15 Diciembre 2022
TENSIÓN EXTREMA. Con armas y equipo antidisturbios, la policía de Arequipa camina junto a manifestantes que demandan la liberación de Castillo. REUTERS
LIMA, Perú.- El gobierno peruano declarará el “estado de emergencia” por 30 días en todo el país debido a las protestas, periodo en que las fuerzas armadas podrán ayudar a la policía a mantener el control y orden.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, hizo el anuncio en Palacio de Gobierno, tras una reunión del consejo de seguridad junto a la presidenta Dina Boluarte.
“Se ha dispuesto la inmediata protección de las Fuerzas Armadas de puntos estratégicos nacionales, infraestructura que sirve para asegurar la vida de todos los peruanos”, agregó Otárola.
Los anuncios no logran calmar las protestas y la violencia desatadas luego de la destitución del ex presidente Pedro Castillo a manos del Congreso, no están logrando su objetivo. Ayer, después de siete muertos durante las manifestaciones para reclamar la liberación de Castillo, el llamado urgente a nuevas elecciones, continuaban los bloqueos de rutas, los ataques a la policía y los incendios de oficinas públicas y privadas. En las protestas, algunas muy violentas principalmente en el interior del país, los manifestantes piden, además, el cierre del Congreso “golpista”, una asamblea constituyente y la renuncia de Boluarte.
La presidenta dijo que se podrían adelantar las elecciones para fines del 2023, mientras la Justicia evalúa extender a 18 meses la prisión para el destituido Castillo, investigado por rebelión.
La mandataria afirmó que se podría acortar aún más los plazos para las elecciones, después de coordinar acciones con los representantes del jurado electoral y del Congreso. “Los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo, haciendo reajustes, conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha (...) legalmente no calzaría”, manifestó Boluarte, quien debería completar el actual mandato gubernamental que vence en julio del 2026, según la Constitución.
Un juzgado supremo de Perú inició la evaluación de un pedido de la fiscalía de imponer prisión preventiva para Castillo por 18 meses, mientras su arresto preliminar en una base policial se debería cumplir en las próximas horas.
Castillo, que gobernó desde julio de 2021, convocó por Twitter a sus seguidores para que acudan a la base policial, a la espera de su libertad. “Los espero a todos en las instalaciones de la DIROES para unirme con ustedes en un abrazo”, dijo Castillo, quien firmó el mensaje como “Presidente Constitucional del Perú“.
Castillo rechaza las acusaciones de rebelión y conspiración. Sin embargo, fuentes de la fiscalía y analistas dijeron que Castillo no puede salir en libertad hasta que el juzgado supremo resuelva el pedido de la fiscalía para una prisión preventiva.
“Es falso que Pedro Castillo Terrones será liberado hoy”, dijo el abogado penalista Carlos Caro por Twitter, citando un artículo del código procesal que afirma que la detención preliminar se mantiene hasta que se ejecute la audiencia y decida el juez si extiende la restricción.
En las afueras de la base policial, ubicada en un distrito al este de la ciudad de Lima, decenas de simpatizantes llegaron con pancartas para exigir la libertad de Castillo.
La jefa de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que a pesar de que Castillo ha dicho que está “secuestrado e incomunicado”, el ex mandatario ha podido enviar cartas públicas y mensajes por Twitter alegando su inocencia.
Revollar afirmó además que Castillo recibió a casi 150 personas en la base policial, entre familiares, amigos, legisladores, abogados y diplomáticos. (Reuters)
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