14 Diciembre 2022
BRASILIA, Brasil.- Gases lacrimógenos y vehículos quemados, palos y piedras contra la policía, y pedidos de intervención militar mancharon el final de la jornada del lunes, en la que Luiz Inácio “Lula” da Silva fue confirmado como presidente de Brasil.
Horas después del acto en el que el presidente electo recibió las credenciales, seguidores del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se enfrentaron con la policía, incendiaron vehículos e intentaron invadir la sede de la Policía Federal (PF) en Brasilia.
Horas antes, a solicitud de la Fiscalía General y por orden de un juez de la Corte Suprema, había sido arrestado un líder indígena y fanático evangelista que pide intervención militar y que ya amenazó varias veces a Lula.
Imágenes del caos causado por los manifestantes, muchos de ellos portando la bandera amarilla y verde de Brasil que el bolsonarismo se ha apropiado como símbolo, circularon en canales de televisión locales y en las redes sociales.
La Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia señaló en un comunicado que los enfrentamientos estallaron después de que la policía ejecutó la orden de arresto del activista de ultraderecha José Acasio Serere Xavante, quien participa de las concentraciones que se realizan desde hace más de un meses frente al Cuartel General del Ejército, donde se reivindica una intervención militar.
La esposa de Serere Xavante dijo que su marido fue “llevado brutalmente por la Policía Federal, él dio vida por la patria, quiero a mi marido de vuelta”.
Luego del arresto del pastor evangélico fanático, grupos bolsonaristas rodearon la sede de la Policía Federal en el Asa Norte de Brasilia, donde fueron incendiados un autobús y vehículos, informó el diario O Globo.
Agentes de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes, que replicaron con palos y piedras. Un shopping del Asa Norte debió cerrar sus puertas ante los desmanes ocurridos en el entorno.
Los incidentes sucedieron horas después de que Lula recibió el diploma de presidente electo en una ceremonia realizada en el Tribunal Superior Electoral, en Brasilia, un evento que oficializa el resultado de las elecciones del 30 de octubre.
Los manifestantes también derribaron señales viales y quemaron papeleras en los alrededores de una zona hotelera donde se hospeda Lula, quien horas antes había recibido el diploma que acredita su victoria en las elecciones de octubre. La Policía Federal tuvo que reforzar la seguridad en el hotel donde se aloja Lula y en la Plaza de los Tres Poderes, frente a la cual se encuentran los palacios del gobierno, el Supremo y el Congreso.
Bolsonaro, quien ha dicho en repetidas ocasiones que el sistema de votación electrónica del país es propenso a fraudes y no ha reconocido la victoria de Lula, dijo el viernes a sus simpatizantes que su futuro político estaba en sus manos.
El ministro de Justicia, Anderson Torres, sostuvo que desde el inicio de las manifestaciones en Brasilia, “el gobierno nacional mantuvo estrecho contacto con la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal a fin de contener la violencia”.
El futuro ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, declaró que son inaceptables la depredación y el intento de invasión de la Policía Federal. “Las órdenes judiciales deben ser cumplidas (...), los perjudicados deben presentar recursos, jamás practicar la violencia política”, reclamó.
El Partido de los Trabajadores (PT) hizo una queja pública ayer, en la que acusó a Bolsonaro de ser cómplice de golpistas en los serios incidentes en Brasilia.
“El desorden tenía pinta de ser algo profesional” y es “muy extraño que nadie haya ido preso”, expresó en sus redes sociales la diputada Gleisi Hoffmann, presidenta el PT y miembro del equipo nombrado por Lula para la transición de Gobierno.
“¿Cómo puede el presidente de la República abrigar a los implicados?”, preguntó la presidenta del PT, en alusión a encuentros que el líder de la ultraderecha ha tenido en los últimos días a las puertas de su residencia oficial con algunos de los grupos que desconocen el resultado de las elecciones de octubre.
Según Hoffmann, los activistas que permanecen frente a cuarteles del Ejército deben ser “desmovilizados” porque ya “no tienen nada que ver con la libertad de expresión” y son “sólo golpismo”. (Reuters-Especial)
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