17 Diciembre 2022
DE MAL EN PEOR. El llamado a las tropas sólo logró exacerbar la crisis. REUTERS
LIMA, Perú.- El gobierno de Dina Boluarte, la presidenta nombrada por el Congreso de Perú, después de la destitución de Pedro Castillo, sacó a las Fuerzas Armadas a las calles para controlar las protestas en el país, que se hicieron más violentas tras la represión policial.
En respuesta a quienes piden elecciones, una reforma constitucional, la renuncia de Boluarte y la liberación del ex presidente Castillo, destituido y detenido en prisión preventiva, el gobierno decretó el Estado de Emergencia.
El decreto suspende derechos como el de reunión y libre tránsito. Además, dictó el toque de queda en 15 provincias, lo que implica la restricción total de movimiento, a excepción de algunas profesiones como salud.
El envío del Ejército, para ayudar a la Policía a despejar los cortes de ruta en el norte y sur del país, sólo logró agravar la crisis.
Los bloqueos de rutas clave y el cierre de cinco aeropuertos de regiones andinas de Perú se mantenían ayer, luego del “jueves sangriento” en Ayacucho. En la represión murieron ocho personas murieron y 52 resultaron heridas (dos de ellas están graves) cuando intentaban tomar el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, a 560 kilómetros al sudeste de Lima. La cuenta suma 16 personas muertas en poco más de una semana.
Con la noticia de las primeras muertes, la ira se potenció y manifestantes atacaron el edificio del Ministerio Público. Quemaron la puerta principal, oficinas y vehículos, además de la sede de Fiscalía y juzgados de paz.
Como si algo faltara para empeorar el clima social, el Congreso peruano rechazó ayer una reforma constitucional, propuesta por Boluarte, que habría posibilitado el adelanto de las elecciones a diciembre de 2023, en respuesta al reclamo de los ciudadanos en la calle. El legislativo rechazó la iniciativa con 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones.
Apenas se conoció que había muertos por la represión, la Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo que encabeza Eliana Revollar, lanzó una fuerte demanda al gobierno. “Tras el fallecimiento de dos personas y decenas heridos durante el intento de toma del aeropuerto por parte de manifestantes, exigimos al Comando Conjunto el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”, exhortó.
Pasada la medianoche y con la cifra de víctimas en Ayacucho, Boluarte se expresó en las redes sociales. “Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz”, escribió.
Pero antes de ese mensaje, la presidenta profundizó las medidas con el toque de queda para las regiones más convulsionadas de Cusco, Arequipa, Ica, La Libertad, Apurímac, Puno, Huancavelica y Ayacucho, e incluye a las provincias de Virú, Ica, Pisco, Andahuaylas, Chincheros, Cisco, La Convención, Chumbivilcas , Espinar, Carabaya, San Román, Tayacaja, Angaraes y Cangallo.
El aeropuerto de Cusco lleva cinco días cerrado y el gobernador regional Jean Paul Benavente García contó que hay más de 6.000 turistas varados en Cusco, donde se encuentra la ciudadela inca de Machu Picchu.
Diplomacia y renuncias
“Hemos interpuesto una denuncia penal ante las fiscalías penales especializadas en derechos humanos de Huamanga (Ayacucho), para que se determine la responsabilidad por las graves vulneraciones que han afectado la vida e integridad de las personas”, dijo la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
La ministra de Educación, Patricia Correa, anunció su renuncia al cargo, en repudio por la muerte “sin justificación alguna” de compatriotas en la represión de las protestas sociales .
Tampoco ayudó a la pacificación del país la orden judicial de prisión preventiva por 18 meses para el ex presidente Castillo, mientras es investigado por “rebelión y conspiración”.
El Gobierno de Boluarte, que tomó la sucesión del poder, llamó a Lima en consulta a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia como “reacción a la intromisión en los asuntos internos” de la nación andina.
El grupo de países emitió, esta semana, un comunicado conjunto, en el que dicen que Castillo es víctima de hostigamiento político desde asumió, en 2021 y exhortó a Perú a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a criticar al nuevo gobierno peruano por decretar un estado de emergencia para contener las protestas sociales,
López Obrador no reconoce a Boluarte, y su administración inició gestiones con las autoridades de la nación andina para atender una solicitud de asilo de Castillo.
“No debe de usarse la fuerza, no debe reprimirse al pueblo y hay que garantizar las libertades. En este caso, tomaron la decisión de suspender las garantías individuales y hay en los hechos un estado de sitio con militares y con soldados”, dijo López Obrador.
El presidente mexicano cuestionó que la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Kenna, acudiera a reunirse con Boluarte.
“¿No les parece un acto de prepotencia, el no cuidar las formas, el no actuar con respeto?”, se preguntó López Obrador.
Los roces entre México y Perú han ido escalando desde que Castillo intentó sin éxito disolver el Congreso, que lo destituyó a continuación, en una nueva crisis política en la nación sudamericana, que ha tenido seis presidentes en cinco años. (Reuters-Especial)
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