¿Cómo es el cambio de autos robados por droga en Bolivia?

La peor de las noticias se confirmó luego de una investigación realizada en Tucumán, Salta y Bolivia. El robo de todo tipo de vehículos, motos, maquinarias para trabajo vial y rural para ser cambiadas por droga en el vecino país ya es una realidad. La maniobra delictiva no es nueva, pero se incrementó en los últimos tiempos por una sola razón: las leyes bolivianas permiten la inscripción de esos bienes sin que sea necesario justificar su origen.

La punta del ovillo fue la sustracción de una camioneta Toyota Hilux en mayo. Una mujer dejó el vehículo para que se lo lavaran en Catamarca y Lisandro de la Torre, en el acceso norte de nuestra ciudad. Horas después, los responsables del lavadero callejero le avisaron a la víctima que su hijo les había llevado el vehículo, pero el joven estaba en su casa durmiendo.

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I que conduce Diego López Ávila tomó cartas en el asunto. Personal de Sustracción de Automotores, al mando de los comisarios Miguel Carabajal y Jorge Dib con los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, al analizar las cámaras de seguridad de la zona, descubrieron que del robo habían participado personas que se movilizaban en un Fiat Cronos rojo y una camioneta Ecosport blanca. Eran los únicos datos que tenían, pero el destino estuvo del lado de los investigadores. En un control de rutina, personal de la ex Brigada detectaron un auto de similares características al que había participado en el robo. Le pidieron al conductor que se estacionara al costado del camino. Cuando solicitaron los informes del vehículo, les confirmaron que tenía pedido de secuestro por haber sido utilizado en un asalto en la localidad de Francisco Lozano, provincia de Buenos Aires, en febrero pasado. Esa fue la primera pieza que los pesquisas encontraron para armar el rompecabezas.

A raíz de ese procedimiento, López Ávila no sólo pudo identificar a los supuestos integrantes de la banda que había robado la Hilux, sino que además estableció que los delincuentes, al poco tiempo la habían llevado a Bolivia. La Policía detuvo a por lo menos tres sospechosos a los que ya se les dictó la prisión preventiva. Pero faltaba algo más: tratar de encontrar el bien sustraído y determinar cómo era la maniobra que realizaban.

Un viaje

A mediados de noviembre, un equipo del ECIF, conducido por Díaz Loza, realizó un viaje para determinar qué había ocurrido con la camioneta. Descubrieron que los ladrones la habían llevado hasta Orán y de ahí trasladado a Aguas Blancas o a Bermejo, localidades bolivianas. Durante varios días, los investigadores del Ministerio Público Fiscal realizaron entrevistas con los habitantes del vecino país para tratar de ubicar la camioneta. Uno de los datos que recibieron fue chequeado por un drone que sobrevoló una especie de depósito en el que estaba guardada la camioneta.

Con autorización judicial, ingresaron al lugar y no sólo confirmaron que era la que había sido robada en Tucumán, sino que ya había sido inscripta en los registros de ese país, por lo que no tenía ningún tipo de impedimento para circular. El hallazgo les permitió conocer dos realidades. La primera fue descubrir que en las localidades fronterizas hay organizaciones que están dedicadas únicamente a pasar al vecino país autos, camionetas, motos, camiones y maquinarias viales o agrícolas de manera ilegal. Cuentan, por ejemplo, con balsas especialmente diseñadas para cruzar el río Bermejo y trasladar todos los bienes robados sin problemas. La otra, la facilidad que existe en Bolivia para blanquear bienes sustraídos. “Chutos”, así llaman los habitantes del vecino país a los vehículos y maquinarias que están flojos de papeles.

En 2011, el por entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley de Saneamiento Legal, Automotores a Gasolina, Gas Natural, Gas Vehicular y Diesel. La norma consistía en una amnistía general para que los ciudadanos inscribieran todos los vehículos que estaban en su poder y que no tenían documentación que respaldara su titularidad. Cualquier persona puede legalizar el bien presentando una constancia policial boliviana que garantice que no fue robado (en Bolivia no existen los registros de autos extranjeros denunciados como sustraídos), el pago de una tasa aduanera y el de multa. “Estimamos que todo lo que deben abonar no representa ni un 20% del valor de lo quieren inscribir”, explicó uno de los investigadores.

Al justificar la promulgación de esta norma, Morales señaló que estos rodados ilegales son adquiridos por la gente pobre, para mejorar su estatus, dado que son más baratos. Además indicó que todos los individuos tienen derecho a tener un auto. López Ávila sospecha que los vehículos que son robados en la provincia, en el país y también en Chile son llevados a Bolivia por dos razones: la facilidad que existe para “blanquearlos” y porque allí se encuentra el mayor centro de producción de cocaína a nivel mundial. “Estamos seguros de que no van a buscar dinero, sino droga para distribuirlas aquí”, señaló el investigador en una entrevista con LA GACETA.

Canje “blanco”

Personal del ECIF hizo un informe reservado que luego se presentó ante las autoridades del MPF. En el trabajo, al que tuvo acceso LA GACETA, detallaron además que las bandas que llevan adelante esta modalidad delictiva cambian los bienes por droga. Por ejemplo, estimaron que por una camioneta 4x4 pueden conseguir entre 10 y 15 kilos de cocaína (la diferencia tiene que ver con la calidad de la droga).

Cada kilo de la sustancia, según la investigación realizada, tiene un valor en tierras bolivianas de U$S 2.000. Es decir que por entregar un vehículo de estas características al vecino país reciben en promedio U$S 25.000. Sin embargo, esa cifra se multiplica considerablemente en la provincia, ya que el precio de un kilo de cocaína en nuestras calles oscila entre los U$S 3.200 y U$S 3.500. El valor de la sustancia se va encareciendo a medida que se aleja del centro de producción.

También es importante el volumen de droga que significa esa cantidad. Según los estudios, la sustancia que se vende en Tucumán tiene menos del 10% de pureza, debido a que los tranzas la estiran más de nueve veces. Es decir que (mediante mezclas con otros productos) a 10 kilos pueden transformarlos en 90 kilos. De esa cantidad podrían comercializar más de 90.000 dosis, ya que cada “papelito” pesa un gramo aproximadamente.