Con un veto parcial, el Poder Ejecutivo (PE) promulgó la ley para que se garantice la recepción de denuncias en todas las dependencias policiales de Tucumán, las 24 horas, los 365 días del año. Sin embargo, se quitó un fragmento de la norma sancionada, la cual lo facultaba a establecer las sanciones por el incumplimiento de la obligación de recibir denuncias.
La ley fue publicada hoy en el Boletín Oficial bajo el número 9.630. A través de esta norma, la Legislatura buscó hacerse eco de la conmoción que provocó en todo el país la trágica muerte de la joven tranqueña Noelia Sosa, quien se quitó la vida luego de no haber podido efectuar una denuncia policial por violencia de género.
A través de cinco artículos (el último de forma), la Cámara facultó al Ejecutivo que conduce interinamente Osvaldo Jaldo para que adopte las medidas necesarias para garantizar que haya personal autorizado para recibir las denuncias. Incluso, se lo autorizó a convocar a personal policial jubilado o retirado que se encuentre apto para desempeñar funciones de oficial sumariante. También se lo autorizó a realizar las compensaciones presupuestarias que considere necesarias para el cumplimiento de la norma.
Sanciones ya previstas
En el artículo tercero se precisó que, para el cumplimiento de la ley, el PE “debe adoptar y adecuar los procedimientos y protocolos de actuación que resulten necesarios, habilitar para los receptores de las denuncias los accesos tecnológicos pertinentes y establecer las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la obligación de recibir denuncias”. Sin embargo, se vetó la última línea de la ley sancionada.
En el veto, plasmado en el Decreto N°3.987, se hizo constar que el jefe de la Policía, Julio Benjamín Paz, indicó que las facultades otorgadas al PE para establecer sanciones ya se encuentran previstas en la cuestionada Ley Orgánica de policía de Tucumán (N° 3.823, vigente desde junio de 1970) y su reglamentación (Decreto N° 5.166/14 (SGyJ)-1972). A su vez, Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad acotó que con el fragmento final del artículo tercero se “vulnera el principio de legalidad consagrado en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional”. Además, acotó que la propia norma no precisa cuáles son los motivos de sanción y que ello ya está previsto por la Ley N° 3.823.
Un caso que causó conmoción
La familia de Sosa, de 30 años, denunció en octubre que la mujer que se quitó la vida después de que intentara denunciar a su pareja por violencia de género. “No entiendo por qué no hicieron nada. Ella fue a pedir ayuda a la comisaría de Trancas, pero no la escucharon. La corrieron. Desesperada y angustiada volvió a su casa y se ahorcó. No hay derecho a que hicieran eso”, había contado el cuñado de la víctima, Ernesto Campos.
El hombre indicó que la joven se dirigió a la comisaría en busca de protección y que allí le dijeron que como no estaba el oficial de guardia, no podían hacer nada. Fuentes policiales señalaron que el hombre también pretendía denunciar a la joven por hostigamiento.
Respuesta oficial
Respecto a lo denunciado por la familia de la joven, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, manifestó que “puede suceder que no se tome una denuncia, pero las líneas están bajadas: a veces se pide que esperen un momento porque el oficial no se encuentra, no lo voy a negar que puede suceder esto, todo depende del momento y la hora en la que se llegue a una comisaría que pueden tener mucha concurrencia”.
“Cada vez que se realiza una denuncia impacta directamente en el Ministerio Público Fiscal. La denuncia digital es efectiva y permite que se tomen las medidas de manera más rápida en casos de violencia de género”, afirmó el ministro. Y agregó: “eso sucedió en los más de 10.000 casos de denuncias de violencia de género y la fiscalía analizó lo correspondiente y ordenó medidas. Es así que hay muchas consignas policiales en todo el territorio”.
Además de hacer denuncias en las comisarías, las víctimas de violencia de género pueden hacer sus denuncias a través de las líneas habilitadas 144 y 137, así como en las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD). Por urgencias se puede llamar al 911.