Ningún chico nace delincuente

En Tucumán, el 90% de los menores que delinquen son adictos. Tienen serios problemas de policonsumo de sustancias. Y viven en un círculo vicioso del cual, según analizan en la Justicia, casi ninguno logra salir. Su vida está marcada desde el inicio por la pobreza y, en muchísimos casos, por la falta de contención familiar. Se crían en ambientes donde el delito es una forma de vida. Lo decía hace 20 años el juez de Menores Raúl Ruiz cuando afirmaba que estábamos en presencia de una generación perdida. Dos décadas después, la situación solo ha empeorado. Esa generación perdida ha dado a luz a su vez a otros chicos que comienzan con la droga muchas veces antes de cumplir 10 años. El Estado, sin distinción de banderías políticas, no supo resolver este flagelo y la situación está desmadrada.

En todo el país, y Tucumán no es la excepción, los jueces de Menores se enfrentan a una tarea titánica. Se rigen por convenciones y derechos nacionales e internacionales. Algunos de ellos tienen rango Constitucional. Y se llevan de una premisa: “el modo de trabajar con las personas menores de edad previsto en la ley vigente es totalmente contradictorio a lo que nos dice la Convención de los Derechos del Niño que debemos hacer, y que tiene que ver con que la intervención penal sea mínima, ampliar la gama de sanciones basadas en principios educativos para que los adolescentes se responsabilicen del daño que hayan causado y reducir al máximo posible la aplicación de las penas privativas de libertad”, explicó hace unos días el juez de Menores Federico Moeykens. Lo hizo tras exhortar al Congreso de la Nación a modificar el decreto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que data de la dictadura ya que tiene una lógica “tutelarista y punitivista”, según lo definió.

¿Qué dice el artículo 1 de la ley 22.278? Su texto es claro y vale tenerlo en cuenta: “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación. Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre. En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”. El problema que tienen los jueces hoy es que casi el 100% de los menores en conflicto con la ley sufren todos esos problemas de los que habla la norma. Y no hay verdaderos institutos de rehabilitación para recuperarlos. Y cuando terminan las medidas tutelares vuelven al mismo infierno del que salieron.

Se discute ciclotímicamente la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. Los últimos que lo hicieron fueron, hace poco menos de un mes, los diputados de Juntos por el Cambio Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, quienes quieren llevarla a 15 años. Así los advirtió Moeykens: “El discurso de bajar la edad de punibilidad persigue al castigo como herramienta proselitista”.

En Argentina, a fines de 1954, durante la segunda presidencia de Juan Perón, la edad de imputabilidad se fijó en 16 años. En junio de 1976, ya en plena dictadura cívico-militar, se bajó la edad de punibilidad a 14 años. Sin embargo, en agosto de 1980, bajo la presidencia de facto de Jorge Videla, se sancionó la Ley 22.278 que volvía a subir la edad a 16 años.

Esta discusión ha sido estéril hasta el momento. Ni siquiera cuando Mauricio Macri fue presidente se pudo lograr ese cambio. Un proyecto tuvo la aprobación de Diputados, pero en el Senado no hubo votos suficientes para llevar adelante la modificación.

Moeykens, al razonar sobre el fallo en el que pide una modificación sobre el decreto de Responsabilidad Penal Juvenil lo hace tomando el ejemplo de un menor que fue procesado por un intento de robo, pero que luego cambió su conducta: hoy estudia, hace trabajos comunitarios en un merendero de su barrio y sostiene un tratamiento que le permitió dejar las adicciones. Pero sabe el juez que el caso de este menor es la excepción, y no la regla. Más del 90% de los adolescentes que son imputados por un delito no se recuperan. Según un informe de Unicef Argentina, Matías Bruno, la trayectoria de todos los jóvenes privados de su libertad está marcada por una vulneración de derechos previa al encierro: tres de cada 10 habían vivido en la calle antes de ser apresados; el 50% es reincidente en la cárcel; el 50% no estaba yendo a la escuela al momento ser detenido; y el 70% ya había probado cocaína. Otra vez, entonces, la figura del Estado. Estos menores nacen con sus derechos vulnerados. Derechos que están preservados en la ley. A la salud, a la educación, a gozar de los beneficios de la seguridad social, a hacer deporte, a jugar y disfrutar de un ambiente sano. Nada de eso se cumple en un país en el que por debajo de la línea de pobreza hay 2,6 millones de hogares, que incluyen a 10,6 millones de personas; y, dentro de ese conjunto, 660.000 hogares se encuentran por debajo de la línea de Indigencia, lo que representa 2,6 millones de personas indigentes. La discusión sobre la edad desde la que deben ser punibles los menores continuará cada vez que alguno de ellos cometa un hecho violento. Ese debate está planteado. Pero cómo hacemos para que esos niños no lleguen a esa situación sigue siendo un misterio para quienes nos conducen. Ya no se habla del futuro. El presente es el que nos está mostrando una adolescencia vulnerable. Una que se quedó sin derechos.