Las tensiones políticas siguen enmarañando el conflicto por la Magistratura

Mientras se espera que la Suprema Corte de Justicia se expida para determinar a quién corresponde representar en el Consejo de la Magistratura a la segunda minoría del Senado de la Nación, la medida cautelar, que rechazó el pedido del senador del PRO Luis Juez para que se anule la designación de su colega del kirchnerismo Martín Doñate, quedó firme.

La jueza en lo contencioso administrativo federal, María Alejandra Biotti declaró extemporánea la apelación que hizo el legislador cordobés. A tal efecto, ahora resta resolver el reclamo de fondo.

En su fallo de dos páginas, la jueza Biotti explicó que “el artículo 15 de la ley 16.986 —en cuanto establece que el plazo para interponer el recurso de apelación es de 48 horas— se debe entender en el sentido que aquel plazo comienza a correr desde la hora en que se practicó la notificación y se computa hora por hora, es decir, se opera en forma continua”.

“Así las cosas, toda vez que conforme surge de autos, la parte actora quedó notificada de la resolución de fs. 75, el día 30 de noviembre de 2022 a las 11:03 horas, el plazo para interponer el recurso de apelación vencía el día 2 de diciembre a la misma hora, por lo que se desestima el recurso de apelación interpuesto por extemporáneo”, explicó la magistrada en el escrito.

La discusión para vislumbrar a qué bloque de la Cámara alta le corresponde colocar el representante de la segunda minoría ya tuvo la intervención del máximo tribunal cuando a principio de mes anuló la designación de Doñate argumentando que el oficialismo dividió su bloque en dos en un “ardid” para quedarse con la segunda minoría cuando ese lugar le correspondía al PRO. Esa decisión se tomó para el mandato que venció el 18 de noviembre pasado, pero ante la insistencia oficialista aún resta que se defina la integración del período actual que se prolongará hasta 2026.

La puja en Diputados

Los diputados nacionales Pedro Galimberti (UCR-Entre Ríos) y Fernando Carbajal (UCR-Formosa) presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el juez Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Contenciosos Administrativo N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta que el Consejo es el organismo encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial, los legisladores del radicalismo cargaron contra el magistrado que, en el marco de la acción de amparo promovida por el diputado Germán Pedro Martínez (jefe del bloque Frente de Todos), declaró nula la Resolución Nº689/22 de la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante la cual se habían designado a los representantes de la misma ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“El fallo en cuestión resulta arbitrario e ilegal, toda vez que ha avanzado en la consideración de una cuestión que se tornó abstracta”, afirmaron los legisladores en el documento presentado ante el organismo conducido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Los legisladores también detallaron que con su accionar Cormick pretendió avanzar sobre las facultades propias de un Poder independiente del Estado como es el legislativo, “dándole pautas respecto de cómo debe en el futuro designar a sus representantes, extralimitándose en su función, lo que resulta atentatorio de nuestro Estado Constitucional de Derecho”.

En este sentido, los diputados sostuvieron que “avanzar sobre la competencia de otro Poder del Estado es una falta grave, que tipifica como mal desempeño y el juez resulta pasible de ser removido”. “En definitiva, podemos afirmar que la sentencia constituye un error judicial inexcusable configurativo de la causal de mal desempeño, lo cual se encuentra cabalmente acreditado y la consecuencia indefectible que la misma acarrea es la sanción de remoción”, enfatizaron los denunciantes.

No conformes con la presentación contra Cormick, la bancada radical fue por más y los responsables del bloque presentaron un amparo para rechazar la resolución de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que dejó sin efecto los nombramientos para el Consejo de la Magistratura.

“Venimos a interponer acción de amparo contra la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin que declare la nulidad, invalidez e inconstitucionalidad de la Resolución 1634/22 de Presidencia de ese órgano legislativo mediante la cual dejó sin efecto la RP 1608/22 mediante la cual se frenaron las designaciones de los diputados para el Consejo de la Magistratura”, plantearon en la presentación.

El amparo, firmado por Mario Negri, Roxana Reyes y Francisco Monti, se sumó a la presentada por Álvaro González, que también presentó un amparo para asumir en ese órgano, ya que consideró “nula” la resolución de Moreau, En el recurso impulsado por la UCR, los diputados también exigieron que se considere “vigente y consolidada” la resolución mediante la cual fueron nombrados a la Magistratura Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el oficialismo (dos por la primera minoría), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).