Las protestas se extienden por más regiones de Perú

Con un presidente preso y un primer ministro en la clandestinidad, con protestas y cortes de rutas contra el nuevo gobierno, al que no reconocen legitimidad, y nueve regiones “en insurgencia”, la crisis política se extiende en Perú.

Miles de personas se movilizaron por calles de las ciudades de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones, y hubo choques entre manifestantes y policías.

La continuidad de las protestas en gran parte del país provocó que la Policía anunciara la suspensión de vacaciones y permisos de su personal hasta “nueva orden”.

En la región de Apurímac, de donde es oriunda la nueva presidenta, los manifestantes quemaron una comisaría, se declararon en insurgencia, dijeron que no reconocen a Dina Boluarte como presidenta y piden adelanto de elecciones. Las protestas se extienden ya a nueve regiones.

La convocatoria a un paro que hicieron organizaciones es un reflejo de la intensidad de la resistencia a lo que millones de peruanos consideran un golpe de Estado del Congreso contra el presidente Pedro Castillo, y el reclamo para que se llame a elecciones.

Castillo intentó disolver el Congreso para evitar un tercer intento de destitución, y el legislativo lo acusó de haber dado un golpe de Estado, y lo depuso. En su lugar, designó a Boluarte, que ya está nombrando gabinete, mientras la resistencia a su gobierno se acrecienta.

Organizaciones agrarias, sociales, rondas campesinas, pueblos originarios, comunidades campesinas, organizaciones de mujeres unificadas en el Frente Agrario y Rural de Perú (FARP) convocaron, mañana y el miércoles, a un paro nacional, y el jueves, a una jornada nacional de lucha, “con la finalidad de cerrar el Congreso, por una nueva Constitución patriótica, paritaria, ecologista y plurinacional y convocar a nuevas elecciones bajo un nuevo contrato social y nuevas reglas del juego”, dijo la FARP, en un comunicado en el que llamó a la “insurgencia popular frente al golpe de Estado neofascista”.

En la declaración, las entidades convocantes exigen la liberación inmediata del ex presidente. También solicita la restitución de todos los derechos a Castillo en la medida en que no alteró el orden constitucional en la medida en que no perpetró ningún golpe de Estado y destaca su rechazo y repudio “a la golpista y usurpadura” Baluarte.

En Andahuaylas, los enfrentamientos entre la población y la policía dejaron 20 heridos (16 civiles y cuatro policías). En Lima, hubo cinco detenidos, procesados por atentar contra la tranquilidad pública.

Producto de los choques, la Policía Nacional confirmó dos víctimas mortales en Andayhualas. Se trata de un menor de 15 años y de un joven de 18. “La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Expreso mis condolencias... Reitero mi invocación al diálogo y a deponer la violencia”, señaló Boluarte.

En esa ciudad del departamento Apurímac, situada a unos 760 kilómetros al sudeste de Lima, permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados por manifestantes, quienes mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac en un comunicado.

Mientras Castillo sigue preso, acusado de rebelión y posiblemente sedición, y luego de que se le negó la liberación tras la presentación de un hábeas corpus, el ex primer ministro de Perú, Aníbal Torres, uno de los consejeros más cercanos del depuesto presidente, también fue acusado por la Fiscalía por rebelión. Por lo tanto, decidió pasar “a la clandestinidad”.

“La Fiscal de la Nación (general), sin razón, me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la Justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial”, escribió en Twitter el político peruano, en referencia a la alocución de Castillo, el miércoles, en la que anunció la disolución del Congreso y el llamado a un ejecutivo de emergencia.

Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al gobierno en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días. De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión. (Reuters-Especial)