El Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial la Ley de Presupuesto 2023, que había sido sancionada por el Poder Legislativo el 24 de noviembre. Se prevén casi $800.000 millones para el funcionamiento de toda la Administración Pública en el año electoral, un 123% más que el Presupuesto original vigente.
El texto fue promulgado y registrado bajo el número 9.633, con las firmas del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, y el ministro de Economía, Eduardo Garvich. De esta manera, la “ley de leyes” quedó en condiciones de entrar en vigencia desde el primer minuto del año próximo.
Previsiones
La proyección de recursos y gastos que hizo el Gobierno fue de $798.814 millones. Del total, un 8% será ejecutado por la Justicia y un 4,3%, por la Cámara. Es decir que el presupuesto judicial será de casi $64.000 millones ($175 millones por día) y el legislativo rondará los $34.000 millones ($93 millones diarios).
Lla Provincia estima gastos corrientes (como salarios, servicios y bienes de consumo) por $614.596 millones (77%), $174.156 millones para gastos de capital (compra de bienes de uso y realización de obras) y un superávit de $10.000 millones.
En la iniciativa se precisa que para los cálculos de gastos y recursos provinciales para el año electoral el Ministerio de Economía tomó las pautas que fijó el Gobierno de la Nación: una inflación del 60% anual, un 2% de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y un dólar a $269,90.
La ley, que otorga también más de una decena de autorizaciones al Poder Ejecutivo (PE) para la toma de deuda u otras modificaciones presupuestarias, fue sancionada con 38 votos a favor y siete en contra.
La Provincia prevé destinar unos $11.000 millones para la aplicación de la Ley de Narcomenudeo, que se puso en plena vigencia la semana pasada. También se prevén subas superiores al 120% para áreas sensibles como Educación, Salud, Desarrollo Social.
Cuestionamientos
Las críticas de la oposición estuvieron centradas principalmente en que, una vez más, las 93 Comunas Rurales no cuentan con presupuesto propio, lo cual le quita autonomía política. También se reprochó el incremento en partidas que permiten la distribución discrecional de fondos. Por ejemplo, que la Secretaría General de la Gobernación contará con $1.785 millones para subsidios (una suba del 122% con relación al Presupuesto 2022) o que se destinarán $10.000 millones para la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel).
La Unrel es un programa que nació en abril de 2021, en medio de la interna oficialista, con el argumento de contener a personas que habían perdido su trabajo producto de la pandemia. Sin embargo, se desconoce la cifra de beneficiarios o si realizan algún tipo de contraprestación para el Estado.