialmente las posibilidades de dar respuestas en muy diversos planos: la cura de enfermedades, realizar mediciones o predicciones económicas, diseñar políticas públicas, proteger el empleo, prevenir delitos, solucionar los problemas de vivienda, erradicar la pobreza, reducir el consumo energético, mitigar las desigualdades de acceso de las personas con capacidades diferentes, colaborar en la lucha contra la corrupción, prevenir los efectos del cambio climático, etcétera.

- ¿Cómo ve la situación en la provincia?

- En Tucumán venimos atrasados de la tercera revolución industrial. Debemos avanzar hacia lo que es la informatización, la despapelización. Estamos muy atrás. En Argentina se avanzó. Desde 2017 hubo un avance del expediente administrativo digital, en los certificados que se expidieron sobre la covid, en eso se usó inteligencia artificial. Son herramientas mecanizables, algoritmizables y no debiera requerir que haya 10 personas para hacer un trabajo. Lo debería hacer una máquina, con la cantidad suficiente de datos, con cierta autonomía y predictibilidad, y los resultados pueden ser exponencialmente beneficiosos. En Tucumán tenemos la Ley de Procedimientos Administrativo, la 4.537, que data de 1976 y que tuvo una sola reforma. Imagínese si no hay que adecuar cosas después de tanto tiempo.

- ¿Cuáles son los beneficios de la IA en los procedimientos administrativos?

- Depende mucho de la posibilidad de recolección de data que se transforme en información. La posibilidad que se tuvo desde el big data reflotó y mostró y puso en primer plano la IA como herramienta. Los países se están dando cuenta que debe ser un punto estratégico. En el ministerio público de CABA se está usando un programa, Prometea, trasladable a la administración pública. Se avanzó a partir de la administración de ese programa, que parametriza patrones a través de los cuales resuelve los problemas, y lo hace con una eficacia mayor a la de los humanos. Esto no significa que el trabajo manual desaparezca, va a tener que reconvertirse. Las máquinas lo van a hacer mejor. Cualquier instrumento que sirva para incrementar la eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos debe ser bienvenida y fomentada con criterio estratégico por los estados;

- ¿Cómo es la situación legal al respecto?

- Para todo esto se necesita recolectar datos, y a veces se lo hace sin que el interesado lo sepa. También a veces no se sabe a quién se lo están vendiendo. No están las respuestas ya. Y luego tenemos la utilización sesgada. Se dieron casos como en Italia, donde se descubrió que el algoritmo tenía un sesgo contra las mujeres. Pueden darse casos de discriminaciones raciales de nacionalidad, religión. Hay una preocupación en torno a esto que está creciendo. Hay gente de diferentes ramas del Derecho, y aporta cosas. Ya no podemos seguir atados al expediente administrativo. Hay generaciones nuevas, que se fueron formando, capacitando. Esos cambios son necesarios. Hoy estamos en la tarea de remozar los programas de derecho administrativo, pero hay que seguir avanzando con esta temática. Lo mismo sucede con los derechos humanos. Seguimos pactos internacionales. El derecho administrativo es un derecho humano,y así hay que entenderlo. Es necesario el dictado de un bloque legal y reglamentario que trascienda las meras recomendaciones o sugerencias de “soft law” e incorpore reglas y principios de cumplimiento imperativo para los estados y que contemple los peligros y luces rojas que (a la par de las ventajas) suponen las herramientas algorítmicas (manejo incontrolado e irresponsable de datos, intromisiones en la privacidad de los ciudadanos, sesgos discriminatorios, afectación de los planes de vida y la autonomía personal, asimetría en el acceso a los medios digitales entre diferentes estados y diferentes sectores sociales.